Tacha el uso partidista de la Mesa del Congreso

Primera sentencia del Constitucional contra los vetos de gasto de Rajoy al Congreso

El TC reclama que los vetos de gasto deben estar motivados. También advierte a la Mesa del Congreso que tiene que guiarse por criterios técnico-jurídicos y no por "oportunidad política"

Foto: El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la moción de censura (Efe)
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la moción de censura (Efe)

Cuando Mariano Rajoy perdió su mayoría absoluta en el Congreso, se tuvo que enfrentar a una situación inédita para él: un Gobierno en minoría dependiente de las decisiones del Parlamento. Una de las decisiones que adoptó fue vetar todas las iniciativas legislativas de la oposición que tenían un impacto en el gasto público apoyándose en su control de la Mesa del Congreso (con el apoyo de Ciudadanos). Solo dejó pasar una, la de Podemos sobre la regla de gasto, y fue porque lo hizo cuatro minutos tarde. Muchos partidos recurrieron estos vetos indiscriminados ante el Tribunal Constitucional solicitando un recurso de amparo y finalmente ha llegado la primera sentencia que critica la acción del Gobierno y también de la Mesa del Congreso.

En concreto, la sentencia, dictada por la Sala Primera, se refiere a un veto del Gobierno, aceptado por la Mesa, que eliminó una proposición de ley del PSOE en la que planteaba modificar la legislación de las pensiones no contributivas para que pudieran cobrarla dos familiares que viviesen la misma residencia de la tercera edad. La PL daba respuesta a un caso concreto, el de Julia y Encarna Garijo, de 94 y 84 años de edad que cobraban sendas pensiones no contributivas. La Seguridad Social retiró la prestación a una de las hermanas cuando la otra fue internada en la misma residencia ya que se consideraba que compartían la misma unidad de convivencia. El Grupo Socialista presentó entonces esta PL para no que no computase este tipo de centros como unidad económica de convivencia, pero el Gobierno la vetó por suponer un incremento del gasto público.

El fallo del Constitucional señala que el Gobierno y la Mesa "vulneraron el derecho a ejercer las funciones representativas" de los diputados al impedir su iniciativa legislativa. No solo eso, sino que al vetar a los diputados, también afectaron al "derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes". El Tribunal no entra a valorar el cambio de la normativa que propuso el Grupo Socialista, pero sí señala claramente que la Mesa actuó de forma inconstitucional.

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El TC señala que su sentencia viene motivada por la "especial transcendencia constitucional" de la medida porque "el recurso afecta a una faceta de un derecho fundamental en el que no hay doctrina de este Tribunal". De ahí la importancia de este fallo. El Constitucional es muy claro: reclama a la Mesa del Congreso que actúe de forma diligente, esto es, debe guiarse por criterios "técnico-jurídicos" y que "no puede responder en ningún caso a criterios de oportunidad política".

La Mesa debe llevar a cabo un control reglado del ejercicio de la facultad del Gobierno, no puede responder a oportunidad política

La politización de la Mesa del Congreso ha sido una constante en esta Legislatura, ya que los partidos se rigen por sus intereses en lugar de actuar de forma técnica. Solo así se explica que haya decenas de iniciativas legislativas paralizadas en el Congreso. El mejor ejemplo está en la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad del Grupo Socialista para quitar al Senado el poder de veto sobre la senda de estabilidad. Pese a que se intentó tramitar por vía de urgencia, sigue paralizada tres meses después. El Grupo Socialista intentó evitar a la Mesa introduciendo esta reforma en la tramitación de otra ley y la Mesa lo volvió a vetar con la mayoría de PP y Ciudadanos. Pero también el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido vetos a otras proposiciones de ley en la Mesa apoyándose, en su caso, en el PP. El mejor ejemplo es el veto a la iniciativa de Ciudadanos para mejorar la rendición de cuentas de las universidades.

La Mesa del Congreso debe velar por los derechos fundamentales de los parlamentarios derivados de la Constitución

El Constitucional señala claramente en su sentencia que "la Mesa debe velar por los derechos fundamentales de los parlamentarios derivados del artículo 23 de la Constitución". En el caso que juzga el TC, señala que el veto del Gobierno no estaba bien justificado y, a pesar de este defecto, la Mesa lo aceptó. En ese caso, las dos hermanas pensionistas ya estaban cobrando su prestación, por lo que la medida no suponía ningún incremento del presupuesto en el ejercicio presente. En todo caso, afectaría los presupuestos de los siguientes ejercicios. De ahí que la "causalidad entre la aprobación de la proposición de ley y su impacto presupuestario está fundada en un mero juicio hipotético; en una posibilidad o conjetura", señala el TC.

Es precisamente ahí donde falló el comportamiento de la Mesa. El Constitucional acepta que la Mesa no tiene que encargarse de comprobar si el cálculo del incremento de gasto que hace el Gobierno es correcto, pero señala claramente que está encargada de "constatar que el mismo es real y efectivo y no una mera hipótesis". En este caso no hay ninguna duda, ya que el propio Gobierno reconocía que el gasto era hipotético de cara al futuro, de modo que no estaba motivado su veto. En definitiva, la Mesa no actuó con diligencia. Por si quedaba alguna duda, el TC concluye que "la Mesa podrá rechazar la falta de conformidad del Ejecutivo en aquellos casos en los cuáles el Gobierno no haya concretado la afectación al presupuesto".

La Mesa podrá rechazar al Ejecutivo en aquellos casos en los que el Gobierno no haya concretado la afectación al presupuesto

El TC repite a lo largo de toda la sentencia que la Mesa del Congreso tiene que ser muy cuidadosa en su acción de calificación de las iniciativas legislativas, ya que está en juego el derecho de los diputados y, por extensión, el de todos los ciudadanos. Esto significa que la Mesa no puede actuar como un árbitro que decida qué iniciativas deben discutirse, sino que tiene que regirse estrictamente por criterios técnico-jurídicos.

Por su parte, el Gobierno que quiera vetar una propuesta que aumente el gasto tiene que "precisar adecuadamente los concretos créditos que se verían directamente afectados de entre los contenidos en el presupuesto en vigor". Esto es, no podrá presentar un veto alegando que supone un incremento del gasto. Por último, es importante señalar que solo puede vetar las iniciativas que supongan un incremento de partidas presupuestarias concretas, y no únicamente del gasto. Por ejemplo, si existe una partida que no se va a ejecutar al 100% y la oposición propone un cambio normativo para elevar el gasto hasta el 100%, el Gobierno no tendrá poder de veto, ya que no afecta al presupuesto.

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El fallo del TC obliga a restablecer el derecho del Grupo Socialista a presentar esa proposición de ley y declara nulas los acuerdos de la Mesa del Congreso de los días 24 de octrubre y 201 de noviembre de 2017. Además, el Constitucional obliga a la Mesa a que "dicte un nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada que sea respetuoso con el derecho de participación política del artículo 23 de la CE".

El veto del PP a la tramitación de la PL del PSOE obligó a las dos hermanas a separarse y vivir en dos centros diferentes para poder conservar sus pensiones. Finalmente, tras el cambio de Gobierno, el PSOE modificó la normativa y ahora dos familiares pueden convivir en un centro de mayores y cobrar cada uno una pensión no contributiva. En el caso de las contributivas nunca existe este problema, ya que no son una ayuda social, sino la percepción de un derecho ganado durante toda su vida de cotización a la Seguridad Social.

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