La justicia europea salva de momento el acuerdo comercial con Canadá

Tras el verano de 2016 un pequeño parlamento regional belga, el de Valonia, decidió bloquear el acuerdo de libre comercio negociado por la Unión Europea y Canadá: era el tratado más progresista en cuanto a elementos medioambientales y Bruselas lo consideraba el modelo hacia el futuro. Pero Paul Magnette, líder valón, estaba dispuesto a frenar el asunto en una región que ha pasado de la riqueza industrial a una decadencia consistente.

Finalmente, el 27 de octubre Bélgica fue capaz de resolver el problema interno, eso sí, los rebeldes valones ponían una condición: el mecanismo de resolución de conflicto de inversores que incluía el CETA debía ser revisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un nuevo sistema que venía a sustituir al anterior, ya anticuado. El 30 de octubre de 2016 se firmaba el acuerdo, y un año después Bélgica llevaba el asunto al alto tribunal europeo.

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El CETA se pondría en marcha de forma provisional menos de un año después de su firma, pero todavía existía la incertidumbre en todos los inversores sobre cuál sería el resultado final del asunto que el Gobierno belga acababa de presentar ante el TJUE. La opinión del abogado general es la antesala de la sentencia definitiva del alto tribunal y allana el camino para la luz verde definitiva al CETA.

Sistema de resolución

El mecanismo de resolución es un sistema para resolver las diferencias de interpretación respecto a la aplicación del Acuerdo que puedan surgir entre los inversores y los Estados. El tratado prevé la creación de un Tribunal y de un Tribunal de Apelación, además de, en última instancia y a más largo plazo, el establecimiento de un tribunal multilateral en materia de inversiones. Para Valonia, y no solo para ellos, este sistema supone poner a los inversores en sistema judicial paralelo al del país en el que están presentes.

La cuestión presentada por Bélgica se centra en preguntar si este sistema de resolución es compatible con el derecho de la Unión, ya que esta parte del acuerdo comercial puede poner en duda la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar el derecho comunitario.

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Sin embargo, en una opinión expresada hoy [aquí en PDF], el abogado general de la UE, Yves Bot, ha señalado que el sistema de arbitraje es compatible con el derecho de la Unión. La opinión del abogado general no es vinculante, pero el TJUE suele seguir su recomendación en la mayoría de ocasiones.

Según Bot existen una serie de garantías que acompañan al CETA y al establecimiento de su mecanismo de resolución, y eso hará que cualquier decisión de los tribunales de arbitraje se limite estrictamente a los casos de infracción de lo que se establece en el Acuerdo, en cuyo caso se deberá proceder a una indemnización a los inversores perjudicados.

Además, el abogado general señala que este tribunal de arbitraje, a la hora de pronunciarse sobre elementos que tengan que ver con el derecho de la Unión, deberá guiarse por la jurisprudencia establecida por el TJUE, y no podrá establecer su propia interpretación.