Rajoy pone el foco en los ingresos y descarta recortar el gasto en pensiones

La estrategia del Gobierno para atacar el cuantioso déficit del sistema de pensiones comienza a disiparse. El objetivo es aumentar los ingresos sin incrementar las cotizaciones sociales, lo que exigirá limpiar del balance de la Seguridad Social todas aquellas partidas que ahora se financian con cuotas y no con impuestos.

No se hará de la noche a la mañana. Al contrario. El Ejecutivo pretende ejecutar el plan de forma progresiva y durante años, como se hizo con la separación de fuentes de financiación, una de las recomendaciones clásicas del Pacto de Toledo. En los últimos años, el Estado ha ido absorbiendo determinadas prestaciones, como los complementos de mínimos y las pensiones no contributivas, y eso es lo que se seguirá haciendo, aunque con nuevas incorporaciones. En la actualidad, el Estado transfiere a la Seguridad Social unos 15.300 millones de euros (año 2017) con un criterio finalista. Es decir, se gasta en partidas previamente definidas.

Rajoy ya tiene en su poder una lista con prestaciones que la Seguridad Social ha identificado como gastos impropios que no le corresponde financiar al sistema público de protección social. Y su objetivo —tras el pleno de este miércoles— es llevarla al Pacto de Toledo, cuyos trabajos están hoy bloqueados.

En concreto, como afirma un alto cargo, el Gobierno baraja sacar del pago con cotizaciones las políticas de conciliación laboral y familiar (que afectan a los trabajadores autónomos) o los permisos de paternidad/maternidad. Además de las políticas de empleo, la jubilación parcial o el contrato de relevo. Tan solo en estos dos casos, el coste que tienen para la Seguridad Social decisiones tomadas de forma discrecional por el Consejo de Ministros de turno asciende a unos 2.000 millones de euros. Como sucede, por ejemplo, con las llamadas tarifas planas, que tienen un coste de unos 1.000 millones para el sistema de protección social. Es decir, que las reducciones de cuotas se paguen con impuestos.

Igualmente, la Seguridad Social ha puesto sus ojos en el sueldo de sus funcionarios (2.369 millones), que ahora se pagan con cotizaciones sociales en lugar de con tributos, como sucede con el resto de empleados públicos. Incluso la compra de bienes corrientes (1.483 millones) se hace con cargo a las cuotas que pagan los trabajadores y empresariales. En total, cerca de 3.900 millones de euros. Más complicada —por su cuantía— es la financiación con impuestos de las pensiones de viudedad y orfandad, algo más de 20.000 millones de euros.

Estas prestaciones no son de carácter contributivo, ya que no se ha cotizado por ellas, de ahí que desde la Seguridad Social se quiera dar una salida a su posible financiación vía impuestos. No será fácil, habida cuenta de las restricciones presupuestarias existentes, pero se confía en que esta demanda se vaya abriendo paso a medida que el Estado vaya alcanzando el equilibrio presupuestario.

Déficit a la baja

Aunque la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) aún no ha desvelado la cifra oficial de déficit que tuvo la Seguridad Social el año pasado, sí existe la confirmación de que se situará en línea con lo previsto: -16.679 millones.

La cifra sigue siendo muy abultada, pero desde el sistema público de protección social se destaca que es la primera vez desde 2008 en que se mejoran los resultados respecto del año anterior. En 2016, el conjunto del sistema tuvo un desequilibrio equivalente a 18.537 millones, lo que representó el 1,66% del PIB. Este será uno de los argumentos que utilice en el debate monográfico sobre pensiones el presidente Rajoy, quien intentará contextualizar lo que supone subir su cuantía en función del IPC. El Gobierno entiende que no tiene sentido hablar solo de recuperación del poder adquisitivo y no de la sostenibilidad del conjunto del sistema.

En relación a los gastos, la estrategia de la Seguridad Social pasa por evitar que crezcan por encima del 3% anual, es decir, por debajo del PIB nominal. Una tasa de variación que se considera asumible siempre que van creciendo los ingresos a buen ritmo, como hasta ahora, por el ritmo de creación de empleo. O expresado de otra forma, la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo pasa por que los ingresos crezcan por encima del 3% que, previsiblemente, deben aumentar los gastos.

En todo caso, muy lejos del 8%-9% que llegaron a incrementarse en los años de la 'burbuja social', como suele decir Tomás Burgos, el responsable del sistema de pensiones. Los datos más recientes muestran que se va en esa dirección.

Hasta noviembre, el gasto en pensiones ha crecido un 1%, mientras que la recaudación por cotizaciones sociales aumenta de forma intensa: un 5,3%, lo que supone un alivio financiero para el sistema público de protección, que tras las reformas de 2011 y 2013 descarta nuevas medidas de ajuste del sistema. Entre otras cosas, porque las principales reformas (prolongación de la edad de jubilación, aumento del periodo de cálculo o el factor de sostenibilidad) están sometidas a periodos transitorios que no acabarán hasta 2027.

Según la información enviada en su día por el Gobierno a la comisión del Pacto de Toledo, los ingresos aplicados para el pago de las pensiones contributivas equivalen al 10,1% del PIB, de los cuales el 8% del PIB son cotizaciones sociales por contingencias comunes. Igualmente, un 0,2% del PIB procede de tasas y otros ingresos, y un 1,9 % del PIB tiene su origen en aplicaciones finalistas de los impuestos generales (1,2% del PIB para las pensiones de clases pasivas y 0,7% del PIB para el pago de los complementos por mínimos).