Lo hará en el último Consejo de Ministros

Revés a la CEOE antes de disolver Cortes: Trabajo ultima una contrarreforma laboral

La medida más polémica es la modificación de las subcontrataciones para que tengan que respetar el convenio colectivo más beneficioso para los trabajadores, a lo que se opone frontalmente la CEOE

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Después de ocho meses de Gobierno sin la anunciada ‘contrarreforma laboral’, el Gobierno quiere acelerar a última hora. Se tirará a la piscina ahora que ya da igual que haya agua o no, porque la disolución de las Cortes es inminente. Ahora solo importan las urnas y el relato. Por eso, si consigue sacar adelante su reforma, tendrá una medalla que exhibir durante la campaña. Y si la oposición se la tumba, entonces quedará retratada justo antes de las elecciones.

El Gobierno ultima una batería de medidas que revierten algunos aspectos de la reforma laboral del Partido Popular y que pretende aprobar en el último Consejo de Ministros previo a la disolución del Parlamento, esto es, el viernes 1 de marzo, señalan fuentes próximas al Ministerio de Trabajo. Para ello, la próxima semana, el ministerio convocará a los sindicatos y la patronal para informarles del contenido del real decreto-ley.

Se trata de una reforma de gran calado para el mercado laboral que se aprobará en los estertores de la legislatura, algo nunca visto hasta ahora en el parlamentarismo español. Lo hará por la vía del real decreto-ley, lo que significa que entrará en vigor tras la aprobación en el Consejo de Ministros y tendrá que ser refrendado por el Parlamento en la Diputación Permanente.

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Los responsables del Ministerio de Trabajo llevan meses trabajando en todas estas medidas con los agentes sociales, pero finalmente no se ha logrado ningún avance por la oposición de la CEOE. Hasta ahora, el Gobierno se había resignado el ‘veto’ de los empresarios porque no tenía la mayoría suficiente en el Congreso: tanto PNV como PDeCAT se inclinaban más por la posición de las patronales que la de los sindicatos.

La coyuntura ahora es diferente y el Gobierno no teme perder la votación. Al contrario, le permitiría crear relato de cara a la campaña electoral. Y para la oposición podría ser complicado tumbar la contrarreforma laboral en la recta final hacia las urnas. En definitiva, un ‘río revuelto’ en el que el Gobierno pretende llevarse la ganancia.

Trabajo modificará las condiciones de las subcontrataciones para evitar esta vía de precariedad surgida tras la reforma laboral

La medida más polémica de todas las que está ultimando el Ministerio de Trabajo es la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para modificar los requisitos de la subcontratación. En concreto, el Ejecutivo quiere poner fin a la precarización del empleo que se ha generado por esta vía. La reforma de 2013 permitió a las empresas externalizar sus procesos internos a empresas multiservicios que no tenían que respetar el convenio de la compañía ni del sector.

El Gobierno pretende modificar totalmente esta parte de la norma para obligar a las empresas a que la subcontrata respete el convenio más favorable para el trabajador, ya sea el de la empresa contratante o el de la actividad que realiza. Una medida que los sindicatos llevan meses reclamando y que la CEOE quiere evitar a cualquier precio. Fuentes de la patronal señalan que esta reforma provocaría la desaparición de las subcontratas, ya que las empresas no conseguirían ningún ahorro externalizando sus procesos internos.

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Los sindicatos y la patronal pactaron en el IV AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), firmado en la primavera de 2018, instar al Gobierno a modificar este artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, en ningún caso iban tan lejos como pretende ir el Gobierno. La CEOE aceptaba entonces que las subcontrataciones tuviesen que respetar el convenio de la actividad externalizada, pero en ningún caso que se respete también el de la empresa contratante.

Esta medida no solo afectaría a las empresas, también a las administraciones públicas, ya que tienen muchos de sus servicios externalizados. Además, tendría un impacto a todos los niveles, desde el Estado hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas y las empresas públicas. En el caso de que llegara a aprobarse, estos trabajadores tendrían que respetar el convenio de cada Administración, lo que significaría una importante subida salarial para muchos empleados de subcontratas.

El registro de jornada

Otra de las medidas importantes que está casi lista es la del registro de la jornada laboral en las empresas, como ya adelantó la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en su comparecencia en el Congreso el martes. Con esta medida, el Ministerio de Trabajo pretende lograr un registro de las horas extra que se hacen en España para que todas ellas se paguen y también que coticen a la Seguridad Social lo que sea correspondiente.

Para apuntalar la contrarreforma laboral, el Ministerio de Trabajo también ultima la recuperación de la ultraactividad del convenio colectivo y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Dos medidas que también van más lejos que el IV AENC firmado hace poco más de medio año. En materia de ultraactividad, el Gobierno pretende mantener la aplicación de cada convenio tras su caducidad hasta que sea renovado. En cuanto a la prevalencia, pretende que el convenio del sector mande sobre el de empresa si establece mejores condiciones para los trabajadores.

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Por último, el Gobierno pretende recuperar el desempleo para mayores de 52 años que eliminó el PP para elevarlo hasta 55 años. A pesar de la prórroga presupuestaria, el Ejecutivo utilizará los recursos del SEPE (Servicio Público de Empleo), esto es, la transferencia del Estado y el superávit de 2018, para financiar esta partida.

Para apuntalar la contrarreforma laboral, Trabajo ultima la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial

La CEOE ya ha trasladado al ministerio su oposición total a este decreto-ley de contrarreforma laboral porque “no tiene sentido que el Gobierno tenga la intención de aprobarlo con clara vocación electoralista antes de los comicios”. La patronal se guarda el comodín del rechazo al decreto-ley de PNV y PDeCAT, apoyos sin los cuales el PSOE fracasará en la votación.

Además, la CEOE considera que los asuntos laborales no deberían regularse por la vía del real decreto-ley, ya que esta figura está limitada a supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Y no solo eso, la patronal entiende que esta medida afectaría a los “derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”, por lo que no se puede regular por la vía del RDL, como determina la Constitución española.

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