Se superan las estimaciones de hacienda

4.000 nuevos opositores cada día: así es la fiebre del empleo público en 2018

Ya se han inscrito más de 80.200 candidatos a falta de una semana para cerrar el plazo de solicitudes. A este ritmo, se superará la previsión de Función Pública en un año histórico para el empleo público

Foto: Fotografía de un examen de oposiciones en Pontevedra. (EFE)
Fotografía de un examen de oposiciones en Pontevedra. (EFE)

El acuerdo de empleo que alcanzó el año pasado el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos sirvió para que el cuerpo opositor de España recuperara la esperanza en conseguir un puesto fijo en el sector público. Después de todos estos años de crisis, hay tantos candidatos que se ha provocado una auténtica avalancha de solicitudes que incluso ha superado los cálculos del Gobierno.

Desde que se abriera el plazo para las candidaturas, el pasado 30 de enero, se han presentado más de 78.400 solicitudes. Esto significa que cada día Hacienda ha recibido una media de 4.000 candidaturas (incluyendo los fines de semana). Si se tiene en cuenta que el grueso de la oferta pública de empleo son 4.725 plazas, significa que prácticamente cada día se han cubierto todos los puestos ofertados. El día que más solicitudes recibió Hacienda fue el 31 de enero, cuando admitió 7.169 candidaturas, esto es, un 52% más del total de plazas convocadas.

A estas 78.400 solicitudes hay que unir otras 1.829 solicitudes presentadas a otras convocatorias de menor tamaño realizadas por la Administración General del Estado, también correspondientes al acuerdo de empleo de 2017. De esta forma, son ya más de 80.200 los candidatos que se han inscrito en Hacienda para realizar las oposiciones en los próximos meses. La mayor parte (casi 72.400 solicitudes) está destinada a las plazas de acceso libre, y las 7.800 personas restantes se han presentado a los puestos de promoción interna. Los demás candidatos tendrán hasta el próximo lunes 26 de febrero para inscribirse (aquí están los requisitos).

Ha sido una auténtica avalancha de opositores provocada por dos factores. En primer lugar, que el Estado llevaba años sin realizar una oferta tan ambiciosa y, en segundo, el efecto llamada del acuerdo alcanzado en 2017. El resultado es que, si sigue el ritmo actual de inscripciones, Hacienda recibirá casi 110.000, un 10% más de lo que había estimado.

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El nivel de competencia será tan alto que conseguir una plaza es casi 'misión imposible'. Si finalmente se presentan 110.000 candidatos, significará que menos de un 5% conseguirá acceder a un empleo público. En torno al 96% de los opositores se quedará fuera en esta convocatoria. Sin embargo, esta oferta de empleo es la correspondiente al año 2017, pero el acuerdo alcanzado con los sindicatos es mucho más ambicioso.

El acuerdo de empleo incluye tres años de convocatorias, por lo que quienes se queden fuera ahora tendrán más oportunidades

En concreto, el acuerdo incluye tres años de convocatorias (2017-2019) para reducir la temporalidad en el sector público desde el 25% al 8%. Esto significa que se tendrán que convocar más de 100.000 plazas en todos los niveles de las administraciones, por lo que los opositores que no tengan fortuna en esta convocatoria dispondrán de más oportunidades en los próximos años.

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Para el Ministerio de Hacienda, esta afluencia de solicitudes en todos los niveles de las administraciones supone una buena noticia, ya que significa que el sector público vuelve a atraer talento. Sin embargo, eso quiere decir que en torno al 96% de los candidatos se quedará sin una plaza en esta convocatoria a la AGE.

Un año histórico

Esta oferta de empleo de 4.725 plazas es el grueso de los puestos de la Administración General del Estado correspondientes a 2017. Además, los sindicatos y el Ministerio de Hacienda están negociando ya la convocatoria de 2018, que se realizará en los próximos meses. La intención de las organizaciones sindicales es que este año salgan la mayor parte de las plazas pendientes, para que la oferta de empleo de 2019 sirva para ajustar las convocatorias anteriores y asegurar que la temporalidad en la Administración se reduce hasta el 8%.

Hacienda quiere cerrar el acuerdo con los sindicatos antes de que acabe el mes de marzo, para que pueda ir incluido en los Presupuestos Generales del Estado que Rajoy quiere presentar esta primavera. Eso significa que daría tiempo a realizar la convocatoria correspondiente a 2018 este mismo año, por lo que sería uno de los mejores años de la historia para el empleo público. Por el momento, las 4.725 plazas convocadas ya suponen un incremento del 65% respecto a la oferta de empleo de la Administración General del Estado de 2016.

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La mayor parte de las solicitudes se centran en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado en acceso libre. Hasta el 18 de febrero, Hacienda había tramitado 30.161 candidaturas para apenas 400 plazas. Esto significa que un escaso 1% de todos los candidatos conseguirá un empleo y casi el 99% se quedará fuera.

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La segunda convocatoria más solicitada es la del Cuerpo General Administrativo en acceso libre. Esta es la primera vez que el Estado convoca estas plazas desde 1992, lo que explica una buena parte de la demanda recibida, superior a las 25.000 solicitudes para 800 plazas. Por el contrario, algunas convocatorias están prácticamente desiertas. Hasta el 18 de febrero, solo se había presentado una solicitud para facultativo de sanidad penitenciaria, otra para auxilio judicial y otra para titulados de escuelas técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Secretaría de Estado de Función Pública destaca el número de convocatorias que se han tramitado por vía telemática. El número de inscripciones 'online' que recibió el Estado en 2017 superó las 125.000 solicitudes. En un solo año se multiplicaron casi por cuatro (un 252% más). La primera consecuencia es que los futuros opositores pueden presentar su solicitud también los fines de semana, con lo que ganan flexibilidad y comodidad. Y la segunda es un importante ahorro público, ya que la vía telemática es mucho más barata para el Estado.

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