España se arriesga a pagar 11.000 millones hasta 2022 por rescates y sentencias

El Gobierno remitió la semana pasada a Bruselas su Programa de Estabilidad como es preceptivo. En dicho informe, una de las informaciones más importantes que ocultó es la de los riesgos fiscales que tiene por delante el país a la hora de responder por su responsabilidad sobre los activos o sobre las decisiones judiciales. Y la cuantía a la que se arriesgan las maltrechas cuentas públicas españolas no es menor: 11.000 millones de euros entre 2019 y 2022. Como no hay ingresos suficientes para pagar estos costes, se irán directamente a incrementar la deuda pública.

Una cuantía no menor que podría dificultar la consolidación presupuestaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha dado un tirón de orejas al Gobierno por la opacidad en su Programa de Estabilidad y le pide que detalle exactamente cuáles son los riesgos presupuestarios a los que se enfrenta el país. Al menos, para que la política fiscal no vaya de espaldas a ellos.

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“El apartado de pasivos contingentes solo incluye información correspondiente a los avales, pero no ofrece información de posibles responsabilidades que deban afrontar las Administraciones Públicas derivadas de sentencias judiciales, información relativa a asociaciones público-privadas, préstamos impagados u otro tipo de riesgos”, explica la Autoridad en su informe. “En ese sentido, AIReF ha reclamado en diversos informes más información en aras de una mayor transparencia”.

Aunque la Autoridad Fiscal lo ha intentado, el Gobierno sigue optando por la vía de ocultar esta información. La AIReF tiene localizados varios casos pendientes que podrían obligar a las Administraciones Públicas a afrontar un gasto de 11.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Una cuantía para nada desdeñable, ya que es próxima al 1% del PIB.

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Este coste es el resultado de varios factores que afectan a las Administraciones Públicas. El primero, las ayudas a la banca, que siguen cayendo con cuentagotas. Entre 2017 y 2018 el Estado ya tuvo que abonar 4.760 millones en diversos conceptos de ayudas a la banca y desde 2019 hasta 2022 es susceptible de abonar otros 7.100 millones de euros. La mayor parte es el resultado de los Esquemas de Protección de Activos (EPA), esto es, garantías estatales que se concedieron a los bancos que compraban a otras entidades rescatadas.

El Estado también tiene que hacer frente a una factura millonaria derivada de su responsabilidad en las autopistas de peaje. Hay un laudo, relativo a la ampliación de la AP-7, que todavía está pendiente de sentencia firme por valor de 1.800 millones de euros. El Ministerio de Hacienda lo contabilizó dentro del déficit de 2018, pero Eurostat obligó a sacar esta cuantía hasta que sea definitiva, por lo que todavía está pendiente. Además, la AIReF estima en otros 1.600 millones de euros el gasto pendiente entre 2020 y 2022 derivado de otras autopistas de peaje, “existiendo aún un riesgo futuro de litigiosidad en estos procesos”, señala.

Además, el Estado ha sufrido diversos varapalos en los últimos años como consecuencia de sentencias judiciales en su contra que han obligado a devolver importantes cuantías al sector privado. Es el ejemplo de los 702 millones que ha devuelto este año a Telefónica como resultado del litigio histórico entre las dos partes por el uso de bases imponibles negativas. Esta partida corre riesgo de ampliarse si la teleco opta por reclamar intereses de demora.

Otro caso sonado ha sido el del IRPF de las prestaciones por maternidad que el Estado cobró de forma indebida y que está devolviendo. En 2018 ya gastó 622 millones en este concepto y en 2019 la AIReF estima que tendrá que emplear otros 725 millones.

Además de los riesgos que tiene localizados la AIReF, cada año surgen numerosos gastos no recurrentes que lastran las cuentas públicas. Por ejemplo, los pleitos del recorte de las renovables, en los que España acumula unos 10.000 millones en reclamaciones de inversores.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió este miércoles otra ‘vía de agua’ para las cuentas públicas. Determinó que el cálculo de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial podría ser discriminatorios contra la mujer al afectar principalmente a estas. En concreto, el tribunal europeo considera que el coeficiente de reducción que se aplica solo para los trabajadores que tienen un contrato que es igual o inferior a dos tercios de la jornada completa, puede ser discriminatorio contra la mujer.

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Ahora es la Justicia española quien tiene que cerrar este caso y, si falla que efectivamente es discriminatorio, podría obligar a la Seguridad Social a devolver el dinero correspondiente a las pensiones mal calculadas. Además, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que revisará por su cuenta si este coeficiente es discriminatorio para adoptar las medidas consecuentes que ayuden a repararlo.

Todos estos riesgos pesan sobre el futuro de las cuentas públicas de España. La AIReF destaca claramente que todos estos gastos “no derivan de elementos sobrevenidos”, sino que son “consecuencia de las decisiones políticas, normativas y presupuestarias que afectan a diferentes administraciones”. En otras palabras, son el resultado de la acción de la política. “Estas decisiones se producen habitualmente sin tener en cuenta su repercusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas”, sentencia la Autoridad Fiscal.