Los inspectores piden a Sánchez que otorgue independencia a la Agencia Tributaria

La lucha contra el fraude fiscal es uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En sus presupuestos alternativos valoró en 1.500 millones de euros la capacidad recaudatoria que tendría la Agencia Tributaria en el corto plazo con una reforma en profundidad de la AEAT y una reasignación de sus recursos. Una cuantía suculenta que serviría, por ejemplo, para financiar la subida de las pensiones con el IPC.

Ahora son los inspectores de la Agencia quienes recuerdan a Sánchez sus promesas. El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, indica que la prioridad es conseguir una Agencia Tributaria independiente que funcione al margen de injerencias políticas. Y así conseguir mayor eficiencia en su trabajo. "Deberíamos de gozar de más independencia y no depender tanto del poder político", explica Groba.

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Los inspectores llevan años pidiendo un Estatuto de la Agencia Tributaria que consolide su independencia, pero no han conseguido ningún avance hasta el momento. Por eso, ahora recuerdan a Sánchez que él lo prometió hace solo tres meses. En sus presupuestos alternativos, los socialistas abogaban por la creación de un "Estatuto de la Agencia Tributaria para reforzar su autonomía y mejorar su gobernanza". Ahora ha llegado el momento de cumplir su palabra.

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"Tenemos altas expectativas porque el nuevo director de la Agencia [el inspector Jesús Gascón] tiene una hoja de servicios que pocos pueden mejorar", explica Groba, "pero la incógnita es la capacidad de maniobra que tendrá respecto del Ministerio de Hacienda". "De momento la música es buena, pero veremos cómo se toca", sentencia el presidente de los inspectores.

Tenemos altas expectativas porque el nuevo director de la Agencia, Gascón, tiene una hoja de servicios que pocos pueden mejorar

La asociación ha intentado ponerse en contacto con el nuevo presidente del Gobierno, pero todavía no ha recibido respuesta. Los esfuerzos del Ejecutivo en materia fiscal se centran en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, por lo que el resto de las materias han pasado a un segundo plano. Los inspectores confían en tener una respuesta del Gobierno lo antes posible para ver cómo se ejecutan los acuerdos alcanzados con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y para trasladar las demandas del colectivo. “Hay acuerdos de personal e inversión que hay que respetar y que entran en vigor en septiembre", afirma Groba.

Entre las medidas que piden los inspectores para conseguir una Agencia Tributaria independiente se incluye el nombramiento de directores generales que no puedan ser cesados por el Gobierno. Justo esto es lo que ocurrió tras la moción de censura: el PSOE destituyó al anterior director, Santiago Menéndez, para nombrar a Gascón. Los inspectores consideran que el director de la AEAT debe tener un mandato de entre 5 y 6 años y que no pueda ser cesado por motivos políticos.

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En el Estatuto que demandan los inspectores vienen recogidas una serie de competencias que mejorarían su lucha contra el fraude. Entre ellas destacan la posibilidad de actuar de incógnito, de pagar confidentes, de premiar la colaboración ciudadana o de mejorar las competencias para la investigación. Medidas que ahora demandan a Sánchez para luchar de una forma más eficaz contra la economía sumergida.

Localizar el fraude fiscal

El PSOE considera que la Agencia Tributaria debe destinar más recursos a perseguir el fraude de los grandes contribuyentes, esto es, las grandes empresas y los 'ricos'. En numerosas ocasiones han repetido que la clave para mejorar la recaudación es atacar a esas bolsas de fraude, pero los inspectores no tienen tan claro que sea la mejor vía.

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"Creo que se exagera el fraude de las grandes empresas y los grandes contribuyentes", explica Groba. El ahorro fiscal que consiguen estas personas físicas y jurídicas procede principalmente de la elusión de impuestos, esto es, minimizan la carga impositiva utilizando la ley y no contra ella. "Quien oculta los ingresos no son las grandes empresas, ellas juegan con la legislación, son las pequeñas y medianas empresas quienes defraudan más", explica Groba.

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Además, asegura que los grandes contribuyentes ya soportan una inspección exhaustiva: "No hay una gran empresa que no esté siendo inspeccionada periódicamente cada dos o tres años", señala el presidente de IHE. Es por este motivo que los inspectores consideran que hay que mantener la lucha contra el fraude a todos los niveles. Para atacar la elusión de las grandes empresas, es necesario desarrollar una legislación a nivel internacional que elimine todos los resquicios legales de los que se benefician estas compañías.

"No hay una gran empresa que no esté siendo inspeccionada periódicamente cada 2 o 3 años"

Los inspectores consideran que la mejor vía para asignar los recursos de forma eficiente es cubrir las necesidades más evidentes que hay en la actualidad. Por ejemplo, uno de los mayores cuellos de botella se genera en el departamento de informática por el desarrollo de la economía digital.

Los inspectores piden al nuevo Gobierno que incremente los recursos humanos destinados a la lucha contra el fraude. "No podemos duplicar la plantilla de la noche a la mañana, pero sí se necesita un plan para aumentar en 5.000 el número de efectivos durante los próximos años", explica Groba. Independencia, nuevas competencias y mayores recursos son las claves de los inspectores para aflorar toda la economía sumergida que hay en España.