ESPAÑA TIENE LAS FINANZAS MÁS VULNERABLES

El BCE avisa: España no tiene margen ni para subir gasto ni bajar impuestos

No hay margen ni para reducir los impuestos ni para incrementar el gasto. Este es el mensaje que deja el BCE en su boletín económico. Justo lo contrario de lo que se propone

Foto: El presidente del BCE, Mario Draghi, junto al vicepresidente, Luis de Guindos. (Reuters)
El presidente del BCE, Mario Draghi, junto al vicepresidente, Luis de Guindos. (Reuters)

¿Hay margen para elevar el gasto o bajar impuestos? La respuesta a esta pregunta, clave en política económica y en la sostenibilidad de las finanzas públicas, la acaba de dar el Banco Central Europeo (BCE), que en su último boletín económico pone negro sobre blanco que España es el país del euro (no se tiene en cuenta a Grecia, por sus especiales circunstancias) que dispone de menos holgura para caminar en ambas direcciones. Básicamente, por una razón. Por la combinación de un nivel de deuda pública situado claramente por encima del 90% y por la existencia de un elevado déficit público de carácter estructural (sin tener en cuenta los ingresos extraordinarios derivados del ciclo económico).

El BCE utiliza para su análisis el paquete de recomendaciones país por país que hace Bruselas en el marco del semestre europeo, que concluye que tan solo siete Estados (Alemania, Luxemburgo, Holanda, Chipre, Malta, Austria y Letonia) han alcanzado “posiciones fiscales saneadas”, mientras que en el furgón de cola se encuentran, por este orden, España, Italia, Francia y Bélgica, cuyas cuentas públicas se sitúan muy lejos de cumplir lo que la Comisión Europea denomina objetivos presupuestarios de medio plazo. Es decir, que estos últimos países son los más vulnerables a “posibles contracciones del PIB” o a una mayor volatilidad de los mercados financieros.

La causa de esta mayor vulnerabilidad tiene que ver, fundamentalmente, con la existencia de elevados niveles de endeudamiento público, pero también con los permanentes desequilibrios fiscales que se han enquistado en sus economías y que los gobiernos no son capaces de reducir. Fundamentalmente, como en el caso de España, a partir de 2014, que es cuando se ralentizó, coincidiendo con la recuperación económica, la lucha contra la existencia de elevados déficits presupuestarios estructurales, los que van más allá que lo meramente coyuntural.

Como recuerda el banco central, los ajustes, incluso más intensos de lo que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), se concentraron en los años 2012 y 2013, pero a partir de 2014 esa estrategia de recorte del déficit se dio la vuelta. Especialmente en España, que si en ese bienio fue el país que más redujo el déficit estructural, fue, sin embargo, el más permisivo entre 2014 y 2019. Como se sabe, el PEC obliga a reducir el déficit estructural en un 0,5% del PIB cada año, mientras que Portugal ha sido el país que más se ha aproximado a ese objetivo.

Un fuerte deterioro

En cambio, sostienen los economistas del BCE, “las posiciones presupuestarias estructurales de España y de Italia se han deteriorado en los últimos años, por lo que la distancia con respecto a sus objetivos de medio plazo se ha ampliado”. Además, insiste el regulador, la “limitada mejora observada” en los años recientes “tiende a sobreestimar los esfuerzos que realmente han realizado los gobiernos”.

El todavía presidente del BCE, Mario Draghi. (Reuters)
El todavía presidente del BCE, Mario Draghi. (Reuters)

Como se sabe, y en vísperas de una previsible campaña electoral si no hay acuerdo sobre la investidura, los partidos políticos han enseñado sus cartas, tanto a nivel autonómico como para el conjunto del Estado, y en todos los casos han prometido recortes de impuestos, por ejemplo en Madrid, o fuertes incrementos del gasto público, cuya financiación solo puede hacerse apelando a la deuda.

Este análisis coincide con el que hizo recientemente la Comisión Europea en sus recomendaciones sobre España. Bruselas calculó que tomando como base el saldo estructural, no se alcanzará hasta 2022 el objetivo presupuestario a medio plazo, consistente en una situación de equilibrio fiscal en términos estructurales. Es decir, ajustado en función del ciclo económico y excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.

Incompatibilidad

Bruselas, de hecho, recomendó a España que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (sin el pago de intereses) no superara el 0,6% en 2019, lo que se correspondería con un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB. Por lo tanto, un ajuste relevante del déficit (cada décima equivale a unos 1.200 millones de euros) que parece poco compatible con un sensible aumento del gasto público, como ha propuesto el Gobierno socialista a Unidas Podemos, o con una rebaja de impuestos, como han reclamado tanto el Partido Popular como Ciudadanos.

No hay que olvidar que, según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión Europea, “existe un riesgo de desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019”.

La única forma de cumplir esas promesas sería un fuerte crecimiento económico que hoy está descartado, habida cuenta de la ralentización del PIB que se está produciendo en la economía global, que, obviamente, contamina a España. Ralentización que hoy no se contempla en los programas que comienzan a dibujar los partidos.

El último Consejo de la UE, incluso, exigió a España, en el marco del cumplimiento de las normas comunitarias en razón de su pertenencia al euro, que adoptara las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es más, aconsejaba que en lugar de bajar impuestos “utilice los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse” para reducir la deuda pública.

Lo que está sucediendo es justamente lo contrario. Al cierre del primer semestre, el déficit del Estado (sin contar otras administraciones) se situó en 10.514 millones de euros, lo que supone un incremento del 27% respecto del mismo periodo del año anterior. Este aumento del saldo negativo fue consecuencia de un crecimiento del gasto del Estado, que aumentó un 3,8%, mientras que los ingresos se mantuvieron contenidos en el 1,8%, todos los datos, medidos en términos de contabilidad nacional. Este déficit equivale al 0,84% del PIB, frente al 0,68% de un año antes.

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