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Las CCAA temen que el Gobierno les pase la factura de bajar el IRPF a los jubilados
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Negociación para los presupuestos

Las CCAA temen que el Gobierno les pase la factura de bajar el IRPF a los jubilados

El Gobierno y Ciudadanos negocian elevar la exención en el IRPF de los pensionistas a 17.000 euros. Las comunidades socialistas han preguntado si afectará a la recaudación autonómica del impuesto

Foto: Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero de 2017. (EFE)
Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero de 2017. (EFE)

Moncloa y Ciudadanos siguen negociando los últimos flecos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que aprobará el Consejo de Ministros el próximo día 27. La formación naranja ha exigido al Gobierno que amplíe la exención en el IRPF a los pensionistas cuya renta no supere los 17.000 euros anuales. Una decisión que beneficiaría a algo más de un millón de jubilados, pero que tendrá un impacto presupuestario que está pendiente de cuantificar.

Las comunidades autónomas han mostrado su preocupación al Gobierno ante este anuncio, ya que temen que sean ellas quienes terminen pagando la factura de los acuerdos de Moncloa. Las regiones gobernadas por el PSOE han consultado al Ejecutivo cómo quedará redactada la exención del IRPF para saber si afectará también al tramo autonómico del IRPF. Si la rebaja del impuesto se realizase a través del tipo estatal no afectaría a la recaudación de las comunidades autónomas. Sin embargo, lo que se está negociando es elevar la exención para que todos aquellos pensionistas que ganen menos de 17.000 euros no tengan que tributar.

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de las pensiones. (EFE)

Como una parte de la recaudación corresponde al tramo autonómico, si los pensionistas no tributan, las comunidades podrían perder estos ingresos. Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, ha preguntado al Gobierno y a Ciudadanos “si pretenden endosar la mitad de su coste a las comunidades autónomas o si irá contra la tarifa del Gobierno”. Por ejemplo, las comunidades ya soportan las exenciones en vigor, por eso temen que el Ejecutivo les imponga que también cargarán con las nuevas.

Hemos preguntado si pretenden endosar la mitad de su coste a las comunidades o si irá contra la tarifa del Gobierno Central

Las comunidades autónomas consultadas aseguran que todavía no han recibido ninguna comunicación del Gobierno, pero recuerdan que tampoco tuvieron noticia alguna en septiembre. En ese momento, el Ejecutivo acordó con Ciudadanos que aprobaría una rebaja del IRPF de 2.000 millones de euros que incluía un incremento de la exención fiscal para todas las personas físicas de 12.000 euros a 14.000, una medida que sería equivalente a la que está ahora sobre la mesa. Finalmente no se puso en marcha porque el Gobierno tuvo que posponer, a última hora, la presentación de los Presupuestos por el aumento de la tensión derivada del 'procés'. Tampoco en ese momento las regiones recibieron ninguna información del Gobierno.

[La guerra fiscal entre CCAA solo beneficia a Madrid y a las rentas altas]

“En ese momento ya preguntamos al Gobierno si nos iba a afectar el acuerdo con Ciudadanos, pero no obtuvimos ninguna respuesta”, explican desde uno de los gobiernos autonómicos. Es por eso que en esta ocasión temen que tampoco recibirán ninguna comunicación desde Moncloa hasta que se presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en las Cortes, previsto para el próximo 3 de abril. “Estaremos muy atentos a la letra pequeña de los Presupuestos”, explican desde otra comunidad, ya que no están dispuestos a cargar con la factura de los pactos de Rajoy.

Sin noticias de Moncloa

Las regiones no entienden este hermetismo del Gobierno si se tiene en cuenta que supondría un buen 'tajo' fiscal para las comunidades autónomas. La realidad es que tanto Moncloa como el resto de partidos están siendo muy prudentes en sus declaraciones para no boicotear los avances. Desde que Rajoy anunció una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y del IRPF a los mayores, apenas han trascendido datos de las conversaciones entre los 'socios de presupuestos'.

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Fuentes de la negociación explican que la 'letra pequeña' de la factura fiscal todavía no se ha cerrado. Todavía está en el aire si la mitad del coste de las exenciones fiscales recaerá sobre las cuentas de las comunidades autónomas. Esto no significa que las regiones vayan a perder recursos, ya que dado el buen ritmo de la economía, la recaudación será superior a la pérdida de ingresos por la rebaja fiscal. Sin embargo, no sería tan grande como podría haber sido en ausencia de esta medida.

La letra pequeña de la rebaja fiscal todavía no se ha cerrado, por lo que está por decidir si una parte cae sobre las comunidades autónomas

La ampliación de la exención para los pensionistas que ganen menos de 17.000 euros anuales es una exigencia de Ciudadanos para aprobar las cuentas del año 2018. Esta rebaja de impuestos es otra política fiscal expansiva por la vía de los ingresos. La intención es mejorar la situación de los mayores más vulnerables sin la necesidad de cargar nuevos gastos sobre la Seguridad Social.

[Rajoy mantendrá el factor de sostenibilidad que bajará las pensiones un 0,5%]

Eso sí, este retoque del IRPF, unido al que ya pactó el Gobierno con Ciudadanos el pasado mes de junio, supone introducir más 'agujeros' en el impuesto. Estos beneficios fiscales son una de las causas por las cuales los ingresos públicos en España son cinco puntos del PIB inferiores al conjunto de la eurozona, esto es, algo más de 60.000 millones de euros. Ingresos que permitirían pagar casi la mitad de todas las pensiones contributivas y, por tanto, cerrar todo el déficit de la Seguridad Social tres veces y media.

Moncloa y Ciudadanos siguen negociando los últimos flecos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que aprobará el Consejo de Ministros el próximo día 27. La formación naranja ha exigido al Gobierno que amplíe la exención en el IRPF a los pensionistas cuya renta no supere los 17.000 euros anuales. Una decisión que beneficiaría a algo más de un millón de jubilados, pero que tendrá un impacto presupuestario que está pendiente de cuantificar.

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