Bruselas abre la puerta a que España evite el pago de 7.565M por el recorte a las renovables

Los peores augurios previstos por las decenas de inversores internacionales que demandaron a España en los tribunales arbitrales por el recorte a las renovables del año 2013 se están haciendo realidad. La Comisión Europea advierte a España en la Decisión C(2017) 7384 -que avala la compatibilidad del esquema de apoyo a las renovables tras la reforma del Gobierno del PP- sobre los más de 30 pleitos que arrastra. En este documento afirma que cualquier compensación derivada del esquema anterior al recorte reconocida en un arbitraje internacional en el marco del Tratado de la Carta de la Energía es una ayuda de Estado y por tanto debe ser suspendida y notificada a Bruselas. El texto elaborado desde el departamento que dirige la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, sostiene que los únicos órganos competentes en esta materia son los comunitarios. Además recuerda que el foro exclusivo para desafiar la validez del hachazo retributivo que implementó España a las renovables son los tribunales europeos.

Toda esta argumentación tiene como fin neutralizar los arbitrajes y abre la puerta a que España pueda eludir el pago de 7.565 millones de euros reclamados en total por inversores internacionales, según interpretan de forma unánime diversas fuentes jurídicas próximas a los casos judiciales. De hecho, desde despachos de abogados que asesoran a los demandantes contra España sostienen que el temor de los inversores por no cobrar aunque ganen los arbitrajes ha aumentado después de ver el contenido del dictamen comunitario. Preguntado por esta cuestión, el Gobierno de España señala que se está evaluando jurídicamente el contenido de la decisión de la CE y su aplicación a los procedimientos en curso.

[Consulte aquí el listado completo de reclamaciones contra España publicado por el Gobierno]

El documento publicado por Bruselas reaviva uno de los presagios latentes desde hace años entre los inversores: que el departamento de Competencia acabara declarando ayuda de Estado incompatible con el derecho de la Unión Europea todo aquello que se excediera del marco diseñado por el anterior ministro José Manuel Soria, que supuso un importante recorte respecto a la retribución anterior. En este sentido, fuentes próximas al caso explican que tras la cascada de reclamaciones contra el Reino de España, trascendió que el Gobierno lanzó la amenaza velada de que podría evitar el pago de tales reclamaciones si Bruselas las consideraba ilegales.

Ahora se han activado todas las alarmas tras observar que el texto de la Comisión invoca la doctrina Micula: un precedente en el que unos inversores lograron que se les reconociera unos pagos por parte de Rumanía, pero este país finalmente se libró de pagar ya que Bruselas estimó que se trataba de unas ayudas de estado ilegales.

Según explican fuentes jurídicas, el Gobierno se lleva moviendo entre bambalinas al más alto nivel comunitario para que la evaluación de su esquema retributivo dejara fuera todo lo demás, en línea con lo que sucedió con Micula. Por eso ahora creen que las disposiciones específicas hechas sobre los arbitrajes en una decisión cuyo objetivo era únicamente dar el visto bueno al sistema de ayudas posterior a 2013 es una clara señal de que se ha activado el teléfono rojo entre Madrid y Bruselas.

No en vano, las disposiciones adicionales sobre los arbitrajes que pesan sobre España entran específicamente a valorar la compensación a Eiser, único inversor extranjero, asesorado por el despacho Allen and Overy, que hasta la fecha ha logrado vencer al Reino de España y al que el tribunal arbitral del CIADI le ha reconocido el cobro de 128 millones de euros. Tanto para este caso como para cualquier compensación futura, Bruselas advierte de que se le debe notificar previamente y España está sujeta a congelar el pago mientras tanto. El Ministerio de Energía sostiene que "no se ha abonado cantidad alguna en el arbitraje de Eiser dado que se ha adoptado la decisión de recurrir el laudo, interesando además la suspensión de su ejecución". Previamente, la Cámara de Comercio de Estocolmo había desestimado dos arbitrajes contra España. Tras el laudo de Eiser en mayo de este 2017 no se han producido más decisiones. Se espera que para el mes de enero caigan dos laudos más.

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España ya mostró su intención de no pagar este verano a Eiser pese a que el juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, reconoció las obligaciones pecuniarias. En cualquier caso, el inversor residenciado en Luxemburgo no ha querido esperar a que España pague y ha decidido vender su laudo a un 'litigation fund'. Estos británicos han preferido transmitir el derecho de cobro que el CIADI le ha reconocido contra España y evitar así el riesgo de ejecución.

La cuestión no es menor. Si los tribunales arbitrales reconocieran el total o parte de los 7.565 millones reclamados por los inversores internacionales saltaría por los aires el estrecho superávit del sistema eléctrico logrado con la reforma de 2013, cuyo autor fue el entonces secretario de Estado Alberto Nadal, hermano del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal. Esto llevaría irremediablemente a tener que subir de nuevo la factura de la luz a todos los usuarios u optar por endeudar más un sistema que aún debe una cantidad superior a los 20.000 millones de euros.

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En cualquier caso, el dictamen de Bruselas pone el acento en la preponderancia del derecho comunitario sobre los acuerdos bilaterales entre inversores y estados que reconoce el Tratado de la Carta de la Energía, pero evita pronunciarse sobre el sistema de ayudas previo al esquema que implementó el PP en 2013, al que denomina "esquema prémium", en referencia a las subvenciones aprobadas para las renovables por Zapatero bajo la batuta de Miguel Sebastián. "Esta decisión no alcanza a saber si los pagos de esquemas anteriores son compatibles o no". Aquí la clave está en que el Gobierno de Rajoy notificó su plan de ayudas, pero no lo anterior. El hecho de que esta retribución anterior no fuera puesta bajo la lupa de Bruselas añade un plus de incertidumbre para los inversores, ya que el hecho de no haberse notificado juega en su contra.

La indefinición sobre la sobrerretribución a las renovables previa a la reforma de 2013 permite a Bruselas evitar otros frentes, ya que puede optar por pronunciarse caso a caso. Entre los más de 30 arbitrajes pendientes de resolver están demandantes como los gigantes energéticos alemanes E.On o RWE. También hay bancos de participación pública germana o el brazo energético del estado francés EDF, cuya reclamación elevó a Unicitral.

La controversia sigue presente en Europa

Aunque se trata de una polémica perteneciente al pasado, ya que las reclamaciones son por la reforma del sector eléctrico de hace casi cinco años, la cuestión sigue presente a nivel político y ejerce su influencia de cara a futuro. De hecho, la directiva sobre renovables que será sometida a votación del pleno del Parlamento Europeo a partir de enero incluye una cláusula específica de protección a la inversión en energía verde. Es más, el informe aprobado que debe ser refrendado en el hemiciclo comunitario incluye una penalización a los estados miembros que decidan cambiar la regulación de manera retroactiva, como sucedió en el caso español.

El impulsor de esta medida es el eurodiputado socialista José Blanco, exministro y hombre fuerte del gobierno de Zapatero. El ponente explica que para elaborar su informe se ha reunido con más de 140 entidades de todo tipo, también con inversores internacionales, los cuales piden seguridad jurídica. Blanco sostiene que en las conversaciones siempre acaba apareciendo el recorte a las renovables implementado en España.