No cumple el objetivo de déficit

El Presupuesto de Sánchez incumple la Ley de Estabilidad y se arriesga a ser impugnado

Los expertos consultados estiman que el déficit presupuestado para la Seguridad Social se eleva hasta el entorno del 1,5% del PIB, muy lejos del 0,9% que está fijado por ley

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. (EFE)

El Gobierno tiene un grave problema con sus Presupuestos. No solo por las dudas que generan sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit, sino porque directamente se saltan el umbral fijado para la Seguridad Social. Esto significa que las cuentas que ha presentado al Congreso de los Diputados incumplen la Ley de Estabilidad y se arriesga a que algún partido pueda impugnarlos ante los tribunales.

El desvío que incluyen para los fondos de la Seguridad Social se sitúa entre las cuatro y las seis décimas del PIB. Esto es, un incumplimiento que oscila entre los 5.000 y los 8.800 millones de euros. Nada menos. En otros ejercicios, el Gobierno inflaba su previsión de ingresos o minusvaloraba la estimación de gastos para que los números cuadrasen sobre el papel, aunque después la ejecución se desviase. Pero este año el Gobierno ha optado por ir un paso más lejos, ignorando los objetivos de estabilidad aprobados por el Parlamento. Esto supone la vulneración de la Ley de Estabilidad, que obliga a cada Administración a presentar un Presupuesto que se ajuste al umbral de déficit establecido.

La decisión del Gobierno podría tener graves consecuencias si la oposición opta por impugnar sus cuentas públicas. Por el momento, los diferentes partidos están esperando al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para conocer exactamente cuál es el déficit exacto incorporado en las cuentas públicas antes de tomar ninguna decisión.

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Realmente no es fácil conocer cuál es la previsión de déficit incorporada en los Presupuestos, y los ministerios de Hacienda y Trabajo se han encargado de ocultar el dato. Sin embargo, los expertos consultados por El Confidencial llegan a la misma conclusión: las cuentas incluyen una desviación de entre cuatro y siete décimas del PIB. Aunque no coinciden en la estimación del déficit exacto incorporado en los PGE, no tienen ninguna duda de que no se ajusta a la senda de estabilidad.

La dificultad para conocer el dato exacto es doble. Por una parte, los Presupuestos se presentan bajo el criterio de caja, pero el déficit se mide en contabilidad nacional, esto es, por el criterio de devengo, lo que obliga a realizar un ajuste en los números. El criterio de caja contabiliza los ingresos y los gastos cuando se realiza el pago, pero el criterio de devengo los contabiliza en el momento en que se ha producido el hecho económico, con independencia de cuándo se pague. Por ejemplo, si se adquiere un lote de bolígrafos, el criterio de devengo computaría el pago en el momento en que se ha producido la compra, y el de caja, en el momento en que se pagase.

Por otra parte, el objetivo de déficit incluye todos los fondos de la Seguridad Social, esto es, la suma del Sistema de la Seguridad Social, el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y el SEPE (Servicio Público de Empleo). El Gobierno tampoco da este dato agregado, de modo que los cálculos se complican.

No es fácil conocer cuál es la previsión de déficit incorporada en los Presupuestos, y Hacienda y Trabajo se han encargado de ocultar el dato

Tendrá que ser la AIReF quien arroje algo de transparencia sobre la opacidad de las cuentas públicas en este punto. No puede ser otro organismo quien lo haga, ya que solo la AIReF tiene potestad para solicitar a los ministerios de Hacienda y Trabajo que realicen los ajustes pertinentes para conocer las cifras en contabilidad nacional.

Sin embargo, la desviación es de tal magnitud que no hace falta conocer el ajuste del Gobierno para comprender que las cuentas de la Seguridad Social no se ajustan al objetivo de estabilidad. Basta con conocer que el Gobierno reconoce un déficit para el Sistema de la Seguridad Social de 18.650 millones de euros para comprender que es imposible que se ajuste a la ley. Esta cuantía equivale al 1,48% del PIB. Si se tiene en cuenta que el objetivo para los fondos de la Seguridad Social es del 0,9% del PIB, es imposible que haya suficientes ajustes como para cubrir este desfase de 7.300 millones de euros.

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De hecho, los posibles ajustes podrían incluso deteriorar más el déficit previsto para los fondos de la Seguridad Social. En ejercicios anteriores, el superávit del SEPE y el Fogasa contrarrestaba en una décima el déficit del Sistema de la Seguridad Social, pero en las cuentas de 2019 no figura tal cuantía. El presupuesto del SEPE asciende a 24.598 millones de euros, pero tiene un gasto en transferencias de 24.205 millones, lo que dejaría un saldo positivo de 393 millones. Por su parte, el Fogasa tiene un presupuesto de 720 millones y un gasto en transferencias de 691 millones.

En conjunto, los dos organismos arrojarían un superávit de no más de 422 millones de euros, lo que apenas supone un 0,03% del PIB. Esto es, no compensaría nada el déficit del Sistema de Seguridad Social.

En los últimos años, el ajuste de caja a contabilidad nacional añadía una décima más al déficit de los fondos de la Seguridad Social

Además, el Gobierno ha laminado las transferencias del Estado a estos dos organismos, lo que complica más que puedan tener un superávit cuantioso. El Fogasa recibió 91 millones de euros en los PGE de 2018 y este año no recibe nada y el SEPE recibió 55 millones y este año apenas percibirá 250.000 euros.

En cuanto al segundo ajuste que hay que hacer —pasar los números del criterio de caja al de contabilidad nacional—, las noticias tampoco son mejores. En los últimos años, este ajuste suponía un incremento del déficit de en torno a una décima del PIB. Nada invita a pensar que este año vaya a ser mejor el ajuste, lo que significa que el saldo final de los fondos de la Seguridad Social apenas mejoraría (e incluso podría empeorar) al del Sistema de la Seguridad Social.

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Por último, es importante señalar que el Gobierno ha optado por reducir este año la transferencia para el apoyo de las cuentas de la Seguridad Social. En 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy presupuestó una transferencia del Estado de 1.300 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rebajado hasta 850 millones.

Los números no dan

Todos estos números, sumados, hacen que el Presupuesto presentado por el Gobierno no se ajuste a la senda de déficit aprobada por las Cortes. De ahí que incumpla la Ley de Estabilidad y pueda tener problemas legales. Es cierto que no será la primera vez que se salte la ley, ya lo hizo en agosto, cuando renunció a presentar una nueva senda de estabilidad.

El objetivo para la Seguridad Social era muy ambicioso, ya que partiendo de un déficit del 1,5% del PIB en 2018, tenía que ajustar el desfase presupuestario hasta el 0,9% del PIB. El Gobierno trató de cambiar la senda de estabilidad para elevar el déficit de la Seguridad Social hasta el 1,1%, pero su proyecto de Presupuestos tampoco respeta esa cifra. A falta de conocer el dato exacto, los PGE recogen un déficit de entre el 1,3% y el 1,6% del PIB.

La senda de estabilidad aprobada obligaba al Gobierno a realizar un ajuste del déficit de en torno a 7.600 millones de euros. Si se tiene en cuenta que el Ejecutivo ha presupuestado un incremento de los ingresos por cotizaciones de 9.200 millones, hubiese sido necesario destinar el 82% a recortar el déficit y solo el 18% restante a subir las pensiones. Y claramente no va a hacerlo, al contrario, el gasto corriente presupuestado aumenta en 10.500 millones. Es evidente que con estas cifras es imposible que el Gobierno haya incorporado a sus Presupuestos el ajuste requerido y, por tanto, se resigna a saltarse la ley.

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