Piden abordar primero la tributación de las empresas

Un sector del PSOE duda del impuesto al diésel: “Afectará a las clases trabajadoras”

Sánchez prometió que no subiría los impuestos “ni un céntimo de euro” a las clases trabajadoras, pero endurecer la fiscalidad al diésel elevaría la presión fiscal en unos 2.000 millones

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dialoga con varios diputados socialistas en el Congreso. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dialoga con varios diputados socialistas en el Congreso. (EFE)

Durante su etapa en la oposición, Pedro Sánchez tranquilizó a las clases medias asegurando que su partido solo subiría los impuestos a ‘los ricos’ y las empresas. Llegó a decir que no incrementaría la tributación de las clases trabajadoras “ni un céntimo de euro”. Sin embargo, ahora que está en el Gobierno, uno de los primeros impuestos que está estudiando es el del diésel. Es cierto que este tributo iría encaminado a desincentivar los motores de diésel, que son los más contaminantes, pero el resultado indirecto es un aumento de la presión fiscal para las clases medias y bajas.

Es por este motivo que en los últimos días ha surgido una corriente dentro del PSOE que prefiere olvidar el impuesto al diésel y centrar los esfuerzos en otras figuras impositivas. Endurecer la fiscalidad del diésel supondría incrementar la presión fiscal sobre las clases trabajadoras y los autónomos en unos 2.000 millones de euros. Además, afectaría especialmente a las clases bajas, que tienen vehículos más antiguos que contaminan más.

Desde el punto de vista ecológico tiene sentido dejar de incentivar el diésel porque es más contaminante, y también primar los vehículos más eficientes. El problema es que hay muchas familias que no tienen margen presupuestario para cambiar su coche. La mayor parte de la carga fiscal caería sobre los propietarios de vehículos diésel antiguos. En otras palabras: las clases populares. Por este motivo han surgido algunas voces en el partido que prefieren dejar para otro momento este tributo. Al menos, que no sea uno de los primeros que sube Sánchez.

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“Si subimos la fiscalidad del diésel estaríamos perjudicando directamente a las clases trabajadoras”, asegura una persona del Gobierno, “tal vez deberíamos replantearnos la medida y buscar otras alternativas ecológicas”. El Ministerio de Hacienda sigue adelante con el estudio de este impuesto, pero ahora ya duda de su idoneidad. La opción de posponer esta opción y centrar el tiro en el impuesto de sociedades y otras figuras tributarias que afecten a las empresas es ahora una posibilidad real.

Si subimos la fiscalidad del diésel estaríamos perjudicando directamente a las clases trabajadoras

El Gobierno de Sánchez no solo es débil desde el punto de vista parlamentario (apenas cuenta con 84 diputados), sino que también se enfrenta a una reválida en un año, con las elecciones autonómicas y municipales. En el Ministerio de Hacienda nadie duda de que la oposición atacará al Ejecutivo si finalmente aprueba esta subida de impuestos y le recordará a Sánchez que prometió no subir “ni un céntimo de euro” la fiscalidad a las clases trabajadoras.

Un sector del PSOE duda del impuesto al diésel: “Afectará a las clases trabajadoras”

El Gobierno ha intentado ‘vender’ este impuesto como una medida ecológica que viene recomendada por la Comisión Europea y otros organismos internacionales. Sin embargo, esos mismos organismos internacionales también piden subir el IVA a la hostelería y otros productos beneficiados con el tipo reducido y no por ello el Ejecutivo se plantea hacerlo.

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El mero anuncio de que el ministerio está estudiando endurecer este impuesto ya ha generado mucha polémica, lo que podría hacer cambiar de opinión al Gobierno. Por si fuese poco, la medida coincide con un momento de escalada del petróleo que ha llevado al precio del diésel a máximos no vistos desde el año 2014. Una subida de impuestos aceleraría el coste de llenar el depósito del coche.

Bonificaciones y ayudas

Una de las opciones que se plantea el Gobierno es bonificar el impuesto a los profesionales que utilizan motores diésel para su actividad. Es el caso de los camioneros o los agricultores, que ya se benefician actualmente, para los que el impuesto encarecería sus costes intermedios. Sin embargo, es imposible bonificar el tributo a todas las clases trabajadoras.

Otra opción que está sobre la mesa del ministerio es ofrecer ayudas para que las familias cambien sus vehículos antiguos por otros nuevos y más eficientes. Esta sería la opción idónea desde el punto de vista ecológico, pero el problema está en que muchas familias no pueden plantearse tal inversión. Ni siquiera con ayudas públicas. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicada la semana pasada, más de un tercio de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos. Para ellos, invertir en un coche ecológico es una quimera y asumir un incremento de la fiscalidad del diésel, un gran agujero. Tampoco las arcas públicas pueden permitirse muchas ayudas, ya que los recursos son escasos y el Gobierno ya ha realizado muchas promesas de gasto.

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Equiparar la fiscalidad del diésel a la gasolina supondría elevar el impuesto especial un 31%. Actualmente, la gasolina está gravada con 40,25 céntimos de euro por litro, mientras que el diésel paga 30,7 céntimos el litro. Indudablemente el diésel está incentivado con esta fiscalidad más favorable, pero retirar este beneficio ahora supondría un gran prejuicio para muchos hogares y afectaría más a quienes llegan justos a final de mes.

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