De la boina a la Movida: así transformó la Constitución la economía de España

La salida del franquismo, el inicio de la democracia y la firma de la Constitución Española no solo cambió la estructura política y social de España, también generó una profunda transformación económica. En estos 40 años, ha pasado de ser una economía eminentemente rural y autárquica a otra abierta al mundo, competitiva y con la ‘terciarización’ propia de los países desarrollados contemporáneos. Un cambio que no hubiese sido posible sin el paso inicial: el establecimiento de un sistema democrático consolidado en la Constitución de 1978.

Es cierto que muchos de los cambios que vivió España a finales de los setenta comenzaron a finales de los sesenta con los Planes de Desarrollo Económico y Social que comenzaron la transformación del país. Sin embargo, no fue hasta la llegada de la Transición cuando cuajaron, permitiendo la apertura de España al exterior, el desarrollo de estructuras de Estado contemporáneas (incluyendo el Estado del bienestar) y la transformación del tejido productivo del país. En apenas un lustro, España se quitó la boina y se metió en la Movida: pasó de ser una economía rural de invernadero a un país moderno, abierto al exterior, competitivo y con un Estado del bienestar bien asentado.

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Hasta la década de los setenta la economía española era eminentemente rural, con un campo muy poblado que vivía de una agricultura muy rudimentaria. Habitualmente se ignora la transformación del sector primario, pero fue la base para liberar mano de obra que se destinaría a otras tareas más propias de finales del siglo XX. La mecanización y robotización del campo español fue fugaz: en unas pocas décadas se pasó de cultivar el campo casi con las técnicas establecidas por los romanos a disponer de equipos modernos que hacían buena parte del trabajo.

Ningún sector como el agrícola ha mostrado un crecimiento de la productividad tan grande desde los años setenta. Este gráfico del catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, Leandro Prados de la Escosura, refleja a la perfección este fenómeno: el valor añadido bruto por hora trabajada de la agricultura se ha multiplicado por 7,2 desde la Transición, más del doble que la industria (por 3,3 veces) y casi cinco veces más que el sector servicios.

Este proceso permitió producir más alimentos con muchos menos recursos, lo que liberó mucha mano de obra que abandonó el campo hacia las ciudades, donde se creaban los nuevos puestos de trabajo. Esta transformación está en la base de la modernización de España. En la última etapa del franquismo, casi el 20% de la población se dedicaba al sector primario y generaban el 8% del PIB; hoy apenas son un 4,2% y generan el 2,6% del PIB. No solo eso: el sector primario español ha conseguido fama mundial y exporta multitud de alimentos que cuentan con un gran valor añadido gracias a la robotización del campo.

De los Pactos de la Moncloa a la UEM

Los historiadores señalan como una de las claves del éxito de España el amplio consenso sobre la estrategia económica. El objetivo compartido de que la meta a corto plazo era entrar en la Unión Europea obligó a fijar una ruta clara para la política económica: el cumplimiento de los criterios de convergencia. Esto provocó que todos los partidos remarcan en la misma dirección, aunque con evidentes matices. Pero en líneas generales, España marcó un proyecto que siguió durante los primeros años de democracia.

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Esos objetivos están plenamente consolidados hoy: estabilidad macroeconómica, Estado del bienestar, solidaridad intergeneracional, economía de mercado, etc. Aunque en los últimos años han surgido formaciones políticas que los ponen en duda, las fuerzas ‘constitucionalistas’ siguen aglutinando a la mayoría.

“Una de las claves del éxito fue el consenso político sobre la estrategia económica cuando se instala la democracia”, explica Francisco Comín, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá. Los Pactos de la Moncloa, con el acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía, sembró el germen de todo el desarrollo vivido desde entonces. España había superado mejor que otras economías la crisis del petróleo provocado por la Guerra del Yom Kippur, sin embargo, al inicio de la Transición el país presentaba unos desequilibrios macroeconómicos explosivos: déficit público, inflación disparada, salarios deprimidos, bajísima productividad de la economía, la intervención estatal con empresas públicas, etc.

Una de las claves del éxito fue el consenso político sobre la estrategia económica cuando se instala la democracia

Todos estos desequilibrios eran la herencia de las políticas franquistas que cambiaron de forma radical con la llegada de la democracia. “Los Pactos de la Moncloa fueron el origen del cambio político, el único problema fue que duraron muy poco”, lamenta Comín. A partir de ese momento, los partidos políticos alcanzan un gran acuerdo para modernizar la economía y las instituciones del Estado y converger hacia la Unión Europea para conseguir el acceso lo antes posible.

Uno de los protagonistas de esa transición fue Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del primer Gobierno de Adolfo Suárez, quien diseñó la reforma del Estado y la modernización de la Hacienda pública. “Fuentes Quintana trabajó en la reforma tributaria desde finales de los sesenta, pero en 1973, cuando tenía que presentarla, Franco cambió el Gobierno y paralizó la reforma”, explica Comín, “esto provocó que Fuentes Quintana ya prefiriese esperar a la democracia para llevar a cabo la reforma”.

O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis económica acaba con la democracia

Fuentes Quintana fue muy claro en su diagnóstico, y lo hizo recuperando una famosa frase de un político en la República de 1932: “O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis económica acaba con la democracia”. En esta ocasión, los demócratas consiguieron estabilizar la economía y sentaron las bases de un exitoso periodo para España, tanto desde el punto de vista del crecimiento como de la distribución de la renta.

