Alcanza los 740 millones de euros

El rechazo de los Presupuestos provoca un agujero en las cuentas autonómicas

Seis comunidades autónomas han aprobado unos Presupuestos que incluyen el cambio en el SII planteado en los PGE; en total, 740 millones, el 2,4% de los recursos del sistema de financiación

Foto: VI Conferencia de Presidentes autonómicos en 2017. (EFE)
VI Conferencia de Presidentes autonómicos en 2017. (EFE)

El pasado 9 de agosto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitó Madrid para reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su objetivo era reclamarle una solución para el agujero que tendrían las cuentas de las comunidades autónomas como consecuencia de la aplicación del nuevo IVA en 2017, el suministro inmediato de información (SII).

El problema era este: en la liquidación de la financiación autonómica de 2017, que se realizará en 2019, las comunidades autónomas perderían los ingresos de IVA de un mes por ese cambio normativo. Esto supone un detrimento de más de 2.000 millones de euros para las comunidades autónomas del Régimen Común.

Núñez Feijóo reclamó una solución para este problema generado por el Gobierno de Rajoy y Montero prometió que buscaría una fórmula para hacerlo. La vía que ideó fue adelantar el pago del IVA en 2019, de modo que este año se cobrarán 13 meses en vez de 12. Así lo plasmó en los Presupuestos Generales del Estado y seis comunidades autónomas lo han incluido en sus cuentas de 2019, según figura en el 'Informe de Presupuestos de las CCAA', que publica anualmente el Ministerio de Hacienda.

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Hay que tener en cuenta que Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja todavía no tienen aprobadas sus cuentas. Las nueve restantes sí tienen Presupuestos nuevos. De ellas, seis han incorporado los recursos del IVA prometidos, una es una región foral (Navarra) que está al margen del sistema de financiación y otra es Canarias, que no tiene IVA. En definitiva, que la mayor parte de los Presupuestos autonómicos aprobados ya contaban con estos recursos.

La promesa de Montero a Núñez Feijóo ha quedado bloqueada y la incertidumbre sobre las cuentas de las comunidades autónomas se ha disparado

Las seis regiones que han aprobado sus cuentas contabilizando los ingresos extra del cambio del IVA son Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Todas ellas tienen ahora un serio problema con el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado.

En total, habían valorado un incremento de sus ingresos de 740 millones de euros gracias al nuevo SII. Esta partida ahora ha quedado suspendida, ya que el cambio del SII estaba incorporado a los PGE. La promesa de Montero a Núñez Feijóo ha quedado congelada por el rechazo del PP a las cuentas del Estado, de modo que la incertidumbre sobre los Presupuestos autonómicos se ha disparado.

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Este agujero de 740 millones de euros equivale al 2,4% de los recursos procedentes del sistema de financiación que han presupuestado las comunidades autónomas. Una cuantía significativa que complica mucho su objetivo de déficit. Cada región tiene que limitarse a cuadrar el año con un desfase presupuestario del 0,1% de su PIB, por lo que estos 740 millones marcan la diferencia entre el cumplimiento y el incumplimiento. Y esta cuantía sí que tiene efectos en términos de déficit (contabilidad nacional), ya que la liquidación del sistema de financiación se hace con un retraso de dos años y, por tanto, se contabiliza cuando se ingresa o se paga el saldo correspondiente.

A partir de este punto, la incertidumbre se dispara. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Nadie lo sabe, ni siquiera el Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que encargarse de velar por el cumplimiento de los objetivos de déficit. Fuentes de Hacienda explican que a partir de ahora tendrán que estudiar cómo queda la financiación autonómica después del rechazo de los Presupuestos.

Hacienda no descarta que las comunidades que han incorporado los recursos del nuevo IVA tengan que realizar un acuerdo de no disponibilidad

Para empezar, no descarta que las comunidades que han aprobado sus Presupuestos tengan que realizar un acuerdo de no disponibilidad para recortar su gasto en la cuantía que le correspondería a la transferencia del cambio del IVA. Otra opción es aprobar el cambio en el tributo por la vía del decreto-ley y así evitar el ajuste en las comunidades justo antes de las elecciones autonómicas.

Sin embargo, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelve el Parlamento y convoca elecciones, esta medida podría quedar en el aire. Si finalmente las autonomías no reciben esta transferencia, tendrán dos opciones. La primera es aprobar el acuerdo de no disponibilidad señalado. La segunda es superar el objetivo de déficit y entonces aprobar el acuerdo de no disponibilidad el próximo año, en 2020, ya que es la obligación que marca la Ley de Estabilidad.

Las directivas quedan congeladas

Desde el preciso momento en que el Congreso rechazó los Presupuestos de 2019, todas las miradas se volvieron hacia Sánchez. La competencia para disolver las Cortes y convocar elecciones es exclusiva del presidente, y ha desvelado que anunciará sus intenciones el próximo viernes, 15 de febrero.

Lo más probable es que anuncie un adelanto electoral. En ese caso, la disolución del Parlamento tendrá consecuencias importantes para toda la batería de directivas que se propuso trasponer la ministra de Economía, Nadia Calviño. Cuando se convoquen las elecciones, todas las leyes que no estén aprobadas quedarán suspendidas y tendrán que comenzar su tramitación desde el principio con el futuro Parlamento.

Una de las leyes más importantes de las que están por el camino es la de crédito inmobiliario, que sirve para elevar la protección a los consumidores de productos financieros. Esta norma ya ha pasado el trámite del Senado y tiene que volver al Congreso la próxima semana para su aprobación definitiva en el pleno. Previsiblemente, la convocatoria de elecciones no será inminente, de modo que esta ley podrá ver la luz finalmente.

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No lo tienen tan sencillo las leyes de creación de los nuevos impuestos digital (tasa Google) y financiero (tasa Tobin), que están todavía en fase de enmiendas a la totalidad en el Congreso. También se encuentra en esa fase la batería de medidas contra el fraude fiscal. Previsiblemente, ninguna de estas medidas llegará a aprobarse en esta legislatura.

La paralización en la trasposición de directivas atrasadas podría condenar a España a una multa de la Comisión Europea

Además, hay otras directivas europeas pendientes de tramitación, como son la ley de servicios de pago, la de protección de los compromisos con pensiones, prevención de blanqueo de capitales, distribución de seguros, defensa de los consumidores o la de contratación en los sectores de agua, energía, transportes y los servicios postales. Todas ellas están todavía en fase de enmiendas (a la totalidad o al articulado) y previsiblemente decaerán tras la disolución de las Cortes.

De esta forma, el esfuerzo realizado por el Ministerio de Economía para acelerar la trasposición de directivas pendientes habrá sido en vano. Algunas de estas medidas tendrían que haber sido aprobadas hace tiempo, lo que aumenta el riesgo de multa a España por parte de la Comisión Europea.

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