Madrid destinará lo recaudado con Airbnb a reforzar la inspección (no a los barrios)

¿Cuál será el destino del ‘tasa’ que Madrid quiere imponer a los Airbnb de turno? El ayuntamiento capitaneado por Manuela Carmena lleva casi un año en conversaciones con los operadores de alquiler turístico con un objetivo: firmar un acuerdo de entendimiento en el que se fije un ‘peaje’ para las plataformas de este tipo de viviendas, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas como Ámsterdam (donde abonan 1 euro por noche).

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se resiste a llamarlo ‘tasa turística’ (puesto que las competencias para establecer una medida de ese tipo son de la comunidad autónoma) pero sí acepta el término ‘tasa de convivencia’, patentado por el economista Gonzalo Bernardos. “Los políticos no sólo deben decidir qué impuestos se pagan, sino sobre quién deben redundar los ingresos”, plantea el experto tras sugerir que los beneficiados de ese ‘peaje’ sean los barrios donde se ubican las viviendas turísticas. Los vecinos mirarían así con otros ojos a estas plataformas -a menudo vinculadas a la turistificación-, argumenta.

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“Sería una medida injusta”, rebate el concejal, sobre todo si tenemos en cuenta que el 64% de las viviendas de uso turístico (casi 7.000) se concentran en el centro de Madrid. Palacio, Sol, Lavapiés y Chueca son los cuatro barrios con más pisos de este tipo, sostiene un informe elaborado por inAtlas y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). “¿En qué vecinos revertiría? ¿En los cuatro que quedan o en los que ya se han ido?”, justifica Calvo.

Lo recaudado con la ‘tasa de convivencia’, en caso de materializarse, servirá para reforzar el cuerpo de inspectores de Urbanismo en Madrid. Estos se encargan de evitar que los propietarios y/o plataformas de viviendas de alquiler turístico cometan irregularidades, entre otras funciones. Barcelona fue la primera en multar a Airbnb y Home Away con 600.000 euros por anunciar pisos sin licencia en sus páginas web.

"¿En qué vecinos revertiría? ¿En los cuatro que quedan o en los que ya se han ido?"

La Agencia de Actividades de Madrid, organismo con competencia para revisar los edificios en suelo privado, realizó un total de 4.287 inspecciones entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2017, confirman fuentes del consistorio a este periódico. La hipotética ‘tasa’ permitiría contratar a más inspectores o incluso crear una unidad específica para tener bajo control al sector.

Barcelona, cuyo corazón está al borde del colapso por la llegada masiva de turistas, duplicó el número de inspectores dedicados en cuerpo y alma a vigilar si todos los pisos turísticos tienen su licencia en regla. Su trabajo consiste en cribar las bases de datos de licencias turísticas municipales y autonómicas para comprobar después si cumplen los requisitos ‘in situ’. Los infractores se enfrentan a multas de hasta 60.000 euros.

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En cualquier caso, el consistorio madrileño deja claro que la ‘tasa de convivencia’ no entra dentro de sus prioridades ahora mismo. “Es un convenio suscrito entre las plataformas y el ayuntamiento que, en ningún caso, se ha concretado”, insisten. Lo que sí están a punto de aplicar es una batería de medidas para regular las viviendas de uso turístico dentro del marco del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Un ejemplo es el límite de 90 días de alquiler al año (si se supera, el propietario deberá solicitar una licencia urbanística hotelera) o la prohibición de cambiar el uso del suelo de residencial a terciario. “Ya se está denegando a los propietarios de edificios que lo solicitan”, poniendo así coto a los que utilizan este tipo de plataformas como negocio. Según Airbnb, el 47% de sus anfitriones usan los ingresos obtenidos para llegar a fin de mes. “El 24% del gasto de los huéspedes en Madrid se queda en los comercios de los barrios donde se alojan”, añaden desde la empresa.