El Gobierno dará prevalencia al convenio del sector sobre el de empresa para los salarios

Los agentes sociales ya saben que el Gobierno no derogará por completo la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. En su lugar, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social eliminará los "aspectos más nocivos", en palabras de su ministra, Magdalena Valerio. Una de ellas es la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa que sirvió para acelerar el deterioro de las condiciones laborales.

Por ese motivo, "recuperaremos el papel protagonista de la negociación colectiva", ha anunciado la ministra en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Así, el convenio sectorial volverá a ser el prioritario para todas las empresas, ya que estos convenios suelen garantizar mejores derechos para los trabajadores. Al fin y al cabo, las empresas tienen más poder de negociación en el 'cara a cara' con sus empleados, en especial en las pymes.

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"El convenio empresarial podría no representar fielmente el equilibrio entre las dos partes", ha explicado Valerio, con el agravante de que "si es una empresa pequeña, los trabajadores no están preparados para soportar la presión de la contraparte empresarial". Por este motivo, el Gobierno recuperará la importancia del convenio sectorial como vía para mejorar la calidad del empleo.

El descuelgue debe ser un mecanismo excepcional para cuando las empresas tengan verdaderos problemas económicos

Otra de las medidas más importantes, el Gobierno recortará los motivos de descuelgue de las empresas para asegurar la máxima aplicación de los convenios colectivos. "El descuelgue debe ser un mecanismo excepcional para cuando las empresas tengan verdaderos problemas económicos", ha señalado. Para la ministra, el descuelgue "es tan ambiguo que es poco garantista para los derechos de los trabajadores".

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Valerio también quiere recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos que eliminó la reforma laboral. Desde el año 2012, si los trabajadores y los empresarios no llegan a un acuerdo para renovar un convenio colectivo caducado, este solo mantiene su vigencia un año. Para desbloquear estas situaciones, el Gobierno permitirá a las partes que acudan a un arbitraje externo si las negociaciones están totalmente encalladas.

Cuzada contra la precariedad

El Gobierno quiere iniciar una cruzada contra el empleo temporal, que es una de las grandes lacras del mercado laboral español. En los últimos años, han proliferado los contratos por horas o por unos pocos días dentro del proceso de precarización del empleo que ha vivido el país. Estos contratos tienen un incentivo evidente para las empresas, ya que no cotizan a la Seguridad Social por los días libres correspondientes (vacaciones y fines de semana) y tampoco por la paga extra prorrateada, de modo que son más baratos que el resto de contratos.

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Para evitar esta situación, el Ministerio de Trabajo incorporará un recargo en la cotización por contingencias comunes que haga que el tipo efectivo de cotización sea idéntico al resto de contratos. Un incremento de la cotización que afectará exclusivamente a la cuota empresarial, por lo que no la tendrán que soportar los trabajadores. De esta forma, eliminaría un incentivo perverso que tienen las empresas para utilizar estos contratos temporales de muy corta duración.

La ministra Valerio ha anunciado la medida en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. "Vamos a actuar sobre la cotización de los contratos más cortos para que tengan la misma carga de cotización que los temporales más largos y los indefinidos", ha informado la ministra. De este modo, evitarán "que las empresas visualicen como más barato contratar a los trabajadores por horas o unos pocos días".

Vamos a actuar sobre la cotización de los contratos más cortos para que tengan la misma carga de cotización que los más largos

Actualmente, los contratos de menos de siete días ya cuentan con una penalización en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. En concreto, la cuota empresarial sufre un recargo del 36%. Los cálculos del ministerio determinan que esta penalización no es suficiente para equiparar el coste de los contratos de menos de siete días al resto, por lo que el ministerio está buscando la fórmula para igualarlos.