CAMPAÑA ELECTORAL

¿Es verdad que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes?

Uno de los mantras de estas elecciones es que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes. Algunos ejemplos demuestran, justamente, lo contrario

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Entre las muchas perlas que está ofreciendo la campaña electoral, hay una que destaca con luz propia. Los líderes del Partido Popular (PP) y Ciudadanos —se supone que asesorados por sus respectivos expertos económicos— no se han cansado de repetir que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los contribuyentes.

El argumento es un tanto pedestre, aunque electoralmente pueda ser muy poderoso. De hecho, solo habría que imaginarse un mundo en el que cada contribuyente se tuviera que pagar de su bolsillo el médico, la educación, la seguridad ciudadana o incluso la justicia. Es decir, que el Estado, que es la fusión de los pueblos que lo componen, según la célebre definición de Ernest Renan, no tuviera recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Simplemente, porque alguien hubiera decidido que "el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los contribuyentes".

Como ni Casado ni Rivera se atreverían a tanto aunque gobernasen en coalición, merece la pena recordar que el concepto de nación (la suma de todos los ciudadanos que tienen la voluntad de vivir juntos) es relativamente nuevo. Ni Egipto ni la antigua China, ni siquiera Roma, lo eran. Precisamente, porque carecían de algunas de las características básicas que definen a un Estado-nación, que no deja de ser la agregación de los pueblos y de los ciudadanos en torno a lo que Renan llamaba 'conciencia moral'. Y que tiene en el sistema tributario uno de sus rasgos esenciales, como el ejército o la justicia.

Nadie se imaginaría, de hecho, un Estado en el que la Administración careciera de recursos. Entre otras cosas, porque la construcción del Estado-nación —que nació sobre la tumba del absolutismo— ha sido una de las causas del enorme progreso que ha vivido el mundo en los dos últimos siglos. Fundamentalmente, desde que algunas naciones pusieran en marcha distintos modelos de educación obligatoria que había que financiar, necesariamente, con impuestos. Y que posteriormente se complementaron con un incipiente sistema de protección social que procuraba recursos a los más necesitados: huérfanos, viudas o trabajadores en los últimos años de su vida que acababan en la más absoluta miseria. Además de la política exterior o la justicia.

Estados de bienestar

Precisamente, porque 'hacer patria' —el Estado-nación en el sentido jurídico-político— exigía una solidaridad no solo emocional sino material, lo que explica la eclosión del Estado de bienestar a partir de 1945 y el consiguiente ensanchamiento de las clases medias a partir de políticas redistributivas que han procurado la igualdad de oportunidades. Y que se han financiado, obviamente, con impuestos que gravan la capacidad económica del contribuyente (los directos), como obliga la propia Constitución española.

Ni Casado ni Rivera, en todo caso, han sido originales en este planteamiento. La revolución conservadora de Reagan y Thatcher de los primeros años ochenta prometía exactamente lo mismo: que el dinero estuviera en el bolsillo de los ciudadanos y no del Estado.

¿Qué ha pasado desde entonces? Pues ni más ni menos que el peso del gasto público, según la OCDE, apenas ha variado. En EEUU, equivale a un 37,9% del PIB, mientras que en el Reino Unido representa un 40,8% que hay que cubrir, lógicamente, con impuestos (incluyendo cotizaciones sociales) o con deuda (que en el fondo son la misma cosa), y que salen del bolsillo de los contribuyentes. Es decir, unos niveles no muy lejanos de los de España (41,3%). Por lo tanto, no parece que a Casado y a Rivera les hagan mucho caso en dos de los países más avanzados del mundo y con el sistema económico más liberal, en el sentido continental del término.

Con todo, lo más relevante es el mensaje que se transmite —los impuestos son malos— en un país que tiene todavía un grave problema de fraude fiscal, como lo reflejan los numerosos estudios que sitúan la economía sumergida en torno al 20% del PIB. Y en el que nada menos que un 86% de ciudadanos, según el último trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, piensa que el fraude se ha incrementado en la última década, con una tendencia claramente ascendente desde 2008, el año del comienzo de la crisis.

Se dirá que el problema no son los impuestos sino la gestión del sistema tributario por parte del Gobierno de turno. Pero no hay que olvidar que en la encuesta anual que hace la propia Hacienda sobre el comportamiento fiscal de los españoles, la mayoría de la población considera que la “impunidad de los defraudadores” es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país.

Presión fiscal y fraude

También, por supuesto, “la falta de honradez y conciencia cívica y la ineficacia en la lucha contra el fraude”. Y solo “una escasa proporción de los ciudadanos” lo achaca al desequilibrio entre los impuestos pagados y la oferta pública de servicios y prestaciones. Es decir, no parece que haya una relación directa entre presión fiscal y fraude, salvo que se esgrima por razones ideológicas, como lo demuestra que los países nórdicos, con altos tipos impositivos, estén siempre entre los países más cumplidores de sus obligaciones fiscales. Aunque en este caso, también, por razones culturales y de tradición democrática.

Existen muchas más razones para justificar que se paguen los impuestos, por supuesto de forma justa, equilibrada y no confiscatoria. Y que tiene que ver con la eficiencia.

El caso más obvio es el de EEUU, donde cada contribuyente (salvo los excluidos del sistema económico, a quienes atiende la beneficencia pública) se paga la sanidad de su bolsillo. El resultado no puede ser más llamativo. Según datos de la OCDE, el gasto per cápita en salud en EEUU casi triplica al de España (10.209 dólares frente a 3.371 en 2017) y pocos pensarán que el sistema sanitario estadounidense —que excluye a millones de personas y es un quebradero de cabeza para la clase media por sus elevados costes— es mejor que el de España, pese a que es el país que más gasta en salud del mundo.

La razón es algo más que evidente. Las políticas públicas en sanidad, educación o, incluso, pensiones se benefician de las economías de escala, lo cual hace el sistema más eficiente (y barato). El caso de la Seguridad Social es el más significativo. Su presupuesto de gastos ascenderá este año a 145.599 millones de euros, pero el coste total de los servicios para gestión y administración de las prestaciones económicas (la parte del león del sistema) ascenderá a 556,4 millones de euros. Es decir, apenas un 0,4% cuesta gestionar más de nueve millones de pensiones, muy por debajo de las comisiones que cobra cualquier fondo de pensiones privado.

Más allá de la economía, lo relevante desde el punto de vista político es el mensaje que se quiere transmitir: pagar impuestos es malo porque nadie mejor que cada ciudadano sabe dónde gastar su dinero. Es decir, el Estado, por definición, es manirroto, lo que desde luego en algunos casos es muy cierto, pero ocultando las ventajas competitivas que tiene vivir solidariamente. Claro está, salvo que se quiera volver a la ley de la selva.

O lo que es lo mismo, al sálvese quien pueda. Ya lo decía el sabio Renan, “la nación, como el individuo, es el resultado de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos”. Y volver a la democracia censitaria sería como regresar a los siglos XVIII y XIX. Cosa distinta es abrir un debate profundo sobré cuál es el nivel de protección social que están dispuestos a pagar los contribuyentes, pero eso exigiría un grado de consenso incompatible con la demagogia.

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