El PSOE reivindica la alterglobalización y denuncia el liberalismo a ultranza

Entre la globalización a ultranza y el proteccionismo hay un territorio ideológico, y por él, precisamente, quiere transitar la actual dirección del Partido Socialista, que ha aprobado, finalmente, su estrategia de política comercial. El documento ha sido previamente pactado con los sindicatos UGT y CCOO y las cinco ONG españolas más representativas.

O lo que es lo mismo, el PSOE desvela su posición sobre un debate nunca dormido en el partido en relación al modelo de globalización que necesita el planeta, y que hace ahora un año provocó un sonoro escándalo dentro del PSOE, cuando el recién elegido secretario general, Pedro Sánchez, anunció que su partido se abstendría en la ratificación del acuerdo comercial con Canadá (CETA, según sus siglas en inglés). Fruto de aquel debate es la resolución acordada este lunes por la ejecutiva federal, que se alimenta de un documento previo aprobado por la Comisión Europea que propone atemperar la globalización para frenar su aspectos más negativos.

Se parte de una consideración: la globalización “a ultranza”, según el PSOE, “ha mostrado ser incompatible con un progreso económico justo y sostenible de la humanidad”. Mientras que, en sentido contrario, el partido de Sánchez sostiene que el “neoproteccionismo” representa un retroceso “que imposibilitaría el progreso económico de los países menos competitivos, los emergentes y los en vías de desarrollo”.

Es decir, entre ambos límites se enmarca la posición del PSOE, que considera que la globalización “exige un compromiso de la UE y de todos los actores internacionales para redefinir un marco económico incluyente, con instituciones supranacionales con capacidad para regular los mercados financieros, luchar contra los monopolios, los cárteles y los privilegios concesionales, y, muy especialmente, erradicar los paraísos fiscales”.

El documento, elaborado por el equipo de su responsable económico, Manu Escudero, llega a la conclusión de que “es necesario construir una “alterglobalización”, concepto que se define como una “globalización justa” que, sin renunciar a los beneficios del comercio y a la apertura, sea capaz de asegurar “las condiciones para el progreso económico, social, democrático y medioambiental de la humanidad”.

Estos son los principales puntos de la resolución.

Defensa del multilateralismo. El Partido Socialista considera que negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad. La izquierda socialdemócrata, asegura, no está en contra del comercio internacional, sino a favor de la desaparición de barreras arancelarias. Y de ahí que se defiendan el multilateralismo y la Organización Mundial de Comercio (OMC) para asegurar las transacciones internacionales.

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Comercio justo. Los socialistas consideran que el primer objetivo de los acuerdos comerciales debe ser que sean justos, inclusivos y que beneficien a la mayoría de los ciudadanos, contribuyendo a un progreso económico sostenible y generador de empleo de calidad, tanto en la Unión Europea como en los países socios. De ahí que propongan incorporar en todos los acuerdos comerciales un capítulo específico que aborde con rigor la perspectiva de género para que la mitad de la población no se quede al margen de las potencialidades del comercio internacional, así como otro sobre pymes para que puedan aprovechar plenamente los acuerdos comerciales para facilitar su integración en el mercado mundial.

Tribunales de arbitraje. El PSOE entra de lleno en una de las cuestiones más controvertidas del comercio mundial: la resolución de los conflictos. Y, en este sentido, propone que todos los acuerdos comerciales incluyan un capítulo de comercio y desarrollo sostenible que incorpore disposiciones vinculantes, sujetas a posibles sanciones, y un mecanismo de resolución de disputas adecuado y efectivo que posibilite la participación de los representantes de la sociedad civil. Los críticos de la globalización han acusado frecuentemente a los estados de arrugarse judicialmente en favor de las multinacionales, que acuden a órganos de arbitraje privados para la solución de los conflictos.

El PSOE quiere que, en todo acuerdo comercial, se garantice el derecho de los gobiernos a regular, suministrar y apoyar los servicios públicos, a no privatizarlos como consecuencia del acuerdo y a la exclusión de cualquier disposición que mine la posibilidad de renacionalizar servicios actuales o futuros de interés general, aunque repercuta negativamente en las expectativas de beneficio futuro de un inversor. Debe existir un equilibrio entre la seguridad del inversor y el derecho a regular en defensa del interés general que impida decisiones abusivas de gobiernos o litigios basados en argumentos abusivos por parte de los inversores.

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Es preciso acabar, dicen los autores del documento, con los sistemas de arbitraje privado —existentes en más de 1.700 acuerdos bilaterales y diseñados a mitad del siglo pasado—, y avanzar en la creación de un régimen internacional de resolución de disputas mediante un Tribunal Multilateral de Litigios y Apelación, público y permanente.

Transparencia. Los críticos con la globalización suelen denunciar el 'secretismo' con que se negocian los acuerdos comerciales, y, en este sentido, se reclama que “con la necesaria discreción”, la información sobre el proceso negociador “debe ser accesible y asequible para todos los ciudadanos”. Se pide, en concreto, que el Consejo publique todos los mandatos negociadores, los nuevos y los previamente adoptados aún opacos.

Paraísos fiscales. El Partido Socialista pretende que todos los acuerdos comerciales incluyan una sección específica con medidas para combatir la corrupción e implementar las convenciones multilaterales y los estándares internacionales anticorrupción. Paralelamente, dado que la globalización financiera ha supuesto el desarrollo de paraísos fiscales que posibilitan la elusión de las obligaciones fiscales dañando al bien común y mermando los servicios públicos, los tratados deberán contener un compromiso recíproco de convergencia en la lucha contra los paraísos fiscales, a nivel internacional y en los ámbitos territoriales de las partes implicadas en los tratados.

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Participación democrática. Este es otro de los asuntos más controvertidos. Y lo que reclama el Partido Socialista es lo que denomina 'doble llave'. Es decir, que en las negociaciones no solo participe el poder ejecutivo, sino también el legislativo. Y en concreto, se propone incluir en las negociaciones a todos los posibles interesados, además de las empresas, inversores y representantes de los trabajadores, a organizaciones representantes de las mujeres y en defensa de la igualdad de género, así como aquellas en defensa de los derechos laborales y medioambientales.

Ganadores y perdedores. Sobre este asunto, se defiende una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica entre todos, lo que obliga a identificar en cada acuerdo a los potenciales ganadores y perdedores. En concreto, se propone que las personas desfavorecidas por la apertura comercial sean compensadas apropiadamente, además de prevenir las adversas consecuencias en términos de pérdida de empleo impulsando nuevas iniciativas empresariales y capacitando y formando adecuadamente a los trabajadores.

'Dumping' laboral, social y medioambiental. El PSOE reclama una política comercial que garantice una competencia internacional justa y que asegure la reciprocidad de acceso a mercados de terceros países. Para ello, propone que la UE se dote de instrumentos de defensa comercial eficaces y potentes frente al 'dumping' laboral, social y medioambiental de terceros países que desprotege a las industrias y destruye empleo, así como tomar las medidas necesarias para asegurar la reciprocidad de acceso a los mercados.