Un 10% de los amnistiados investigados resultan sospechosos de blanqueo

El radar del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) detectó 85 operaciones en las que podría haber existido blanqueo de capitales referentes a 79 beneficiarios de la amnistía fiscal. Este es el balance del análisis de antecedentes realizado por el Sepblac acerca del listado de 715 amnistiados remitido hace casi tres años por la Agencia Tributaria al organismo adscrito al Ministerio de Economía, al considerar que existían indicios de blanqueo. Además, el Sepblac disponía de información de otros 310 amnistiados en relación con las denominadas operaciones de declaración mensual obligatoria.

A raíz de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y recientemente anulada por el Tribunal Constitucional, la Agencia Tributaria trasladó al Sepblac en febrero de 2015 una relación con 715 nombres de los 30.000 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial —nombre técnico de la amnistía, reglamentada bajo el modelo tributario 750— sospechosos de blanqueo de capitales para que los investigara. Este listado estaba compuesto por altos cargos públicos y funcionarios —denominados en el argot ‘public exposed person’ (PEP)— e individuos inmersos en procedimientos penales. Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, la esposa de Miguel Arias Cañete o el sindicalista José Ángel Fernández Villa son algunos de los personajes públicos que regularizaron su patrimonio no declarado gracias a la amnistía fiscal.

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Casi tres años después, El Confidencial ha tenido acceso a los resultados del análisis realizado por el Sepblac en relación a estas 715 personas. En respuesta a una solicitud de información presentada a través de la Ley de Transparencia, el servicio de prevención ha admitido haber recibido 85 alertas especiales por indicios de blanqueo que afectaban a 79 personas físicas, el 11% del listado.

Estos avisos se activan cuando bancos, notarios o registradores de la propiedad, entre otros, detectan una operación anómala que podría utilizarse para incorporar dinero negro al circuito legal. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga a estas entidades a informar de cualquier indicio sospechoso al Sepblac, que cada año recibe unas 5.000 alertas de este tipo. Posteriormente, el Sepblac investiga la operación y, si considera que existe una base sólida para imputar un delito económico, informa a las unidades correspondientes de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Fiscalía para que sean estas las que presenten la denuncia correspondiente.

Además de estas comunicaciones por indicio, las entidades financieras están obligadas a informar mensualmente al Sepblac de todas aquellas operaciones que muevan más de 30.000 euros en efectivo o cheque o bien con destino u origen en paraísos fiscales. El servicio de prevención recibe cada año más de dos millones de comunicaciones de este tipo. De acuerdo a la resolución firmada por Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 310 amnistiados investigados (el 43% del listado) contaban con antecedentes por estos motivos en el Sepblac.

Al igual que sucede con las alertas especiales por indicios de blanqueo, las comunicaciones sistemáticas por operaciones de declaración mensual obligatoria no implican automáticamente la comisión de delitos económicos por parte de las personas involucradas en ellas.

Como consecuencia del análisis de la información archivada en sus registros, el Sepblac preparó 97 informes en relación con el listado de 715 beneficiarios de la amnistía fiscal remitido hace casi tres años: 31 de estos informes se derivaron a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria para proseguir con las pesquisas; otros 14, a la Policía Nacional, y nueve más a la Fiscalía Anticorrupción. Además, el Sepblac ha guardado otros 27 informes en su archivo.

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