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La sospecha de corrupción en la ciudad más endeudada acorrala a Fernández de Moya
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Cada ciudadano 'debe' 3.800 euros de deuda

La sospecha de corrupción en la ciudad más endeudada acorrala a Fernández de Moya

El 'delfín' de Montoro tendrá que declarar ante la Justicia por supuesta malversación y cohecho. Ciudadanos pedirá su dimisión si se confirma la imputación formal

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, felicita al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en su toma de posesión. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, felicita al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en su toma de posesión. (EFE)

El nombramiento de José Enrique Fernández de Moya como secretario de Estado de Hacienda fue uno de los más inesperados del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, optó por designar a un ‘delfín’ como mano derecha: el alcalde de su ciudad, Jaén, y uno de sus seguidores más fieles. Fernández de Moya no aparecía en ninguna de las quinielas, ya que nunca antes había ocupado un cargo de responsabilidad a nivel nacional, pero Montoro tenía grandes planes para él. Ahora, sin embargo, esta elección se ha visto empañada por la Justicia, y en uno de los momentos más delicados de la legislatura, ya que hoy comienza la votación de los Presupuestos Generales del Estado que permitiría a Rajoy agotarla.

Como adelantó la Cadena SER de Jaén, el Juzgado de Instrucción número 2 jienense ha citado a Fernández de Moya a declarar en calidad de investigado por supuestos pagos “inflados” a la empresa Matisreg. La imputación se basa en un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil del que se deducen “indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas, con la provisionalidad propia de esta fase procesal, la posible comisión de ilícitos penales”.

Foto:  El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya

La investigación sobre Fernández de Moya está agravada por el pasado del número dos de Montoro como alcalde de la ciudad más endeudada de España. Jaén, en deuda por ciudadano, es un municipio, de los mayores de 40.000 habitantes, con un pasivo que se sitúa en el entorno de los 3.800 euros per cápita. Si existía una ciudad en la que era imprescindible controlar cada euro de dinero público, esa era Jaén, por eso la investigación deja en una situación tan delicada al secretario de Estado. "¿Quién vigila al vigilante?", denuncia Francisco Reyes, secretario del PSOE de Jaén, "el PP tiene que dar hoy mismo explicaciones, no puede permanecer en silencio ni un minuto más".

[PP y Ciudadanos firmarán el Presupuesto con mayor déficit estructural desde 2012]

Según el auto judicial, en la época en que Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en el año 2012, se concedió a dedo el servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad a la empresa Matisreg y se “infló” el precio para beneficiar a la compañía. Una actuación que denunció el grupo municipal socialista y que finalmente ha derivado en la investigación del ahora secretario de Estado.

Existen indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas la posible comisión de ilícitos penales

Para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Jaén es uno de los nueve grandes ayuntamientos que se encuentran al borde del colapso. El consistorio paga a sus proveedores con un retraso de más de 500 días y la deuda sobre los ingresos corrientes del ayuntamiento supera el 400%. En otras palabras, tendría que destinar casi todos sus ingresos de cinco años para pagar todo su pasivo. Esto es 13 veces más que el conjunto del subsector, lo que evidencia hasta qué punto la situación presupuestaria de Jaén es crítica.

placeholder Informe de la AIReF sobre las cuentas públicas de Jaén.
Informe de la AIReF sobre las cuentas públicas de Jaén.

Fernández de Moya firmó algunos de los presupuestos más inverosímiles de todas las corporaciones locales. En 2012 (ejercicio por el que se investiga al exalcalde), el presupuesto inicial de la corporación anticipaba un superávit de algo más de 12 millones de euros gracias a unos ingresos no financieros próximos a los 150 millones. Sin embargo, los ingresos finales apenas superaron los 90 millones, poco más de la mitad. Por el contrario, el consistorio presupuestó unos gastos inferiores a los 140 millones de euros y tampoco cumplió sus estimaciones, ya que superó los 140 millones de gasto. El resultado es que los 12 millones de superávit que presupuestó se convirtieron finalmente en un déficit de más de 50 millones de euros.

