Bruselas no aceptará la ‘trampa del IVA’ del Gobierno para cuadrar los Presupuestos

Cuando los periodistas preguntaron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cómo aseguraría el cumplimiento del objetivo de déficit teniendo en cuenta que algunas de las medidas de ingresos tardarán tiempo en ponerse en marcha, esta contestó que contaba con los ingresos extra del IVA. En realidad, supone un ajuste para adelantar unos días el cobro de este tributo a las entidades que tributen a través del suministro inmediato de información (SII), de modo que en 2019 se percibirán los 12 meses ordinarios más el de diciembre de 2018. De esta forma, logra que haya 13 abonos de este impuesto en lugar de los 12 ordinarios y consigue una recaudación extra de 4.595 millones de euros.

Es evidente que esta cuantía es más que suficiente para compensar el retraso en la aprobación y subida de impuestos que quiere ejecutar el Gobierno este año. El problema es que Bruselas no permitirá esta ‘trampa contable’ para la reducción del déficit público. Según las fuentes consultadas por este periódico de expertos europeos en el sistema de cuentas públicas, Eurostat no aceptará este cambio, ya que tiene efectos en términos de caja, pero no de devengo.

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¿Esto qué significa? Que aunque el Gobierno decida adelantar el pago del IVA, el mes en el que se genera esta deuda tributaria no varía. De este modo, no tiene efectos prácticos en contabilidad nacional y no será aceptado como un mes más de cobro del tributo. De hecho, este cambio supondría restar un mes de IVA a 2018, ya que el pago de diciembre se abona en enero, algo que tampoco validará Bruselas.

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De esta forma, tanto 2018 como 2019 tendrán 12 meses a efectos de contabilizar el déficit. Esto significa que Hacienda pierde el comodín que se guardaba para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Este hecho siembra además dudas sobre los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno, ya que podrían no ajustarse a los objetivos fijados por las Cortes.

Hacienda pierde el comodín que se guardaba para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit

El problema para conocer la verdadera desviación es que el Presupuesto está recogido en términos de caja y el déficit se mide en contabilidad nacional. De ahí que haya que esperar a los ajustes que realizará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para conocer el verdadero déficit que figura en los Presupuestos. La AIReF ya ha pedido en numerosas ocasiones a los gobiernos que publiquen los Presupuestos también en términos de contabilidad nacional para facilitar su análisis, pero siguen ignorando esta petición.

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Esta cuantía, por el contrario, sí que afectará a las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, ya que se reparten por el criterio de caja. La mitad de los ingresos del IVA les corresponde a las regiones, por lo que percibirán, por adelantado, la parte que les toque. Esto mejorará su flujo de caja este año, ya que percibirán en torno a 2.500 millones por el adelanto en el pago del IVA.

El ajuste del déficit

Para que el Gobierno consiga cumplir con el objetivo de déficit aprobado en las Cortes, equivalente al 1,3% del PIB, y también para alcanzar el que pretende cambiar, del 1,8% del PIB, es fundamental que no sufra un gran desvío frente a los ingresos previstos. El Ministerio de Hacienda ha plasmado una recaudación para el Estado de 227.356 millones de euros, incluyendo los ingresos extra del IVA.

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de ley de los dos nuevos impuestos que quiere poner en marcha este año: el impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras. El Ministerio de Hacienda estima que recaudará algo más de 2.000 millones con estos tributos. Sin embargo, los textos de los dos proyectos de ley reconocen que la base imponible se comenzará a contar a partir de tres meses tras la aprobación definitiva de los impuestos en las Cortes.

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La recaudación no comenzará hasta el final del trimestre en el que entren en vigor, ya que su liquidación se realiza por trimestres naturales. La consecuencia es que difícilmente pueden llegar a proporcionar los ingresos con los que ha contado el Gobierno para la elaboración de sus Presupuestos. De hecho, hay quien considera que lo más prudente es prever que la recaudación no comenzará antes de 2020. Esta es la opinión de Funcas, ya que considera que los tributos no solo tienen que superar la tramitación en las Cortes, sino que también tienen que superar los problemas técnicos y legales de su entrada en vigor.

Funcas considera que el déficit este año se irá hasta el entorno del 2,1% del PIB, lo que significa que el Gobierno no conseguirá cumplir, ni de lejos, con los objetivos fiscales. Si se cumplen sus previsiones, sería un gran fracaso para el Gobierno de Pedro Sánchez porque evidenciaría una gran incapacidad para controlar las cuentas públicas.