Madrid y otras tres CCAA son las únicas regiones que financian sus pensiones

La Seguridad Social, como se sabe, funciona con el criterio de caja única —tanto los ingresos como los pagos se gestionan a través de una misma unidad contable—, pero esa realidad oculta una realidad incontestable. Tan solo cuatro comunidades autónomas tienen en estos momentos superávit entre lo que aportan sus trabajadores ocupados y lo que perciben sus pensionistas.

En concreto, Madrid, Canarias, Baleares y Murcia son las únicas regiones en las que el sistema de reparto (los trabajadores en activo financian las pensiones de los pasivos) no incorpora un desequilibrio contable entre lo cotizado por los activos y lo recibido en el momento de la jubilación por sus residentes.

El caso más llamativo es el de Madrid, cuyos trabajadores aportan al año, de forma global, 2.074 millones de euros más de lo que reciben sus pensionistas. Ahora bien, si el balance se individualiza, es decir, se hace en función de lo que cotizan los trabajadores ocupados respecto de lo que recibe cada pensionista, el resultado más significativo es el de Baleares, con un superávit de 2.696 euros por pensionista. Es decir, que perciben bastante menos de lo que aportan los trabajadores de las islas si el sistema no funcionara con el criterio de caja única.

El informe lo ha realizado el economista José Antonio Herce para el BBVA, y refleja con nitidez la diferente posición de cada región, en función de sus características socioeconómicas y demográficas, a la hora de financiar la Seguridad Social.

Como sostiene Herce, la ventaja de esta descomposición de las cifras agregadas es que permite conocer la solidaridad interregional, un asunto siempre polémico que suele generar agravios comparativos. Entre otras cosas, porque alguna comunidad autónoma, como el País Vasco, viene reclamando desde hace décadas asumir las competencias sobre pensiones, lo que en la práctica supondría romper la caja única, salvo que se tratara de la mera gestión de los fondos, como sucede en el caso de las pensiones no contributivas.

Y así se puede observar que la mayor diferencia entre lo que aportan los ocupados y lo que finalmente reciben los pensionistas se encuentra en Asturias, con un saldo contable negativo para el Principado equivalente a 2.502 millones de euros, lo que representa 8.290 euros por cada pensión —7.012 euros si el balance se hace sobre cada cotizante—. A continuación, se encuentran Cantabria, con una diferencia equivalente a 5.058 euros por pensión, y Castilla y León, con un déficit equivalente a 4.711 euros por pensión. País Vasco, igualmente, registra al año un déficit por pensión que asciende a 4.037 euros al mes. Es decir, se cobra mucho más de lo aportado.

Reconversión industrial

El hecho de que las comunidades autónomas situadas en la cornisa cantábrica copen los primeros puestos en cuanto a desequilibrio entre lo cotizado y lo percibido durante el periodo de cobro de la pensión tiene que ver, en buena medida, con las diferentes reconversiones de los años ochenta y noventa, que expulsaron del mercado de trabajo a decenas de miles de trabajadores industriales con elevadas cotizaciones, y que ahora, de acuerdo a las leyes, perciben una pensión situada muy por encima de la media del sistema en relación a lo cotizado.

En paralelo, y aquí está la otra gran diferencia, la tasa de actividad se ha resentido, lo que explica que haya cada vez menos cotizantes a la Seguridad Social. Sobre todo en las comunidades autónomas (como Castilla y León) con elevada despoblación. O Asturias, donde se produce un doble efecto: menos población y elevadas pensiones.

La conclusión que saca Herce es cristalina. Si Castilla y León, Galicia o Asturias tuviesen sistemas de pensiones de reparto independientes, estarían muy lejos de poseer la base demográfica que garantizase la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones debido al elevado grado de envejecimiento de su población. En estas regiones, la población de 65 años y más se acerca al 25% de su población total, mientras que en regiones como Canarias, Murcia o Baleares este porcentaje, denominado 'tasa de envejecimiento', supera ligeramente el 15%.

Factor capitalidad

Junto a la demografía, el otro gran factor que explica la relación cotizantes/pensionistas es el número de ocupados, y lo que dicen las cifras es que solo cuatro comunidades autónomas y las ciudades autónomas superan claramente el valor de 2 en su ratio, con Madrid claramente por encima de un 'saludable' nivel del 2,5. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Madrid se beneficia del efecto capitalidad, que hace que muchas actividades (públicas y privadas) tiendan a alojarse en su territorio y no en otras regiones.

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Otras cuatro comunidades autónomas se sitúan por debajo de 1,5, con Asturias claramente por debajo de un preocupante 1,25. Tradicionalmente, se ha estimado que la salud del sistema de pensiones pasa por que haya dos cotizantes por pensionista, pero las nuevas formas de trabajo (menos horas y bajos salarios) están cambiando esa relación.

Los datos se refieren al ejercicio cerrado de 2017, y como aclara el economista Herce, no es un juego de suma cero, ya que los déficits no los cubren las regiones con superávit, sino que es el Estado —que es quien garantiza el sistema público de pensiones— quien tiene que endeudarse para financiar los agujeros de cotización. En 2017, una cifra equivalente a 17.700 millones de euros. Y una cifra similar el año pasado.

Según Herce, el sistema no se basa en una redistribución propiamente dicha, sino que el balance refleja, en términos puramente de caja, lo que los territorios deficitarios no podrían pagar con sus recursos. Expresado en otros términos, las regiones con desequilibrio han generado un déficit de 20.600 millones, mientras que los territorios con superávit han aportado 2.900 millones a la caja única.