Rajoy presiona a la oposición con un real decreto que sube la viudedad un 15%

La propuesta del Gobierno de elevar la cuantía de las pensiones de viudedad sigue envejeciendo. La medida fue aprobada en 2011, pero aún no ha entrado en vigor. Tanto el Gobierno socialista como el del Partido Popular nunca han encontrado el momento adecuado para aplicar una recomendación del Pacto de Toledo (la número 13) que instaba al Ejecutivo a elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% actual al 60%.

La medida fue incluida en la reforma de las pensiones que aprobó el último Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que determinó que ese incremento de ocho puntos se aplicaría a partir del 1 de enero de 2012 a razón de un punto por año. Es decir, que en 2018 el incremento estaría plenamente operativo.

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Nada se ha hecho desde entonces. Incluso sigue sin entrar en vigor un real decreto sometido a audiencia pública por el Ministerio de Empleo desde los primeros días de diciembre de 2017. En ese real decreto —pendiente de dictamen del Consejo de Estado y de la aprobación de Hacienda— se precisa que este año 2018 el porcentaje de la base reguladora subiría un punto, hasta el 53%, y hasta el 60% a partir del año 2019. Es decir, se cumplía el mandato legal emanado de la ley de 2011 destinado a compensar a los sectores más vulnerables del endurecimiento del acceso a las pensiones (prolongación de la edad de jubilación a 67 años e incremento del periodo de cálculo).

Ahora, sin embargo, ese real decreto sigue sin publicarse. Entre otras cosas, por la complejidad técnica en su elaboración, ya que participan muchos organismos, incluso en un número superior que cuando se elabora un decreto ley, que tiene rango de ley. Su tramitación, de hecho, coincidirá en el tiempo con la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de incluir la revalorización de las pensiones de las viudas (medida ya aprobada en 2011) en el paquete a negociar con los partidos de la oposición a cambio de respaldar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Es decir, que se negocia una revalorización ya aprobada y publicada hace casi siete años en el BOE.

Como estima la memoria que acompaña al real decreto, la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad supone incrementar la pensión inicial un 1,92% en 2018, en caso de que entre en vigor este año, y un 15,38% en 2019 y siguientes. El coste estimado para el sistema es el siguiente. Algo más de 107 millones este año (restando los complementos de mínimos) y 1.381 millones anuales a partir de 2019. El total estimado de beneficiarios será de 1,12 millones.

El hecho de que el incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad se pueda hacer por real decreto es una obligación de la ley original, lo que sorprendió al nuevo Gobierno, ya que de esta manera se suspendía en la práctica su aplicación. Si no hay Presupuestos, esto significa que el Gobierno debería acudir a la vía del decreto ley (que tienen rango de ley) y no a la de real decreto (que es de rango inferior). En particular, una subida por encima del 0,25% para todas las pensiones mínimas y no solo las de jubilación, como se comprometió ayer el presidente del Gobierno. Moncloa no dio ayer detalles, pero se supone que el incremento sería superior al IPC, aunque en ningún caso se rescatará la referencia al índice de precios de consumo como instrumento para calcular la actualización de las pensiones.

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Como se sabe, el presidente Rajoy se mostró abierto a negociar la cuantía de todas las pensiones mínimas del sistema contributivo (788,90 euros al mes con cónyuge a cargo) siempre que pueda contar con los votos suficientes para sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos, que se aprobará el próximo día 27, aunque hasta después de Semana Santa no entrarán formalmente en el Congreso.

El porcentaje de la base reguladora es el indicador que sirve para calcular la cuantía de la pensión, y se relaciona con lo cotizado por el trabajador durante sus años de actividad. En concreto, lo dispuesto en este real decreto se aplicará a los beneficiarios de la pensión de viudedad del sistema de la Seguridad Social que cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido una edad igual o superior a los 65 años.

b) No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera.

c) No percibir ingresos por la realización de trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena.

d) No percibir rendimientos del capital, de actividades económicas o ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que en cómputo anual superen el límite de ingresos establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

La norma prevé que la mejora prevista se reconozca a solicitud del interesado por la entidad gestora correspondiente, y será a cargo de la entidad gestora o mutua colaboradora de la Seguridad Social que sea responsable de la pensión de viudedad.