Bruselas vigila el decreto ley para limitar el uso de Uber y Cabify en Cataluña

La Comisión Europea vigila de cerca el decreto ley que la Generalitat de Cataluña pretende aprobar antes del 25 de enero y que pretende obligar a reservar los servicios de Uber y Cabify con un tiempo de antelación.

Inicialmente el gobierno regional contemplaba la posibilidad de obligar a solicitar los servicios de estas compañías en un plazo de entre 6 y 12 horas, tal y como adelantó El Confidencial. Hoy la Generalitat ha reculado y plantea que este tiempo se reduzca a quince minutos.

El Ejecutivo comunitario tiene pocas herramientas en su mano, pero sigue con lupa cualquier desarrollo en la legislación sobre la llamada economía colaborativa para que las nuevas regulaciones no se salgan de los escasos límites que las normas europeas establecen al respecto en una materia que todavía no cuenta con una legislación propia dentro de la UE.

La principal jurisprudencia al respecto es la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de diciembre de 2017, que señaló que los servicios de transporte ilegales, como UberPop, podían ser prohibidos por parte de los estados miembros sin necesidad de consultar con la Comisión Europea.

Para entonces, Uber ya utilizaba licencias en la mayoría de los países europeos. También en España, donde comenzó a usar las VTC después de la sentencia española que congeló el uso de UberPop de forma cautelar en 2014. Cabify también utiliza licencias, con lo que la única decisión judicial a nivel europeo al respecto de estos servicios ha quedado ya anticuada para este caso.

Las normas europeas dejan una laguna que incomoda a la Comisión, que tiene que decidir caso a caso. Para ello, solo puede hacer uso de los límites que establecen los tratados de la UE. En septiembre de 2018, Violeta Bulc, comisaria de Transporte, explicó en una respuesta escrita al Parlamento Europeo cuál es la situación en lo que respecta a la regulación de servicios como Uber o Cabify.

“Como no hay a día de hoy una legislación europea específica aplicable a los pasajeros de transporte por coche, estos servicios están regulados a un nivel nacional o local. Estas normas deben, en cualquier caso, estar en línea con los principios de los tratados, tales como proporcionalidad y no discriminación, así como la libertad de establecimiento”, aseguró la comisaria.

Es decir: son los estados miembros a un nivel nacional o local los que deben establecer una regulación a estos servicios ante la ausencia de una legislación europea, pero estos deben cumplir con los límites establecidos en los tratados.

En este caso, deben cumplir con las líneas rojas que las normas europeas marcan en lo que se refiere a las restricciones a la libertad de establecimiento de servicios. Estas limitaciones deben estar justificadas por razones imperiosas relacionadas con el interés general y apropiadas para asegurar que se logre el objetivo perseguido. Además, estas medidas no podrán ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, siguiendo así el principio de proporcionalidad mencionado por Bulc.

Las regulaciones de estos servicios se establecen a nivel nacional o local, pero deben cumplir con las líneas rojas de los tratados

Esos serán los dos elementos que guiarán a Bruselas en su seguimiento de los nuevos decretos. ¿Hay razones imperiosas relacionadas con el interés general que justifiquen la restricción a la libertad de establecimiento de servicios? ¿Las medidas van más allá de lo necesario?

En su respuesta escrita a la Eurocámara, Bulc también menciona la guía que la Comisión Europea aprobó para ayudar a los estados miembros a navegar en esa laguna legislativa de la economía colaborativa. El documento abordaba sobre todo asuntos de fiscalidad, derecho de usuarios y de trabajadores.

En las conclusiones del documento, el Ejecutivo comunitario señala que “en vista de los importantes beneficios que pueden aportar los nuevos modelos empresariales de economía colaborativa, Europa debería estar abierta a aprovechar estas nuevas oportunidades”, y que la UE debe “apoyar de forma proactiva las oportunidades de innovación, competitividad y crecimiento que ofrece la modernización de la economía”.

“Estamos muertos”

La Generalitat de Cataluña tiene la intención de aprobar estos dos decretos antes del 25 de enero, lo que obligará a Cabify y Uber no solo a ser precontratados con entre seis y 12 horas de antelación, sino que también deberán llevar un dispositivo a través del cual envíen en cada momento sus movimientos y sus servicios contratados, cuya información será registrada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La AMB, un organismo con regulación jurídica propia y presidido por Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha trabajado mano a mano con la Generalitat en lo que es la estocada de muerte para estas dos aplicaciones en Cataluña. Para estas nuevas normas, la Generalitat ha hecho uso del ‘decretazo’ del pasado octubre de Ábalos que daba a las autonomías y a los ayuntamientos la última palabra sobre la regulación de los VTC.

Los documentos a los que accedió El Confidencial establecen más restricciones en materia medioambiental, contratación laboral y Seguridad Social: “Establecimiento de días semanales de descanso, horarios, registro de servicios, condiciones de precontratación y transparencia en las tarifas aplicadas”, reza el texto.

Desde ambas aplicaciones, el mensaje que se envía es claro: esto representa su fin en Cataluña. “Da igual que exijan seis, 12 o 24 horas de precontratación. Con que pidan una, estamos muertos”, aseguró a este periódico un directivo de las VTC.