La comisión bilateral Estado-Generalitat no podrá traspasar más competencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' del Govern, Quim Torra, acordaron el lunes recuperar las vías de comunicación que existían entre los dos ejecutivos hasta la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. El canal legal de diálogo es la comisión bilateral Estado-Generalitat, tal y como figura en el Estatut de Cataluña. La comisión lleva sin reunirse desde el año 2011 y retomará su actividad en otoño.

Este paso supone un avance importante para normalizar las relaciones entre los dos gobiernos, pero tiene poco alcance en términos normativos. La comisión bilateral es el canal de relación entre el Estado y la Generalitat, pero su papel es básicamente político.

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Las funciones de la comisión bilateral son deliberar, hacer propuestas y, en todo caso, adoptar acuerdos sobre las materias incorporadas en el Estatut. En ningún caso la comisión bilateral puede transferir competencias del Estado a la comunidad autónoma. Su labor se ciñe al diálogo entre los dos gobiernos y al contenido incluido en el Estatut. Eso sí, los acuerdos sobre competencias ya transferidas son de obligado cumplimiento para las dos partes.

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Esto no significa que la comisión bilateral no tenga un papel importante. Como figura en el Estatut, “constituye el marco general y permanente de relación entre los gobiernos de la Generalitat y el Estado”. Un canal que el Ejecutivo de Rajoy eliminó y que ahora Sánchez y Torra han querido recuperar. Además, el propio Estatut indica que se tiene que reunir en sesión plenaria “al menos dos veces al año” y, además, siempre que una de las partes lo solicite. Esta es la vía legal para el intercambio de información y la colaboración entre los dos gobiernos.

La comisión bilateral constituye el marco general y permanente de relación entre los gobiernos de la Generalitat y el Estado

Por ejemplo, la Generalitat podrá opinar sobre la política económica del Gobierno en todas las materias que afecten a los “intereses y las competencias de la Generalitat”, pero no tendrá la capacidad para interferir en las decisiones del Estado.

En definitiva, se trata de un canal con un carácter marcadamente político pero con escasa capacidad de decisión. Eso sí, de este diálogo pueden surgir acuerdos que posteriormente el Gobierno decida plasmar en la legislación. Cualquier transferencia de competencias adicional a la que figura en el Estatut tendrá que ser aprobada por los parlamentos de España y Cataluña.

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Esta comisión bilateral no es un privilegio de Cataluña, ya que está incorporada en otros estatutos de autonomía. Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura también tienen esta vía de comunicación con el Gobierno central.

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La comisión tiene que tener el mismo número de representantes de las dos partes. El máximo representante del Gobierno es el titular del Ministerio de Administraciones Públicas, en este caso la ministra Meritxell Batet. Por parte de la Generalitat, este puesto lo ocupa el 'conseller' de Interior, Miquel Buch. Eso sí, cualquiera de los dos puede delegar en un tercero la representación. La presidencia de la comisión tiene carácter rotativo entre las dos partes.

Desde el año 2007, la comisión bilateral se ha reunido en ocho ocasiones. La última fue el 19 de julio de 2011, unos meses antes de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero disolviese el Congreso y convocase nuevas elecciones.

Las relaciones económicas

Los acuerdos en materia económica y fiscal entre el Estado y la Generalitat se canalizarán a través de la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. Esta es la vía de comunicación para los temas de financiación autonómica y, en general, todas las relaciones fiscales y financieras.

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En este caso, la comisión tiene mayor capacidad de decisión, ya que se encarga de acordar las condiciones de la cesión de tributos, la contribución a la solidaridad o el reparto de los fondos europeos.

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También existe una comisión para la gestión de las inversiones estatales en las infraestructuras de Cataluña. En este caso, la comisión está integrada igualmente por los representantes de las administraciones locales afectadas. Esta comisión tiene la función de estimar el peso de Cataluña en el PIB del Estado para los siete años siguientes, porcentaje que determinará la inversión de la Administración central en la región.