¿Qué hacen Almunia, Piqué, Borrell o Ana Palacio firmando el mismo manifiesto?

La tibieza que mostró el Gobierno de Rajoy en su propuesta de reforma del euro ha sido compensada por un manifiesto firmado por una veintena de economistas —también expolíticos— que reclaman avanzar de forma más intensa en la unión monetaria. Pero también en la unión política, con la creación de nuevas instituciones capaces de intervenir las cuentas de un país en caso de flagrante incumplimiento de la gobernanza europea.

El manifiesto, gestionado a través del Real Instituto Elcano, lo firman desde Joaquín Almunia y Josep Piqué hasta la exministra Ana Palacio, junto a José Borrell, Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech (BBVA) y los economistas Daniel Fuentes, Fernando Fernández o Álvaro Anchuelo, exdiputado de UPYD.

El análisis que se hace parte de una realidad. Se esperaba que el euro fortaleciera más a Europa, pero no ha sucedido así, lo que se achaca a que el diseño original de la unión monetaria 'minimizó' la importancia de la unión bancaria, fiscal y la integración política. El resultado fue que no se proporcionaron los incentivos adecuados para promover las reformas estructurales necesarias para mantener el alto nivel de vida de Europa en un mundo más globalizado y competitivo.

A partir de este análisis, lo que se sugiere es mayor coordinación y disciplina fiscal, a la vez que la puesta en marcha de mecanismos efectivos capaces de estabilizar la moneda única en periodos de turbulencias con el objetivo de romper el vínculo entre los bancos y la deuda soberana, que es la causa de la segunda recesión. Garantizando, al mismo tiempo, una coordinación macroeconómica más eficaz y una mayor legitimidad en la toma de decisiones.

Aunque los firmantes del documento reconocen que, desde el estallido de la crisis, la UE ha avanzado en la integración, esta es todavía insuficiente, por lo que advierten de que si no se hace nada, los países con elevados déficits pueden, a largo plazo, resultar políticamente insostenibles, lo que acabaría socavando la confianza de los ciudadanos en la moneda única. Es por eso que se reclama mayor integración política. Precisamente para profundizar en la democracia y en la legitimidad de las instituciones.

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Y lo que se recomienda, en concreto, es que para que la unión monetaria funcione de forma efectiva, la zona euro se dote de una autoridad fiscal central que tenga su propio presupuesto de ingresos y con capacidad de emitir deuda mutualizada entre todos los países de la zona.

Esta autoridad (encabezada por una persona propuesta por el Eurogrupo para convertirse en el comisario del euro y específicamente ratificada por un comité creado recientemente para asuntos de la UEM en el Parlamento Europeo) debería ser responsable de hacer cumplir las normas fiscales. Normas, sostienen los firmantes del documento, que deberían ser “más simples y más creíbles”. También sería responsable de establecer la posición fiscal general para el conjunto de la zona del euro, con vistas a garantizar un estímulo adecuado durante las recesiones y consolidación en periodos expansivos.

Políticas fiscales

Por lo que respecta al actual MEDE (Mecanismo de Estabilidad), lo que se propone es que su personal forme parte de los funcionarios comunitarios para convertirse en un Consejo de Estabilidad Fiscal Europeo (FSB, por sus siglas en inglés) que supervisaría los políticas fiscales y macroeconómicas. Es decir, una especie de Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Mientras que el FSB estaría, por lo tanto, a cargo de un análisis técnico de la estabilidad fiscal, la autoridad fiscal sería la responsable de adoptar las decisiones políticas definitivas con el siguiente mandato: los países que cumplan con las reglas recibirán apoyo fiscal contracíclico durante las recesiones, y los países que no cumplan las reglas, quedarían a su suerte.

Sobre la mutualización de riesgos, lo que se propone es avanzar en un mecanismo común de garantía de depósitos y hacia una mayor convergencia en las leyes de bancarrota, contando con toda la estructura de la unión bancaria con un respaldo fiscal suficiente para hacerla creíble.

El objetivo es crear un área monetaria libre de riesgos respaldada implícitamente por el Banco Central Europeo (BCE). Se propone, igualmente, crear incentivos positivos para que los países emprendan reformas estructurales impopulares, mientras que la autoridad fiscal central podría proporcionar financiación para cuestiones como la seguridad, la protección de fronteras o la transformación digital.

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Sobre el futuro del BCE, lo que se propone es que el banco central se convierta de forma efectiva en un prestamista de último recurso para los estados miembros en circunstancias excepcionales.

Es decir, a la manera de la Reserva Federal. Igualmente, se propone una posición más beligerante en los mercados de deuda, como hoy se está haciendo con el actual programa de compras de deuda pública. Evitando, de esta manera, ataques especulativos o pánicos en los mercados de bonos. Y en esta línea, se plantea que en caso de insolvencia oficial de un Estado miembro, la autoridad fiscal central tenga capacidad para el control de las finanzas públicas negociando un memorando de entendimiento con el país sometido a la presión de los mercados.

Esta es la lista de firmantes del manifiesto en favor de más integración europea.

• Joaquín Almunia, Álvaro Anchuelo, Josep Borrell, Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech, José Fernández Albertos, Fernando Fernández, Daniel Fuentes, Gonzalo García Andrés, Alicia García-Herrero, Manuel Alejandro Hidalgo, José Moisés Martín Carretero, Miguel Otero-Iglesias, Emilio Ontiveros, Ana Palacio, Josep Piqué, Manuel de la Rocha, Belén Romana, Federico Steinberg, Raymond Torres y Juan Tugores.