El caos de las subvenciones: 14.300 millones sin estrategia y "a fondo perdido"

Las subvenciones públicas son un agujero negro para las cuentas públicas. No solo por la cantidad de dinero público que se dedica cada año (más de 14.000 millones de euros), también por la falta de control y transparencia, que oculta la trazabilidad de los fondos e impide analizar la eficiencia del gasto. Es la conclusión del primer estudio del 'Spending Review' (revisión del gasto) que está realizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que se centra en la planificación de las políticas públicas y las subvenciones.

La autoridad fiscal se ha encontrado, al realizar su análisis, con una "ausencia de planificación estratégica en las políticas públicas", explican fuentes de la AIReF. En otras palabras, las políticas públicas se realizan sin una estrategia común y sin una coordinación que permita lograr una eficiencia en el gasto. Esto afecta directamente a la calidad de las subvenciones, ya que se otorgan sin perseguir un objetivo estratégico. Y, por último, tampoco existe una evaluación del gasto en subvenciones, de modo que nunca se llega a conocer si el dinero público ha servido para lograr algún tipo de resultado.

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Al final, las administraciones públicas lanzan sus subvenciones sin una planificación estratégica, sin coordinación entre ellas y sin control de los resultados. El resultado es que las subvenciones se convierten en un gasto público discrecional de las administraciones, que en muchas ocasiones va dirigido a las empresas y particulares que ellos quieren. Las subvenciones se otorgan "a fondo perdido", de modo que "no requieren más argumentación que la documentación inicial para percibir la subvención", señalan las mismas fuentes. Y el peor caso es el de las subvenciones directas, que se otorgan sin competencia y se dan directamente a dedo a un beneficiario, sin "acreditar ni justificar por qué recurrir a este tipo de subvención ni qué requisitos asume el beneficiario", señala la autoridad fiscal.

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Esto significa que el beneficiario de la subvención simplemente realiza una documentación inicial para recibir el dinero, pero una vez que lo logra, no hay ninguna evaluación sobre el gasto de esa partida. La AIReF solicita que las subvenciones se vinculen a indicadores que midan su resultado en tiempo real para que puedan revertirse si no están siendo eficientes.

Actualmente, no solo no se controlan los resultados de las subvenciones sino que no existe un mecanismo para que las administraciones puedan recuperar el dinero mal empleado, y tampoco existen sanciones para quienes incumplan el pliego de la subvención. "Ahora mismo, lo que ocurre es que caducan los procedimientos de devolución y no se devuelve el dinero", denuncia la AIReF. De ahí que la autoridad fiscal haya solicitado la revisión de la Ley General de Subvenciones que incluya, entre otros puntos, la introducción de sanciones para subvenciones mal empleadas. "Hace falta la implantación de una cultura sancionadora que sí existe en el ámbito de la Agencia Tributaria", explica la autoridad fiscal.

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El caos de las subvenciones es tal que ahora mismo "no se puede hacer un mapa del dinero" de las subvenciones públicas. El resultado es que es imposible analizar si existen duplicidades entre las distintas administraciones, o ayudas que tengan resultados contrarios. Las diferentes administraciones deberían utilizar las conferencias sectoriales como un marco de coordinación entre los diferentes niveles. Sin embargo, la realidad es que estas conferencias se utilizan básicamente para "repartirse los fondos sin criterios objetivos" y sin realizar una verdadera coordinación entre ellas. Por ejemplo, los fondos del Plan Estratégico de Vivienda se reparten actualmente con los criterios establecidos en 1992, los cuales no son públicos, y no se han revisado desde entonces.

Para evitar este descontrol en el gasto público, la AIReF reclama la creación de un organismo independiente encargado de la evaluación del impacto de las políticas públicas. Actualmente, existe solo un control de la legalidad de las subvenciones, que corre a cargo del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, asegurar que no se destinan a fines ilícitos. Sin embargo, no hay una supervisión de la eficacia de esos fondos. Por ejemplo, que realmente hayan conseguido los objetivos por los que se concedió dicha subvención. "Es el momento de que exijamos a las administraciones públicas no solo que cumplan la ley sino que sea eficiente", exige la autoridad fiscal.