El primer punto del acuerdo con Vox en Madrid —bajar impuestos- es inalcanzable

La primera exigencia de Vox a PP y Ciudadanos para hacer presidenta a la popular Isabel Díaz Ayuso no podía ser otra que la revolución fiscal. "Se eliminarán al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid", exige la formación, pero lo hace con responsabilidad hacia las finanzas públicas: "Con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, al no incremento de la deuda y a la eficiencia del gasto público". La realidad es que el margen que tiene actualmente la Comunidad de Madrid para reducir los impuestos es muy limitado, y no porque Vox exija el respeto a los objetivos de estabilidad, sino porque la ley exige que se cumplan.

En este año electoral, los gastos de la Comunidad de Madrid crecerán nada menos que un 5%, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un incremento que provocará el incumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto. Esto significa que en 2020 las cuentas de la región estarán sometidas a la estricta supervisión del Ministerio de Hacienda y no será hasta mediados de 2021 cuando pueda recuperar el control total del presupuesto.

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Esto significa que la capacidad de la región para gestionar una gran bajada de impuestos no se producirá hasta los presupuestos de 2022, ya con la legislatura en su recta final. El problema deriva exclusivamente del presupuesto de 2019, ya que la situación financiera de Madrid es muy sólida gracias al fuerte crecimiento de la región durante los últimos años. Pero el incremento del gasto público del 5% dejará un agujero que la región tardará un tiempo en digerir.

La AIReF considera que hay un "riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto" y que es "improbable que cumpla el objetivo de déficit"

La AIReF considera que hay un "riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto" y que es "improbable que cumpla el objetivo de estabilidad de 2019". La comunidad está elevando su gasto público un 5% este año, lo que significa que prácticamente está doblando la tasa de referencia que marca la regla de gasto, que es del 2,7%. En cuanto al objetivo de déficit, la región tiene que cerrar este año con un saldo negativo del 0,1% del PIB, sin embargo, dado el ritmo de la ejecución, la previsión es que acabe el año en el 0,2%.

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El incremento del gasto del 5% responde, principalmente, al aumento de las nóminas de los trabajadores públicos, que seguirán creciendo en los próximos años en virtud de los acuerdos firmados con los sindicatos. Según la AIReF, el incremento de los gastos de personal (capítulo 1) será del 6%. La Comunidad de Madrid lleva años elevando su gasto a tasas superiores a las del resto de regiones gracias al fuerte crecimiento de los ingresos. Entre 2013 y 2018, la región ha elevado el gasto a un ritmo del 2,3% anual, seis décimas por encima del conjunto de autonomías.

Esto significa que la Comunidad de Madrid tendrá que aprobar un acuerdo de no disponibilidad el próximo año equivalente a toda la desviación sufrida en 2019. Esto dejará las cuentas de 2020 con escaso margen de maniobra para realizar una gran bajada de impuestos. La última vez que se produjo esta situación fue en 2018, después de que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes incumpliera la regla de gasto en 2017 por 471 millones de euros. Hacienda exigió entonces un acuerdo de no disponibilidad por valor de 106 millones de euros. Además, si se bajaran los impuestos, la Ley de Estabilidad obligaría a realizar un ajuste en el gasto por la misma cuantía, lo que complicaría todavía más el presupuesto.

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Además, Vox no está pidiendo recortes en el gasto público, sino ganancias de eficiencia para destinar "los recursos procedentes de la reducción de gasto político y de la reducción del sector público institucional a aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad". En otras palabras, el ahorro por la reducción de ineficiencias no se destinará a recortar el presupuesto, sino a mejorar los servicios sociales de la comunidad.

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No solo eso: cualquier auditoría del gasto público ('spending review') requerirá un tiempo de trabajo. La AIReF lleva desde 2017 realizando un estudio del gasto público del Estado y sus resultados son aún muy limitados y todavía no se ha aplicado nada. Cualquier implementación de un 'spending review' en Madrid requerirá, al menos, dos años, lo que significa que se podrían empezar a aprobar ahorros en las cuentas de 2022.

Todos estos factores unidos hacen que, a día de hoy, sea imposible esperar una gran bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid en los próximos años. La única opción sería saltarse la Ley de Estabilidad y contar con la vista gorda del Ministerio de Hacienda, lo que no parece factible. El Ayuntamiento de Madrid también desafió al ministerio en los años en que la alcaldesa era Manuela Carmena y el ministro Cristóbal Montoro, y fue este segundo quien ganó la partida.