Los interinos estallan: "Nos contrataron en fraude y ahora quieren despedirnos gratis"

A finales de los noventa y principios de los dos mil, los interinos eran una opción suculenta para las administraciones públicas. Se trataba de un personal con pocos derechos laborales, más baratos, dóciles y con la posibilidad de despido libre: el sueño para cualquier empresa privada, pero en el sector público. El ‘chollo’ era tal que los diferentes gobiernos se cargaron de trabajadores interinos que cubrían plazas estructurales con contrato temporal. Dos décadas después se han encontrado con una bolsa de más de medio millón de interinos que tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas y que han estallado en pie de guerra.

Estos trabajadores han conseguido llevar a las administraciones públicas hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ahora tendrá que determinar si efectivamente se ha producido una situación de abuso de la temporalidad y discriminación. Mientras tanto, los diferentes Gobiernos se están ‘quitando de encima’ el problema despidiendo a trabajadores interinos y sustituyéndolos con funcionarios de carrera a través de las últimas convocatorias de oposiciones. El problema para todos los interinos es que llegan, en muchas cosas, con más de 20 años de retraso. Las diferentes administraciones han sacado ya a concurso más de 300.000 plazas y, cuando se asignen, todos los interinos serán despedidos, y los que no hayan reclamado, ya no tendrán tiempo para hacerlo. Pero la mayoría no lo sabe.

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Domingo Sánchez Ruiz, administrador de sistemas del Hospital Ramón y Cajal lleva casi 20 años con un contrato temporal en la sanidad madrileña y es el primero que consiguió llevar a España ante la justicia europea. Su caso se resolverá en los próximos meses y dictará el futuro de más de medio millón de trabajadores (la Administración no sabe exactamente cuántos interinos tienen y por los datos de la EPA, oscilan entre 600.000 y 800.000 trabajadores). “Lo que solicitamos es que se reconozca el abuso de la temporalidad y que se reconozca la fijeza porque hemos demostrado nuestro mérito y capacidad y como sanción a la Administración por contratar en fraude de ley”, explica.

El TJUE tiene que responder a una cuestión prejudicial planteada por la justicia española en la que plantea si ha existido tal abuso de la temporalidad por parte de España y, en su caso, si debe aplicarse la fijeza como sanción a la Administración, esto es, convertir esos contratos en indefinidos fijos (similar al funcionario). La Justicia europea ya dio una primera reprimenda a España por la desigualdad de las condiciones de despido de los trabajadores interinos y el próximo otoño podría llegar la sentencia definitiva.

Lo que solicitamos es que se reconozca el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones y que se reconozca la fijeza

En ese momento, el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, firmó un pacto con los sindicatos para bajar los niveles de temporalidad hasta el 8%. En algunos sectores, los interinos suponían más del 80% e incluso el 90% de los trabajadores, lo que significa una masa crítica. La fórmula que eligieron el Gobierno y los sindicatos fue sacar estas plazas a concurso-oposición, lo que significa que los interinos se irán a la calle cuando un funcionario titular ocupe su puesto. Si la temporalidad tiene que bajar hasta el 8%, significa que ocho de cada 10 serán despedidos en los sectores más afectados. “La Administración no reconoce que sea un despido, dice que nos 'cesa' y también utiliza un eufemismo para nuestra relación laboral y dice que es una 'relación administrativa'”, lamenta Domingo, “pero la realidad es que se trata de un despido libre y gratuito, algo que está totalmente prohibido en la empresa privada”.

La directiva europea no permite que un trabajador sea temporal durante más de tres años para un mismo empleador, sin embargo, la Administración española ha mantenido a estos interinos durante décadas de forma temporal. Los interinos denuncian que la Administración no solo ha abusado de la temporalidad y les ha discriminado respecto a sus compañeros funcionarios de carrera que tienen más derechos, sino que ahora quieren despedirlos a coste cero.

Los interinos eran baratos y flexibles, por lo que diferentes administraciones optaron por cubrir una buena parte de sus puestos de trabajo con este tipo de contratos. Sin embargo, muchos se encuentran con que nunca han podido estabilizar su empleo, porque no han salido oposiciones. “Yo sabía que mi puesto era temporal y me hubiese presentado a las oposiciones si hubiesen salido, pero nunca sacaron el concurso”, explica Domingo.

