Casi 6.000 millones de euros en juego

¿Qué son las políticas activas de empleo que reclama Pablo Iglesias a Pedro Sánchez?

Aunque se trata de una competencia estatal, la capacidad de controlar los fondos es limitada, pues una parte de las decisiones se toma a nivel autonómico y local

Foto: Un grupo de personas desempleadas hace cola en el INEM - Archivo. (EFE)
Un grupo de personas desempleadas hace cola en el INEM - Archivo. (EFE)

Pablo Iglesias ha tendido la mano a Pedro Sánchez para evitar la repetición de elecciones con una oferta que ha generado runrún entre los diputados del Congreso encargados de votar este jueves, por segunda vez, la posibilidad de investir al candidato socialista como presidente del Gobierno. "Renunciamos al Ministerio de Trabajo si nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo", ha ofrecido el líder de Unidas Podemos desde la tribuna.

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¿A qué se refiere Iglesias? Las políticas activas de empleo (PAE) son las medidas de fomento del empleo y contemplan un amplio abanico de herramientas que pasan por la formación, la bonificación de la contrataciónl o la orientación. España se gasta anualmente entre 6.100 y 6.500 millones de euros, de los cuales, la mayor parte (unos 6.000 millones) se canalizan a través de los Presupuestos Generales del Estado bajo la partida de "fomento del empleo".

Aunque se trata de una competencia estatal que está bien nutrida de fondos (en buena medida procedentes de la Unión Europea), la capacidad discrecional del Estado es limitada. Una buena parte de las políticas se deciden en la Conferencia Sectorial, que está conformada por el propio Ministerio de Trabajo y todas las comunidades autónomas. Eso significa que, aunque el Gobierno gestiona esta partida, la mayor parte tiene que acordarse con las regiones, en las que Unidas Podemos no tiene ningún presidente. Por ejemplo, el Plan Anual de Empleo de 2019 contempla una partida de 5.800 millones de euros, de los cuales 2.200 los ejecutan directamente las comunidades autónomas.

El Plan Anual de Empleo de 2019 contempla una partida de 5.800 millones de los que 2.200 los ejecutan las comunidades autónomas

La mayor parte de ese presupuesto se destina a financiar incentivos a la contratación (competencia que sí tiene el Estado), esto es, ayudas y reducciones en la cotización a la Seguridad Social para que las empresas contraten a desempleados. Esta partida aglutina en torno al 40% de la inversión a este respecto, tal y como refleja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Los planes de formación a desempleados se llevan alrededordel 25% del presupuesto y la orientación (consejos sobre la trayectoria profesional de los parados) se lleva el 15%.

Las políticas activas de empleo se diferencian de las pasivas en que mientras las primeras están orientadas a la creación de empleo, las segundas se ocupan de dar una protección social a los desempleados, entre las que se incluyen las rentas mínimas. Estas competencias sí están transferidas a las comunidades autónomas, de hecho, el propio Tribunal Constitucional ha obligado al Estado a respetar esta cesión.

La mayor parte del presupuesto de las PAE se destina a financiar incentivos a la contratación, competencia que sí tiene el Estado

Un ejemplo de política activa es el Plan Prepara, dirigido a desempleados de larga duración a quienes se otorga una ayuda y se les forma para su recolocación. Este programa ha costado 1.432 millones de euros entre 2012 y 2017, a los que habría que sumar los fondos destinados a la formación y la orientación que no están registrados.

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