El Gobierno rectifica y permitirá que las empresas no den de alta a sus becarios

Las empresas y universidades han ganado una nueva batalla para llevarse la victoria final en la guerra contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El ministerio intentó obligar a que todos los alumnos que realicen prácticas no laborales sin remunerar tengan que estar dados de alta en la Seguridad Social con su cuota correspondiente (de 51 euros al mes) que tendría que abonar el empleador. Universidades y empresas se lanzaron contra de la medida, ya que encarecería mucho sus costes laborales, y finalmente el Gobierno ha optado por dar marcha atrás en su propia normativa.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Celaá ha señalado que lo más importante es que la obligación de dar de alta a los becarios “no puede generar perturbación” y si lo hace “el Gobierno estará en contra de esta medida”. Esto significa que el Gobierno tendrá que revisar el real decreto-ley 28/2018 que aprobó el pasado 28 de diciembre por el cual establecía diferentes incrementos en la cotización a la Seguridad Social.

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En este texto, el Gobierno introdujo la obligación de cotizar por las prácticas no remuneradas, tal y como acordó con los sindicatos. Sin embargo, la reacción de las empresas y universidades en contra de la medida está a punto de hacer torcer el brazo al Gobierno. En un primer momento, el Ejecutivo anunció que haría un desarrollo reglamentario del decreto para clarificar quién tiene que pagar la cotización y en qué casos. Pero con el giro de hoy, el Ejecutivo se inclina por suprimir todas las cotizaciones y mantener el sistema actual de desprotección y precariedad para los becarios.

Las empresas han transmitido a los gobiernos autonómicos que son "reticentes a pagar" las cotizaciones de sus becarios

Celaá ha reconocido que los empresarios son “reticentes a pagar, sobre todo en determinados ciclos formativos”. De hecho, la CEOE ya se puso en contacto con el Ejecutivo para tratar de frenar la medida. En su opinión, "conlleva un incremento de costes para las empresas que se suman a los que ya afrontan, lo que puede acabar poniendo en peligro dichas prácticas". También las universidades, a través del CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) se opuso a esta medida planteada por el Ejecutivo.

Según las estimaciones de Comisiones Obreras, cada curso escolar se producen más de 400.000 prácticas no laborales, esto es, de estudiantes que realizan una beca gracias a un convenio con su centro. En algunos casos estas prácticas forman parte del proceso formativo, las llamadas prácticas curriculares, que son obligatorias para los estudiantes. También hay prácticas extracurriculares que no forman parte de los estudios y que son voluntarias. Más del 80% de todas las prácticas no tienen remuneración y, por tanto, tampoco cotizan a la Seguridad Social.

Este giro del Gobierno provocará un desencuentro con los sindicatos, con quien se comprometió a realizar un estatuto del estudiante en prácticas que incluyese la obligación de cotizar a la Seguridad Social. El Ejecutivo se ha dado un plazo de tres meses para recabar las opiniones de todos los grupos afectados y lanzará su desarrollo reglamentario.