TRAS LA DECISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE

España reclama a la UE que ilegalice más ayudas fiscales a las sociedades de Gibraltar

El Gobierno ha recurrido ante la Justicia europea la decisión de Bruselas de obligar a Gibraltar a recuperar 100 millones en ayudas ilegales y defiende que la cifra es superior

Foto: Gibraltar. (Reuters)
Gibraltar. (Reuters)

España pelea en los tribunales europeos para que la Comisión Europea investigue en mayor profundidad una serie de ayudas fiscales por las que obligó a Gibraltar a recuperar 100 millones de euros al considerarlas como una ayuda ilegal de Estado el pasado 19 de noviembre.

“La Comisión ha llegado a conclusiones erróneas”, explica una fuente gubernamental, señalando que “si hubiera hecho correctamente el análisis de selectividad territorial habría identificado más ayuda ilegal”. El Ejecutivo comunitario consideró en diciembre que de los 165 acuerdos fiscales investigados sobre Gibraltar, solo cinco eran ilegales. Ahora España quiere que Bruselas acerque más la lupa a los 160 restantes y aumente su multa a la Roca.

A finales de año, el Departamento de Competencia del Ejecutivo comunitario, liderado por Margrethe Vestager, había acelerado los dosieres relativos al Reino Unido ante la expectativa de que abandonara la Unión Europea. Pero la investigación sobre el esquema del impuesto de sociedades que se aplica en el Peñón viene de antes.

El sistema fiscal de Gibraltar siempre ha estado bajo la lupa de Bruselas, y de hecho ha tenido que modificarlo ya en varias ocasiones, pero en 2013 la Comisión Europea comenzó una investigación sobre el régimen del impuesto de sociedades que se venía aplicando desde 2011. El Departamento de Competencia sospechaba que las exenciones a los ingresos por intereses (principalmente en préstamos que se daban entre compañías de un mismo grupo) y por cánones estaban favoreciendo “selectivamente a determinadas categorías de empresas, incumpliendo las normas de la UE sobre ayudas estatales”.

Un año después, la Comisión Europea también empezó a investigar un total de 165 acuerdos fiscales que se habían alcanzado durante los mismos años, con la sospecha de que fueran selectivos. Las pesquisas iniciales hacían pensar que estos acuerdos fiscales “no se basaban en información suficiente para garantizar que las empresas afectadas por los acuerdos fuesen gravadas en las mismas condiciones que otras empresas que generaban o derivaban ingresos de Gibraltar”. La política de competencia europea es así: puedes ofrecer ventajas fiscales desproporcionadas, pero debes hacerlo con todas las compañías, no solo con algunas.

De los 165 acuerdos fiscales, cinco eran ilegales, todos ellos con multinacionales holandesas. Estos acuerdos fiscales libraban a las compañías del pago de impuestos por los ingresos por intereses y cánones generados, y siguieron disfrutando de estas exenciones incluso cuando Gibraltar modificó su legislación para incluir este tipo de ingresos en el régimen fiscal en 2013 y 2014.

La demanda de España

El pasado 10 de abril, España presentó un recurso pidiendo la anulación de la decisión de la Comisión Europea del 19 de diciembre de 2018 y pidiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condene a costas al Ejecutivo comunitario. Es la única vía posible que le quedaba al Gobierno español para exigir al Ejecutivo comunitario investigar en mayor profundidad los acuerdos fiscales, al considerar que la cifra a recuperar sería superior a los 100 millones de euros.

El Gobierno se refiere a los 160 acuerdos fiscales que el equipo de la Comisión Europea consideró legales. España considera que cuando el Ejecutivo comunitario se limitó a medir la selectividad material, dejó de tener en cuenta la selectividad territorial de las ayudas dadas por el Gobierno de la Roca.

Bruselas “no ha expuesto las razones por las que no acepta los argumentos que, en relación con la selectividad territorial, España había justificado”

El Ejecutivo español avisó durante el proceso de investigación de la Comisión Europea sobre este punto. El documento de registro de la demanda española señala que Bruselas “no ha expuesto las razones por las que no acepta los argumentos que, en relación con la selectividad territorial, el Reino de España había justificado durante todo el procedimiento”.

“La demandante alega que la Comisión no ha expuesto las razones por las que no acepta los argumentos” españoles. Por lo pronto, el Ejecutivo comunitario rechaza hacer más comentarios, y un portavoz ha asegurado que Bruselas peleará su decisión en los tribunales europeos.

Si España acaba ganando el juicio, la decisión quedará anulada y en ese momento Gibraltar estará libre de recuperar los 100 millones de euros en ayudas fiscales ilegales. La Comisión Europea debería iniciar una nueva investigación teniendo en cuenta los criterios que no había asumido durante las pesquisas anteriores.

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