Fin de ciclo: el gasto en desempleo y los despidos vuelven a crecer

La ralentización de la actividad económica —el Gobierno ha revisado a la baja el avance del PIB tanto para este año como para el pasado— comienza a trasladarse a los centros de trabajo. Pero también al gasto destinado a financiar la cobertura del paro, y que volverá a crecer este año por primera vez desde la crisis económica.

Ello es consecuencia de determinadas medidas de política económica, como el aumento del salario mínimo en un 22,3% (a mayores salarios, prestaciones más elevadas), pero también debido a que el número de trabajadores despedidos o afectados por algún expediente de regulación de empleo ha vuelto a crecer después de una caída intensa desde los máximos niveles, registrados durante los años más duros de la crisis.

El incremento del gasto en desempleo también tiene que ver con la recuperación del subsidio para mayores de 52 años con la finalidad de aumentar la protección de aquellos colectivos que se han visto más castigados por el mercado laboral durante la crisis. Esta medida, según el Gobierno, beneficiará a 114.000 personas que habían quedado excluidas de esa ayuda.

Ello explica el incremento en un 18,9% de los subsidios por desempleo y también, en parte, que las prestaciones (incluidas las del nivel contributivo) crezcan un 4%. El Gobierno ha previsto que para el año 2019 la dotación para prestaciones contributivas se sitúe en 11.603 millones de euros, con las que se prevé dar cobertura a 751.691 beneficiarios.

Hay que tener en cuenta que entre enero y octubre del año pasado, y respecto del año anterior, el número de trabajadores despedidos —incluyendo tanto despidos individuales como colectivos— ha crecido un 4,5%, hasta los 440.785, lo que supone la ruptura de una tendencia descendente que se manifestaba desde 2010.

Igualmente, y en ese mismo periodo, las suspensiones de empleo crecen a un ritmo del 22%. En total, 25.910 trabajadores habían dejado de trabajar temporalmente en los 10 primeros meses del año. En sentido contrario, el número de trabajadores afectados por una reducción de jornada continúa cayendo de forma abrupta, un 56%.

La gran mayoría de los despidos fueron cerrados 'con avenencia' entre empresas y trabajadores, por lo que no llegaron a los juzgados de lo social, pero la tendencia pone de relieve un cambio de ciclo que coincide, precisamente, con el enfriamiento de la actividad, y que el pasado jueves llevó a la ministra Calviño a anunciar que el Gobierno revisará a la baja (hasta el 2,2%) el crecimiento del PIB previsto para 2019. En todo caso, tanto el número de despidos individuales y colectivos como el de suspensiones de empleo son sustancialmente inferiores a los registrados durante la crisis, y para nada pueden compararse con aquellos.

Los 440.785 despedidos hasta octubre incluyen los improcedentes declarados por el empresario (requisito indispensable para cobrar el desempleo), los 16.131 trabajadores afectados por un despido colectivo (que precisan autorización laboral), los despidos con avenencia de las dos partes y aquellos que han sido declarados por los juzgados de lo social.

Las cifras más recientes muestran que de los 16.131 despidos colectivos, el 67% de los afectados trabajaba en una empresa con 50 o más trabajadores, si bien el 63% se registró en siete provincias en las que se produjeron 500 o más despidos: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, A Coruña y Baleares.

Como se ha dicho, otro dato refleja con claridad la nueva realidad del mercado de trabajo. El gasto en desempleo volverá a crecer en 2019 respecto del año anterior, lo que supone el primer aumento desde antes de la crisis, cuando la factura del paro no dejaba de descender por la caída del desempleo y el agotamiento del periodo máximo de percepción del derecho, ya fuera contributivo o asistencial. El Gobierno, de hecho, ha previsto destinar este año a la función desempleo 18.402 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto del año anterior.

Lo relevante en este caso no es tanto el aumento, ligeramente por encima del PIB nominal, sino, por el contrario, el hecho de que se trata del primer incremento desde que en 2010 se disparara el gasto en desempleo como consecuencia de la primera de las dos recesiones que ha sufrido la economía en el último decenio.

Ahorros financieros

Ese año, el gasto alcanzó una cifra récord de 30.975 millones, pero desde entonces, año tras año, ha ido cayendo al calor de la recuperación de la actividad. El gasto en desempleo y los ahorros por los menores gastos financieros han sido, precisamente, los dos factores que más han contribuido a la reducción del déficit público en los últimos años, lo que refleja su importancia en términos económicos.

La cobertura del desempleo, en concreto, supondrá este año el 5% del gasto total del Estado, mientras que otro 8,6% del conjunto del Presupuesto del Estado (sin contar otras administraciones) irá destinado a pagar el servicio de la deuda pública.

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El aumento del gasto en desempleo no tiene nada que ver, como ha sucedido en los últimos años, con un ahorro por el descenso en el desempleo contributivo. Es decir, aquel que se pagan los trabajadores y que se cobra cuando cesa el trabajo. Al contrario. El gasto en prestaciones que tienen su origen en prestaciones contributivas está creciendo a un ritmo del 5,9%, por encima del PIB nominal, mientras que el gasto en subsidio, aquel que paga el Estado cuando se han agotado las prestaciones, se está incrementando un 3,7%. La única partida que se está reduciendo es la renta activa de inserción, que cae un 14,1%.

El cambio en la realidad del empleo se manifiesta de una forma más elocuente en los anuncios que han hecho en las últimas semanas algunas grandes empresas, y que suelen actuar de avanzadilla del mercado laboral. Básicamente, porque tras la última reforma laboral el Estatuto de los Trabajadores da más facilidades para ajustar sus plantillas sin esperar a que entren en pérdidas. Es decir, se despide como un mecanismo de prevención ante el empeoramiento previsible de la cifra de negocio sin que la empresa llegue a estar en pérdidas.

En los últimas semanas, como se sabe, grandes compañías como Vodafone (hasta 1.200 puestos de trabajo), CaixaBank, Alcoa, Schindler, WiZink, Cellnex o Ford (sin precisar cómo puede afectar en España) han anunciado ajustes de plantilla.