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont da una rueda de prensa en presencia de su sucesor. (EFE)

El quebranto para las arcas públicas del municipio se estima en más de 3,6 millones, lo que habría ido directamente a engrosar la deuda de la ciudad. El juez determina que “aparentemente se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución, con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la calidad de los facturados”.

Se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas no realizadas y se incrementaban los costes y la calidad de los productos

El pago de las facturas se realizó “sin comprobar la ejecución de los trabajos, ni el empleo de los materiales que se facturan”. De ahí que también haya sido citado a declarar el próximo 5 de junio el técnico encargado de conformar las facturas.

Viejas heridas

La investigación de Fernández de Moya ha servido para reabrir viejas heridas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del propio Fernández de Moya. El PSOE ha solicitado la comparecencia del ministro para que dé explicaciones en el Congreso sobre su ‘delfín’. Una petición que ven con buenos ojos tanto Unidos Podemos como Ciudadanos, por lo que parece difícil que Montoro pueda esquivar el caso.

Foto: La mayoría del Congreso reprueba a Montoro por beneficiar a los defraudadores. (EFE)

El ministro ya fue reprobado el pasado mes de junio, después de que el Tribunal Constitucional anulara la amnistía fiscal de 2012. La sentencia del Constitucional sacó los colores a Montoro por poner a los defraudadores “en una situación más favorable” que el resto de contribuyentes. La contundencia de sus palabras motivó la reprobación del Congreso a su actuación. Ahora tendrá que responder por la investigación a su mano derecha.

Fernández de Moya también ha participado en decisiones muy polémicas en su corto periplo en el ministerio. La más importante fue la intervención de los pagos del Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de noviembre. El secretario de Estado pasó a realizar un control semanal de las cuentas del consistorio tras denegar su tercer Plan Económico-Financiero (PEF), una acción inédita hasta ese momento y que se impuso sobre el municipio con mayor superávit de España.

En ese momento, Fernández de Moya recomendó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que “cumpla la ley” y que “reconduzca su senda de gasto”. Unas palabras que podrían volverse en su contra si prospera la investigación que hay en marcha por malversación y cohecho.

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Ciudadanos ha optado por solicitar la comparecencia de Fernández de Moya en el Congreso para dar las explicaciones oportunas sobre su imputación. Fuentes del partido afirman que si se confirma la investigación, pedirán su dimisión para respetar el acuerdo de investidura de Rajoy. En ese pacto, las dos formaciones se comprometieron a apartar a los cargos públicos imputados formalmente por corrupción.

Fernández de Moya ha defendido su inocencia argumentando que una “denuncia idéntica” fue archivada en 2014. “Mi patrimonio es mi honestidad, mi patrimonio es mi integridad personal y esta no la va a discutir nadie”, declaró el martes ante los periodistas. Sin embargo, en esta ocasión, la citación del juzgado viene motivada por un estudio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, por lo que no es una simple denuncia.

Foto: Periodistas esperan a las puertas de la vivienda del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. (EFE)

Este argumento difícilmente podrá convencer a la oposición, que ya mira con desconfianza a la figura del secretario de Estado. En cualquier caso, el escándalo se filtró a la prensa antes incluso de que el propio afectado conociese su citación, por lo que “no sé de qué se me acusa”, protestó. En cualquier caso, la investigación irrumpe también en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que afrontan hoy la primera sesión de votación, que probablemente finalizará el jueves.

La participación del PNV está todavía en el aire, por lo que este contratiempo podría complicar todavía más el acuerdo. Sin embargo, fuentes del Gobierno explican que hay una máxima confianza en que las cuentas se aprobarán finalmente con los mismos 176 diputados que el año pasado.

El nombramiento de José Enrique Fernández de Moya como secretario de Estado de Hacienda fue uno de los más inesperados del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, optó por designar a un ‘delfín’ como mano derecha: el alcalde de su ciudad, Jaén, y uno de sus seguidores más fieles. Fernández de Moya no aparecía en ninguna de las quinielas, ya que nunca antes había ocupado un cargo de responsabilidad a nivel nacional, pero Montoro tenía grandes planes para él. Ahora, sin embargo, esta elección se ha visto empañada por la Justicia, y en uno de los momentos más delicados de la legislatura, ya que hoy comienza la votación de los Presupuestos Generales del Estado que permitiría a Rajoy agotarla.

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