La OCDE advierte de que los pobres pagan más impuestos sobre el ahorro que los ricos

"Hay que abrir un debate sobre la tributación de la nómina y la tributación del capital". Esta frase la pronunció el miércoles el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero. Este es el punto de partida que ha seguido el partido para proponer una reforma en el impuesto sobre el ahorro con el objetivo de aproximar sus tipos marginales a los de las rentas salariales y aumentar la progresividad del tributo.

El debate que plantea en España se repite en el resto de los países desarrollados. Así lo ha puesto de relieve la OCDE con un doble estudio sobre la tributación del ahorro y la riqueza. El organismo ha detectado que los principales países desarrollados tienen una fiscalidad sobre el ahorro que no cumple con el principio de neutralidad. "Los países no tienen que gravar más el ahorro, pero sí tienen un espacio significativo para mejorar la forma en la que gravan el ahorro", señala la organización.

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El problema que ha localizado la OCDE es que los activos en los que tradicionalmente invierten las rentas bajas pagan un tipo efectivo más elevado que la media. Por el contrario, las rentas altas realizan una planificación del ahorro que permite reducir al máximo su factura fiscal (por vías legales). El resultado es que, en muchos países desarrollados, la fiscalidad sobre el ahorro no es progresiva, ni siquiera homogénea, sino que es regresiva. En otras palabras, aumenta más la brecha entre las clases altas y las bajas. "Los sistemas fiscales actuales favorecen el ahorro de los hogares que tienen una mejor situación financiera", señala el organismo.

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La OCDE señala que las rentas bajas que pueden ahorrar, invierten buena parte de su dinero en cuentas y depósitos bancarios, a las que se les cargan unos tipos efectivos que suelen ser superiores al resto de productos. El resultado es que el tipo que soportan las rentas bajas en muchos países desarrollados es superior al de las rentas altas, lo que resulta en una fiscalidad regresiva. (Para medir el tipo marginal efectivo, el organismo no solo tiene en cuenta el tipo nominal del impuesto, también valora los beneficios fiscales, otros impuestos aplicables y el efecto de la inflación).

Los sistemas fiscales actuales favorecen el ahorro de los hogares que tienen una mejor situación financiera

En el caso de España, los hogares con rentas bajas (con ingresos equivalentes al 67% de la renta media) pagan un tipo marginal efectivo por sus depósitos y cuentas del 27%, lo que convierte a su producto principal de ahorro en uno de los más gravados del país. Por el contrario, las rentas altas (con ingresos que superan el 500% de la renta media) invierten una proporción mayor de sus ahorros en acciones y fondos, los cuales pagan un tipo marginal efectivo del 25,6%.

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La OCDE también señala otro producto español que beneficia a las rentas altas: el seguro individual de ahorro a largo plazo (SIALP). Este instrumento está exento de tributación con un límite máximo de aportación anual de 5.000 euros y siempre que se mantenga el dinero durante cinco años. Para las rentas bajas es complicado tener inmovilizado su ahorro durante este periodo y en muchos casos, tampoco tienen la cultura financiera para dominar este activo. Sin embargo, las rentas con una buena planificación fiscal sí acostumbran a contar con este producto en sus carteras.

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Este tipo de productos benefician especialmente a las clases altas, que disponen de recursos para minimizar su factura fiscal. El resultado es que, aunque los países desarrollen un impuesto progresivo (los tipos marginales son crecientes con la renta), el diferente tratamiento fiscal de los productos de ahorro acaba por afectar a las rentas bajas. "El análisis de la asignación de activos en función de los distintos niveles de ingresos y riqueza muestra que las diferencias en el tratamiento fiscal de ciertos tipos de ahorro favorecen a los contribuyentes más ricos", sentencia el organismo.

Ser o no ser

El objetivo de estos beneficios fiscales para determinados vehículos de inversión es doble: fomentar el ahorro de las familias y atraer inversión extranjera. En otras palabras, no se trata de crear 'agujeros' en los impuestos para las rentas altas, sino que persigue un fin mayor: elevar el nivel de ahorro de la economía. Sin embargo, genera estos efectos perversos sobre la progresividad del sistema.

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La OCDE ha detectado que esto es común en la mayor parte de países desarrollados. Casi todos tienen algún tipo de incentivo a la inversión en acciones, fondos y planes de pensiones, productos en los que las rentas altas invierten la mayor parte de su ahorro.

Las diferencias en el tratamiento fiscal de ciertos tipos de ahorro favorecen a los contribuyentes más ricos

La organización recomienda a los países que aborden una reforma fiscal para que la imposición sobre el ahorro sea más progresiva. Esto no significa elevar la recaudación, se puede incrementar la presión sobre las rentas altas y, con ese margen, aliviar la carga de las bajas. La OCDE ofrece dos vías para hacerlo. La primera es unificar los ingresos del trabajo y del capital y gravarlos por igual dentro de una base imponible única o mantenerlos diferenciados pero con tipos marginales crecientes para el capital. Esta segunda opción es la que prefiere el organismo, ya que "los ingresos de capital ya han sido previamente gravados con el impuesto de sociedades".

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La reforma también tiene que avanzar hacia la neutralidad de la fiscalidad. El diferente tratamiento impositivo de los productos financieros canaliza una mayor parte del ahorro hacia los activos que soportan una carga menor. Es lógico que sea así, ya que los ciudadanos tratan de maximizar el retorno de su inversión. Sin embargo, esto afecta a la neutralidad que se le exige a todo sistema tributario, ya que distorsiona la realidad que existiría sin esos impuestos. Por este motivo, la OCDE recomienda equilibrar los tipos nominales de los diferentes productos financieros. Solo pone una excepción, los planes de pensiones, que considera útil promocionarlos para elevar el nivel de ahorro finalista para la jubilación, en especial en los países en los que las pensiones públicas son de baja cuantía.