“Llevo 16 años trabajando en educación especial para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y en todos estos años no han sacado oposiciones en mi categoría, de hecho, la última fue en 1991”, explica María Mercedes Carrillo Navas. Ahora, a sus 56 años, teme que si se queda sin plaza “será el final de mi carrera profesional”. “Ahora me quieren poner en el punto de partida”, esto es, se tendría que presentar a la oposición ordinaria, con la diferencia de que las capacidades para memorizar no son las mismas a esa edad.

Me parece hasta inmoral que tenga que hacer un examen para demostrar mi capacidad, ¿no lo he demostrado durante 16 años de trabajo?

“Me parece hasta inmoral que tengamos que hacer un examen para demostrar nuestra capacidad, ¿no lo he demostrado ya durante los 16 años que llevo haciendo este trabajo? ¿No estaré mejor preparada para hacerlo que una persona sin experiencia?”, lamenta María Mercedes. “Todos los interinos hemos cumplido los requisitos que nos puso la Administración en su momento, yo entré por un concurso de méritos, pero no es nuestra culpa que haya abusado de la temporalidad cometiendo un fraude en la contratación”.

Los distintos gobiernos (estatal, autonómico y municipal) privaron durante décadas a estos trabajadores de una oferta de empleo que les permitiese convertirse en funcionarios. Y ahora, 20 años más tarde, ya no tienen las mismas capacidades para enfrentarse a un examen. “Si entras en la Administración como interino y a los dos años te sacan una oposición, es la panacea, pero la realidad es que no lo hicieron, por eso se han cargado de trabajadores interinos”, lamenta María Luisa Díaz.

Tiene 53 años, tres hijos (una de ellos, con discapacidad) y ha trabajado durante más de 20 años en la Administración de Justicia, los últimos nueve de forma ininterrumpida en la Audiencia Nacional. “Ahora sacan nuestras plazas a concurso y le llaman ‘acuerdo de estabilidad’, pero la realidad es que se estabilizan las plazas, no los trabajadores, que nos vamos a la calle”. La sentencia de la Justicia europea es su última esperanza, ya que asumen que no podrán superar las oposiciones.

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“Yo tengo claro que si a mí me cesan, ya no volveré a trabajar en la vida, por eso estoy peleando”, lamenta María Luisa. “La exministra de Función Pública [ahora presidenta del Congreso], Meritxell Batet, llegó a decir que quería rejuvenecer a la plantilla, pero no dijo que realmente está haciendo un ERE encubierto”, critica María Mercedes.

Trabajadores de segunda

Los interinos siempre han sido los trabajadores de segunda de la Administración. Durante décadas no cobraron los trienios. No fue hasta la sentencia definitiva del TJUE, en 2010, cuando se consolidó el derecho de forma retroactiva. Ahora sí los cobran, por lo que la Administración se ahorrará una importante cuantía si los sustituye por jóvenes sin experiencia.

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Pero la mayor desventaja ha sido siempre su condición de temporales. “Te pueden cesar de un día para otro, sin aviso previo y sin indemnización, a mí llegaron a despedirme estando embarazada, algo que en una empresa sería declarado despido nulo”, lamenta María Luisa, “en diciembre de 2008 me cesaron y en marzo de 2009 nació mi hijo”.

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Esta situación de precariedad ha generado años de estrés a muchos interinos. “Durante los años en los que se privatizó [externalizó] la sanidad madrileña, despidieron a muchos interinos para que su trabajo lo hiciese la empresa”, denuncia Domingo, “¿para qué iban a estabilizar el empleo si lo que querían era privatizar al sector público?”. Domingo intentó solicitar una hipoteca para comprar una vivienda, pero el banco se la denegó por la inseguridad de su contrato, “el banco se ríe directamente de ti”, asegura, “y mis compañeros están igual, ¡ni siquiera puedes comprar una casa!”.

