se APLICARÁN LOS PLANES DE CONTINGENCIA

Ni apátridas ni en el limbo: todo seguirá igual para los residentes

Bruselas y Londres aplicarán los planes de contingencia pese al Brexit a las bravas. Eso supone que los residentes en ambos territorios mantendrán su actual estatus

Foto: La primera ministra británica, Theresa May, ante la votación del acuerdo del Brexit. (Reuters)
La primera ministra británica, Theresa May, ante la votación del acuerdo del Brexit. (Reuters)

La derrota de Theresa May deja una cosa clara: todo seguirá igual para los residentes. Tanto para los británicos que viven en la UE como para los continentales residentes en la isla. No ha nacido, por lo tanto, ninguna clase de nuevos apátridas.

En ambos casos, España juega un papel fundamental. No en vano, es el país con más británicos dentro de sus fronteras (oficialmente, unos 296.000, aunque la cifra real puede acercarse al millón), pero también el Reino Unido es el país con más españoles residentes. Oficialmente, 130.000, aunque la cifra real puede multiplicarse por tres o cuatro, ya que muchos no aparecen en los registros consulares.

¿Qué ocurrirá a partir del próximo 30 de marzo de 2019 a las 00:00 horas (hora central europea) si no hay un acuerdo de urgencia? Pues que el Reino Unido, simple y llanamente, se convertirá en un tercer país. A partir de ese momento, todo el derecho primario y derivado de la Unión Europea dejará de aplicarse al Reino Unido, a menos que un acuerdo de retirada de última hora que sea ratificado por los Veintisiete establezca otra fecha, algo que, todavía, no se puede descartar.

El hecho de que los ciudadanos británicos residentes en España dejen de pertenecer a la UE no significa, sin embargo, que se conviertan en irregulares. Al contrario. La Comisión Europea ha considerado que los periodos de residencia legal de los ciudadanos del Reino Unido en un Estado miembro con anterioridad a la fecha de retirada —el 30 de marzo— “deben considerarse como periodos de residencia legal en un Estado miembro de la Unión Europea de conformidad con la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración”. Esto ayudará a los ciudadanos del Reino Unido a obtener el estatuto de residente de larga duración en el país en que residan si cumplen las condiciones necesarias.

Ello les permitirá disfrutar del mismo trato que los nacionales en cuanto a acceso al empleo, educación y prestaciones sociales básicas. También les permitirá beneficiarse de derechos de reagrupación familiar y, en determinadas condiciones, adquirir el derecho a residir en otro Estado miembro de la Unión Europea. El único requisito es que para seguir residiendo y trabajando en un Estado miembro, los británicos tendrán que estar en posesión de un permiso de residencia expedido por las autoridades nacionales de migración.

Brexit por las bravas

Como contrapartida, la Comisión Europea ha recibido garantías de la primera ministra May de que si hay Brexit por las bravas, los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido quedarán protegidos de manera similar a los de los británicos en la UE.

Bruselas espera ahora que esta garantía —todavía no formalizada— pueda ser invocada por los ciudadanos residentes en las islas. A tal efecto, las oficinas de representación de la CE en el Reino Unido están proporcionando información y facilitando asesoramiento jurídico a los residentes en el Reino Unido para ayudarles a garantizar su estatuto jurídico de conformidad con las normas que se apliquen en el Reino Unido después de la retirada.

Eso significa que si todo sale como está previsto, está descartado que se puedan exigir visados. La Comisión Europea, de hecho, está preparando una propuesta de reglamento por el que se modifica el reglamento sobre visados. La propuesta tiene por objeto facilitar la circulación de personas entre la Unión Europea y el Reino Unido, al eximir a los nacionales de este país de la obligación de visado para estancias de corta duración en la Unión Europea, a condición de que los nacionales de todos los estados miembros de la Unión Europea queden igualmente exentos de los requisitos de visado del Reino Unido.

Hay otra cosa clara: se juega a todo o nada. Es decir, no valen pactos bilaterales. La comunicación enviada por Bruselas a los países miembros deja bien claro que los estados miembros “deben abstenerse de entablar debates y celebrar acuerdos bilaterales con el Reino Unido, que irían en detrimento de la unidad de la UE”. Por lo tanto, aunque España sea el país más afectado, el margen de maniobra del Gobierno para buscar una solución parcial es igual a cero.

La Unión Europea, sin embargo, sí ha dispuesto algunas soluciones de emergencia para paliar el efecto sobre los trabajadores residentes que puede tener un Brexit a las bravas. Y, en concreto, Bruselas permitirá que los gobiernos nacionales ayuden a sus empresas si son perjudicadas por la salida del Reino Unido.

En particular, se ha decidido flexibilizar las normas sobre ayudas estatales, lo que permitirá prestar ayuda de consultoría a las pequeñas y medianas empresas (pymes) o ayuda de formación, lo que podría ser utilizado en caso de que tengan que salir del país, incluidos los posibles futuros trámites aduaneros. Estas ayudas, incluso, pueden destinarse a garantizar la liquidez de las pymes, como adelantó este martes la ministra de Industria, Reyes Maroto.

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