El Gobierno asigna 100 millones al año de la recaudación por CO2 para cerrar el carbón

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.

En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el pasado 24 de octubre el Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que también podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

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Juan Cruz Peña

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras -organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas.

Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático.

Ayudas de carácter social

La normativa aprobada este viernes actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional.

Prejubilación a partir de los 48 años

Así, podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales.

Ampliación de plazo

El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el ámbito del 'Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018' y cuya vigencia expira el próximo 31 de diciembre. Desde la entrada en vigor de esta norma, contarán con una prórroga de dos años.