Durante muchos años, los trabajadores interinos no protestaron por su situación. “Lo último que te imaginas es que la Administración vaya a estar incumpliendo la normativa europea”, explica María Luisa, “pero lo que vemos es que los gobiernos se aprovechan de las leyes que hacen para sus propios trabajadores”.

Además, su situación de precariedad les generaba miedo a perder el empleo, o a no conseguir otro, por lo que optaban por no protestar. En la mayoría de los casos, estos interinos encadenan contratos temporales al formar parte de las bolsas de trabajo de las plazas vacantes. Estas bolsas son opacas, por lo que la Administración puede elegir directamente a qué trabajadores prefiere, de ahí que nadie haya querido protestar.

En principio, no te pueden sacar de las bolsas de trabajo, pero eso es solo en principio; la realidad es que se trata de una bolsa fantasma

“En principio, no te pueden sacar de la lista, pero eso es solo en principio; la realidad es que se trata de una bolsa fantasma, nunca sabes en qué puesto estás, o si te van a volver a llamar”, asegura María Mercedes. “Esas bolsas de trabajo no son transparentes, ellos pueden elegir a quiénes quieren, por eso la gente tiene miedo y no quiere protestar”, señala María Luisa.

La firma del acuerdo para la estabilización del empleo fue el detonante de las protestas. A partir de ese momento, el puesto de trabajo de todos ellos quedó en el aire, pendiente de la convocatoria de la oposición. Y no solo eso, como quedarán menos puestos vacantes, la bolsa de trabajo se moverá mucho menos. Las posibilidades de seguir como interinos se reducen al mínimo, de ahí que ahora ya no tienen miedo a protestar, porque el verdadero riesgo es perder su puesto de trabajo.

Trabajadores enfrentados

Los interinos lamentan que los sindicatos no hayan defendido sus intereses, sino que directamente hayan aceptado que estas plazas salgan a concurso y ellos terminen despedidos. “Podían haber negociado un concurso de méritos para que nos quedáramos en función de nuestro currículum, pero no lo hicieron”, explica Domingo, “quizá su decisión tenga que ver con que ellos dan cursos a los opositores y les interesa que salgan oposiciones”. “Los sindicatos podrían haber hecho mucho más por defendernos, igual que defienden a los trabajadores temporales de las empresas”, señala María Mercedes.

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Si se quedan los interinos, se bloquea la entrada de trabajadores jóvenes en el sector público y si se permite, entonces muchos trabajadores de entre 45 y 60 años terminarán en el paro. Domingo considera que en los próximos años va a ser necesaria una gran reposición de funcionarios que se jubilen, por lo que no es el momento de prescindir de nadie, sino que la Administración necesita acumular talento y mano de obra.

Lo que no puede hacer la Administración es echarnos ahora a la calle porque no convocara las plazas en los noventa o en los dos mil

En la próxima década se jubilarán en torno al 40% de los trabajadores públicos, por lo que puede haber hueco para todos. “La gente que saca la oposición tiene todo el derecho a ocupar una plaza si sacan el concurso oposición, pero que sean las plazas que queden libres o las que se creen nuevas, no las nuestras”, explica. “Lo que no puede hacer la Administración es echarnos ahora a la calle porque no convocara las plazas en los noventa o en los dos mil”, protesta María Mercedes, “y tampoco debería tirar toda nuestra experiencia a la basura”. La reposición necesaria generaría huecos suficientes en el sector público para que tengan cabida los trabajadores jóvenes sin despedir a los interinos, aunque los concursos estarían mucho más mermados.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea se han mostrado partidarios a la opción de los interinos y piden que se consolide la fijeza de sus empleos. De hecho, la Comisión ha abierto un expediente sancionador contra España a raíz de las quejas de trabajadores que ha recibido. Sin embargo, la palabra definitiva la tiene el TJUE, quien establecerá jurisprudencia sobre la situación de los interinos. El informe de la abogada general se espera para el próximo 5 de septiembre y el fallo llegará en otoño. Mientras tanto, más de medio millón de interinos vivirá con la espada de Damocles sobre sus cabezas a la espera de la sentencia definitiva.