El PP acepta que la subida de las pensiones no tenga en cuenta la solvencia del Sistema

La reforma de las pensiones del año 2013 introdujo un cambio revolucionario: por primera vez la revalorización de las prestaciones se vinculaba a la solvencia del sistema. De este modo, la subida anual dependería de la diferencia entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social, un método que recibió rápidamente el apoyo de la Comisión Europea, que comprendió que era una forma de garantizar a largo plazo el equilibrio presupuestario.

El Gobierno ha defendido esta reforma todo lo que ha podido, pero la presión de la oposición, de los jubilados y de la sociedad, en general se ha vuelto insoportable. Por eso ahora el Partido Popular está dispuesto a derogar su reforma y buscar una vía de revalorización que no tenga en cuenta la solvencia del sistema. En otras palabras, que el cálculo de la subida se realice sin tener en cuenta si el sistema está en déficit o superávit.

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El IPC recuperará el protagonismo en la subida de las pensiones que tenía hasta el año 2013. Sustituirá así al denostado índice de revalorización de las pensiones (IPR), que precisamente vinculaba el incremento de las prestaciones a la evolución financiera de la Seguridad Social. El Pacto de Toledo está dispuesto a aceptar la inclusión de algún otro indicador que complemente al IPC, pero en ningún momento aceptará que se vincule a la solvencia del Sistema. El PP se ha resignado a asumir este cambio que exigen la mayor parte de partidos del Congreso. Así lo explican fuentes del partido, quienes consideran que este es un gran paso adelante que realiza el Partido Popular para poder desbloquear un acuerdo mayoritario en las próximas semanas. Los indicadores complementarios que se están negociando actualmente son los salarios, las cotizaciones a la Seguridad Social y el crecimiento del PIB.

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De esta forma, el Pacto de Toledo forzará al Gobierno a desvincular definitivamente el gasto del sistema de los ingresos. En adelante, el ritmo de los gastos será el que se requiera para garantizar el poder adquisitivo de todas las pensiones, esto es, que suban tanto, o más, que el IPC.

La consecuencia es que la única variable que podrá garantizar el equilibrio del Sistema serán los ingresos. Solo así se podrá mantener la solvencia de la Seguridad Social en el largo plazo. Si los ingresos por cotizaciones son insuficientes para abonar todas las pensiones contributivas, o si los gastos se disparan como consecuencia del envejecimiento de la población y de la revalorización con el IPC, será necesario ajustar el desfase con más ingresos.

La única variable que podrá garantizar el equilibrio del Sistema en el futuro serán los ingresos

El punto en el que hay finalmente un acuerdo mayoritario es que las pensiones tienen que mantener el poder adquisitivo y que la solvencia del sistema tiene que garantizarse por la vía de los ingresos. El Pacto de Toledo está negociando cuál es la mejor forma de hacerlo. Por el momento hay varios acuerdos parciales, pero ninguno definitivo.

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El principal es profundizar en la separación de fuentes, esto es, en sacar gastos de la Seguridad Social que no sean exclusivamente el pago de las pensiones. Entre los ejemplos que se han debatido en el Pacto en numerosas ocasiones está el salario de los funcionarios o los gastos corrientes. El Gobierno también ha propuesto la ‘tasa Google’ como un impuesto dedicado a financiar las pensiones, aunque todavía no ha detallado si sería un tributo finalista o simplemente se destinaría a engrosar los ingresos del Estado para realizar posteriormente una transferencia a la Seguridad Social. Otra opción que se baraja es elevar la base máxima para que coticen una parte de las rentas exentas de contribución.

Un déficit contable

Lo más importante es comprender que el déficit de la Seguridad Social es un apunte contable. Por extraño que parezca, se trata de un desfase presupuestario en uno de los subsectores de la Administración que se puede recolocar en otro subsector con una transferencia. Esto significa que bastaría con que la Administración Central realizase cada año una transferencia a la Seguridad Social que cubriese todo el déficit para conseguir el equilibrio en este subsector.

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El problema a partir de ahora es que el gasto en pensiones amenaza con crecer sin control durante las próximas décadas por un triple efecto: envejecimiento, sustitución y revalorización. Es por este motivo que España se juega recibir una gran reprimenda de la Comisión Europea si considera que el país no tendría instrumentos para equilibrar ingresos y gastos.

El equilibrio se rompería definitivamente si prospera la propuesta que está liderando Unidos Podemos de elevar la pensión mínima hasta 1.080 euros mensuales. Esto supondría elevar en un 66% la pensión mínima actual (sin cónyuge a cargo) e igualar la pensión media actual. Una subida que obligaría a realizar una fuerte subida de impuestos para poder abordar el gasto.

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La mayor parte de los partidos está en contra de esta propuesta por el impacto presupuestario que tendría. Incluso el PSOE se plantea un objetivo menos ambicioso para las pensiones más bajas. Para empezar, garantizar en todos los casos una subida con el IPC y, posteriormente, subirlas lo que sea posible. Pero realizar de golpe una subida hasta 1.080 euros al mes es una propuesta más que ambiciosa.