El transporte público exige dar un paso más para aprobar su ley de financiación

El 20 de septiembre de 2018 empezó la cuenta atrás. Tras 10 años de trabajo por parte de la Asociación de Transportes Públicos y Urbanos y Metropolitanos (ATUC) y el registro de una iniciativa por parte de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pactada con Ciudadanos, PP, PSOE y Compromís, el pasado 20 de septiembre la Comisión de Fomento de la Cámara Baja aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a presentar, en un plazo de seis meses, una Ley de Financiación para el Transporte Colectivo Urbano.

De momento, quedan dos meses para que acabe este plazo y ATUC sigue con sus reivindicaciones. La asociación de transportes públicos, que reclama su puesto en el tablero, se reúne hoy con representantes de los distintos partidos políticos para tratar de dar un empujón más a la Ley del Transporte Colectivo Urbano, y lo hace entre denuncias y peticiones para conseguir avances que beneficien a su sector.

ATUC señala que, a pesar de estar "muy contentos" por la aprobación de la proposición no de ley el pasado septiembre, en el "contexto anticoche" que se ha generado en los últimos meses, en los que ha entrado en vigor Madrid Central, el Gobierno ha hecho una clara apuesta por la movilidad sostenible únicamente focalizada en la electrificación del parque automovilístico, dejando de lado, según sostienen desde este organismo, uno de los principales pilares en este campo, el transporte público.

Se debe dar un valor añadido al transporte público, con espacios de preferencia en las ciudades. Si cuenta con ventajas, la gente lo coge más

Como ejemplos de su denuncia, desde ATUC señalan que en la constitución de la Mesa de la Movilidad se convocó solo a las patronales del sector del automóvil y a los sindicatos, sin tener en cuenta al transporte público, así como tampoco se le da el reconocimiento que creen necesario en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, cuando se trata de una "alternativa sostenible para reducir las emisiones y las congestiones de tráfico en las ciudades". "El pilar central de la Ley de Cambio Climático debe ser el transporte público", sostiene Miguel Ruiz, presidente de ATUC, que alega que aunque el Gobierno se centre en el coche eléctrico, esta "no es una solución para todos los españoles". "Hay que darle a la solución la misma magnitud que al problema", insiste Ruiz.

"Se le debe dar un valor añadido al transporte público, con carriles bus, espacios de preferencia en las ciudades, etc. Si el transporte público cuenta con ventajas, la gente lo coge más", explica Ruiz, que enseguida centra todos sus esfuerzos en explicar, según el punto de vista de la asociación y sus representados (las principales empresas que gestionan el transporte público urbano y metropolitano del país), una de sus reclamaciones más importantes: la necesidad de una ley sobre la financiación de este tipo de transporte que les permita desligarse de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a través de los cuales las empresas que gestionan los servicios de metro, tranvía o autobús de las distintas ciudades de España reciben cada año la dotación que les corresponde según lo pactado por el Gobierno y las entidades políticas que aprueben los PGE.

Desde ATUC, denuncian que España es el único país de Europa que no cuenta con esta legislación

"España es el único país de Europa que no cuenta con este tipo de legislación", indica el presidente de ATUC, que es también el director general de la EMT Málaga. Ruiz denuncia que la financiación a través de los PGE está obsoleta, pues desde 1991 las ciudades de más de 50.000 habitantes han pasado de ser unas 60 a 100, y el modelo de financiación no ha cambiado. De hecho, las aportaciones, según señala, han bajado un 27% desde 2011.

En estos momentos, el Estado sufraga un 7% de los gastos de estas empresas, lo que suponen 5.000 millones de euros al año, una cifra que, según lo recogido en un estudio de la Comisión Europea sobre la congestión del tráfico en las ciudades, elaborado por el instituto IPTS, equivale a poco menos del valor monetario que pierden los españoles en atascos. ATUC exige que mediante la Ley de Financiación del Transporte Colectivo Urbano esta cantidad cubra el 15% de los costes del servicio, es decir, que se destinen a esta partida 10.700 millones de euros cada año, un poco más del doble de lo que se inyectó en 2018.

Durante la crisis, hemos sido conscientes del problema y hemos dado la talla, pero eso no significa que estemos bien

"Durante los siete años de la crisis, ninguna empresa de transporte público ha subido las tarifas", explica el presidente de ATUC, que asegura que estas compañías no han llevado a cabo recortes en sus servicios pese a que hace siete años las subvenciones de Hacienda se recortaron en un 27%, limitando así su capacidad competitiva y sus opciones de renovar su flota e instalaciones para hacerlas más sostenibles. "Durante la crisis, hemos sido conscientes del problema y hemos dado la talla, pero eso no significa que estemos bien", asegura Ruiz, que insiste en que "reducir emisiones es urgente".

Una de las exigencias de ATUC es que se aumente la partida destinada a transporte público, pero ¿con qué dinero? Según explican desde la asociación, este coste debería cubrirse con un tercio de la recaudación que genere el aumento del impuesto al diésel recogido en los PGE de 2019 aprobados por el Gobierno. Así se lo transmitió la entidad al Ejecutivo y en la misma línea se pronunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró públicamente que un 30% de lo recaudado por este impuesto se destinará a partir de 2020 a "la movilidad sostenible".

El transporte como arma política

Además, con una ley de financiación que saque de los PGE la partida destinada al transporte público, ATUC pretende acabar con la arbitrariedad y la politización del reparto de recursos. "Es una negociación política", indican desde la asociación de transporte público al explicar cómo funciona hasta el momento la división presupuestaria entre las distintas ciudades, que establece un contrato programa específico para las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia y las Islas Canarias a través del que este año la Ciudad Condal ha conseguido un incremento de 40 millones en su presupuesto, Canarias una subida de 20 millones, Valencia, que se suma por primera vez a esta modalidad de financiación en los PGE de 2019, 10 millones y Madrid, los mismos que en años anteriores, 126 millones de euros.

Las 96 ciudades restantes del país de más de 50.000 habitantes que cuentan con empresas de transporte público están dentro de lo que se conoce como bolsa de reparto y tendrá que dividirse entre todas la misma cantidad que en años anteriores, 51 millones de euros. "Hay que adaptar las cantidades a la previsión de lo que necesita el sistema", indica Miguel Ruiz. Para él, las ciudades grandes de todo el país deberían estar en los contratos programa, no en la bolsa.

"Pedimos estabilidad, modelo y sacarlo de la negociación política", indican desde ATUC, y aseguran que además de un reparto más justo de los recursos, sacar de los PGE la financiación del transporte público permitirá a las compañías poder planificarse y ser más competitivas. "Lo ideal sería un modelo a cuatro años", explica Ruiz, que señala que "tan importante como la cantidad es la previsión". "No podemos hacer previsiones de compra", denuncia Ruiz, que asegura que gestionar una compañía sin saber con cuánto dinero se va a contar ese mismo año acarrea una serie de dificultades que les impide ser competitivos, llevar a cabo planes de reinversión e incluso competir en concursos europeos.

Desde ATUC, se muestran optimistas con los avances de su ley de financiación e indican que "todos quieren seguir trabajando en este tema". La asociación asegura contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes de grandes ciudades del país, así como de varias de las comunidades autónomas, entre las que destacan Madrid y Valencia. "Nos hemos reunido con todos los partidos en privado y todos nos han dado la razón", indican desde el organismo, donde esperan que en la reunión de este miércoles se muestre públicamente y en conjunto este mismo apoyo.