El Tesoro salva el contrato de la agencia de 'rating' que mejor trata a España

Si durante los años más duros de la Gran Recesión las agencias de calificación se vieron como cómplices del desastre —no fueron capaces de identificar ni los riesgos del sobreendeudamiento ni la formación de burbujas—, la recuperación económica les ha dado el golpe de gracia.

España, como Francia, Reino Unido, EEUU o Alemania, se ha sumado a los países que se niegan a pagar a las agencias de 'rating' por anticipar sus informes sobre la economía del país. O lo que es lo mismo, desde este año el coste de los informes de calificación de riesgos lo pagarán exclusivamente las agencias de calificación y no el Tesoro Público. La última en caer ha sido S&P, pero antes lo habían hecho Moody's y Fitch. El Ministerio de Economía solo mantiene el contrato con la agencia canadiense DBRS, precisamente la agencia que mejor calificó al Reino de España en los años más duros de la crisis [ver gráfico].

La causa de este cambio no tiene que ver con ningún acto de contrición, sino con algo mucho más prosaico. El Tesoro Público entiende que ya no es necesario pagar a las agencias para que estas adelanten sus informes sin esperar a la revisión ordinaria. Durante los años más difíciles, era el propio Gobierno quien remitía de manera trimestral a las agencias de 'rating' informes prometedores sobre la recuperación económica para hacer llegar a los mercados una señal de optimismo.

Las agencias podían esperar al calendario previsto para anunciar sus revisiones o bien podían adelantarlo, pero siempre que los gobiernos pasaran por caja. Como es lógico, Moody's y el resto de agencias argumentaban que eso les suponía gastos adicionales, y ese coste es el que pagaban los gobiernos.

Ahora, sin embargo, y a la vista de que el Tesoro no tiene ningún problema para colocar la deuda —el problema es justo el contrario: hay mucha más demanda que oferta de títulos—, el Gobierno ha optado por ahorrarse ese dinero, toda vez que no necesita adelantar las fechas de las revisiones respecto del calendario previsto. Es decir, el Tesoro Público ha entrado en una dinámica de normalidad.

Lo que ha sorprendido, como asegura uno de los principales intermediarios de renta fija española, es que el Tesoro haya salvado, precisamente, a la canadiense DBRS, la más pequeña entre las grandes del sector. DBRS, de hecho, es la única que mantiene al Reino de España dentro del escalón más elevado, el A ('low') con tendencia estable, al contrario que el resto de compañías de 'rating'. En el último informe, del mes de octubre, destacaba la fortaleza de la economía española, y tan solo alertaba sobre los riesgos derivados del pulso separatista en Cataluña.

Análisis procíclicos

El papel de las agencias de calificación fue muy criticado durante los años de la crisis por no prever lo que se venía encima, pero es que tampoco, a decir de muchos, vieron venir la recuperación económica. De hecho, mantuvieron con pocos cambios las notas de solvencia durante los años 2014 y 2015, cuando parecía evidente que la economía mundial había entrado en una senda de clara recuperación. Muchos expertos, de hecho, suelen acusar a las agencias de ser procíclicas. Es decir, calientan las economías con sus notas en los momentos de expansión y, por el contrario, son capaces de intensificar las recesiones bajando las calificaciones de los países con problemas.

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Ó. G.

Esto explica, por ejemplo, que hace año y medio el Ayuntamiento de Madrid decidiera romper sus contratos con dos de las tres agencias de calificación argumentando su escaso rigor para el análisis. Sin embargo, como sostienen fuentes del mercado, una cosa es que un Estado, como el Reino de España, pueda prescindir de una calificación, y otra muy distinta es que lo haga cualquier empresa que quiera sacar títulos al mercado, ya que necesita alguna garantía de solvencia. Entre otras cosas, porque el regulador, la CNMV, puede exigir informes de calificación.

El ahorro por no contratar a las agencias de 'rating', en todo caso, no es pequeño. Según se conoció en su día, los contratos de Fitch y S&P con el Ayuntamiento de Madrid comenzaron a firmarse en 2002, y desde entonces el gasto para el municipio ha sido de algo más de un millón de euros. Tan solo en 2015, el ayuntamiento tuvo que desembolsar más de 100.000 euros: Fitch ingresó 50.469 euros y Standard & Poor's, 56.481.