Los Pactos de la Moncloa sentaron los cimientos para construir la economía social de mercado de la que hoy disfruta España. De hecho, la liberalización fue compatible con la protección social que ayudó a expandir las clases medias y reducir la desigualdad. “El franquismo optó por salarios muy bajos pero mucho empleo: no se echaba a los trabajadores porque no se podía, pero había mucho pluriempleo por las retribuciones tan bajas”, señala Comín.

A partir de ese momento se desarrollará toda la legislación laboral que flexibiliza las condiciones de los trabajadores (se habilita el despido, se introducen los contratos temporales, etc.), pero, a cambio, se crea el Estado del bienestar para proteger a quienes se quedan al margen.

Una transformación fugaz

La década de los ochenta dio origen a un cambio acelerado de la economía española. Se privatizaron los sectores productivos, se introdujo la competencia en el mercado, se facilitó la entrada de inversión extranjera, se abrieron las fronteras al comercio y las personas… La entrada en la UE y posteriormente en el euro condicionaron la política económica y ayudaron decisivamente al desarrollo del país. “La disciplina macroeconómica que se adoptó desde el inicio de la democracia ayudó mucho al desarrollo del país”, explica Ángel de la Fuente, analista de Fedea.

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España contaba con tres grandes fortalezas para abrirse al exterior: “Unos niveles salariales muy bajos, infraestructuras decentes y una población relativamente bien formada”, lo que sirvió para atraer capital extranjero, señala de la Fuente. Estas fortalezas compensaron los bajos niveles de productividad de la economía.

Es evidente que todavía queda camino para culminar la convergencia con los países europeos líderes. Sin ir más lejos, España todavía tiene una elevada economía sumergida que lastra la recaudación y que impide que el Estado del bienestar sea comparable al de Alemania, Francia o los países del norte. Además, los niveles de inversión en I+D son muy bajos comparados con los de los países líderes, lo que hace que España sea incapaz de tener una economía puntera y productiva.

Las fortalezas de España eran los bajos salarios, las infraestructuras decentes y una población relativamente bien formada

España ha pasado de tener sectores productivos subsidiados (en muchos casos con monopolios estatales) a tener una economía diversificada muy competitiva. Basta con ver dos de los cambios más importantes que ha vivido el país en este periodo: la balanza por cuenta corriente y el peso de las exportaciones en el PIB. Al finalizar el franquismo era impensable que España tuviese un saldo positivo de la balanza por cuenta corriente, ya que los bienes y servicios que producía el país eran poco competitivos en el mercado internacional y, en paralelo, tenía limitadas las importaciones porque no disponía de recursos para aumentarlas.

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Lo impensable ha ocurrido y España registrará en 2018 su sexto superávit consecutivo. Y eso a pesar de los problemas del comercio internacional. Por su parte, las exportaciones, que apenas suponían un 14% del PIB al finalizar el franquismo, han crecido más que el doble del PIB, hasta suponer hoy algo más de un 32% de toda la economía española.

De hecho, el sector exterior ha mantenido un peso creciente en el PIB a pesar de la caída de la aportación de la industria. En los últimos años del franquismo, la industria aportaba algo más del 27% del PIB, lo que contrasta con el escaso 16% actual. Es evidente que este sector ha sufrido un largo declive producido, en gran medida, por la decadencia de la siderurgia y el carbón del norte de España. Las importaciones han sustituido a una parte de la industria nacional, pero, a cambio, el país liberó recursos para dedicarlos a sectores en los que tenía una ventaja comparativa, de modo que ha sido más rentable para el país.

El resultado de todos estos logros de España ha sido una rápida convergencia con Europa en términos de renta que todavía está pendiente de culminar. Antes de la constitución, el PIB per cápita de España apenas era un 70% del de Francia, un 65% del de Alemania o un 76% del de Italia. En 2017, esta brecha se había reducido significativamente, y eso a pesar de que España todavía está un paso por detrás en la salida de la crisis. El PIB per cápita es ya un 94% del de Francia, un 78% del de Alemania y un 106% del de Italia, esto es, España ha adelantado a su vecino del Mediterráneo.

Madrid y el Mediterráneo

Una transformación tan profunda también deja por el camino ganadores y perdedores. España ha pasado de ser un país eminentemente rural y con una industria muy potente en el norte (País Vasco y Asturias) a ser una economía de servicios concentrada en la capital y la costa del Mediterráneo.

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El peso de Madrid en el PIB nacional ha crecido en 2,4 puntos desde 1978, según los datos de la serie regional elaborada por Ángel de la Fuente, investigador de Fedea. Es lógico que haya sido así, ya que la entrada del capital extranjero con la llegada de la democracia se localizó principalmente en las grandes ciudades. El ‘efecto capital’ que se percibía en otros grandes países europeos como Francia o Reino Unido, se ha reproducido en España y sigue haciéndolo. La Comunidad de Madrid ha alcanzado a Cataluña en peso en el PIB y tardará pocos años en ser la primera e indiscutible.

Por el contrario, País Vasco y Asturias han retrocedido en 1,2 y 1,1 punto respectivamente en su aportación al PIB. El final de la industria siderúrgica está en la base del deterioro del norte de España. Eso no significa que no haya crecido, pero lo ha hecho menos que otras regiones, como la costa mediterránea: el turismo, unido a una industria que ha perdurado (ropa, cerámica o alimentación) han permitido que Comunidad Valenciana y Murcia hayan crecido por encima de la media.

España tiene por delante otros retos muy diferentes a los de la transición que obligan al país a tomar medidas decisivas de cara al futuro. Tres son los más importantes: el envejecimiento demográfico, la transición energética y el crecimiento potencial. Estos retos requieren, como en la Transición, un gran consenso de los partidos para afrontarlos con una determinación y una estrategia compartida.