Nadal tramita una reducción de pagos a las eléctricas tras las advertencias de la CNMC

El ministro de Energía no ha quedado conforme con algunos pagos regulados que recibieron las eléctricas en 2016 y ha decidido iniciar los trámites para que devuelvan parte de lo ya cobrado. Álvaro Nadal declaró lesiva para los intereses públicos la Orden IET/980/2016 por la que se establecía la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica el año pasado.

El titular del ramo ha tomado esta decisión después de considerar los argumentos de la CNMC, quien entiende que las eléctricas cobraron por encima de lo que marca la ley. En esta cuestión sí, y a diferencia de lo que ocurre en otros muchos asuntos, Gobierno y regulador van de la mano.

Por ello, Energía sostiene que la orden de cobros va en contra de los usuarios de electricidad que, en última instancia, deberían afrontar unos peajes más elevados del que tienen el deber de soportar, según consta en un anuncio publicado por el ministerio en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de septiembre.

Penalización en lectura del contador

Se trata de dos cuestiones diferentes. Por un lado está la lectura de contadores. Según la ley vigente, "si se demuestra la existencia de incumplimiento del deber de lectura por parte del distribuidor a un cliente, o que dicha lectura no se ajusta a las obligaciones establecidas por la normativa de aplicación, la retribución a percibir por la empresa distribuidora por la lectura del cliente se reducirá en un 50%".

De esta forma, la CNMC constató que "en la lectura de contadores y equipos de medida de los clientes conectados a sus redes percibida derivada de las tareas realizadas el año 2014, no se aplicó dicha penalización, al no estar accesible la información para el cálculo en el momento de su publicación, y la consideración de tal penalización debería suponer una reducción de la retribución de las empresas distribuidoras por dicho concepto".

El regulador cuantifica esta penalización en casi cinco millones de euros. De los que casi tres millones corresponden a Iberdrola y Endesa y los otros dos estarían repartidos entre el resto de distribuidores con menos volumen, como Gas Natural Fenosa, Viesgo y otras de tamaño mucho menos significativo, según fuentes empresariales.

La penalización por la falta de lectura del contador asciende a casi cinco millones de euros, de los que cerca de tres corresponden a Iberdrola y Endesa

Estas mismas fuentes se muestran contrarias a la posible rebaja de los pagos. Arguyen por un lado que a veces la falta de lectura no es problema de la compañía sino del usuario, que puede obviar los intentos de la empresa por leer su contador.

También muestran problemas con los nuevos contadores inteligentes. Desde su instalación hasta su puesta en funcionamiento, pueden pasar hasta tres meses. Periodo en el que, según las compañías, depende de qué fecha se tome para constatar la lectura (puesta en marcha o instalación), puede dar lugar a pensar que no se ha hecho la comprobación, algo que no sería tal.

Otro cuestión que cree injusta es la cuantificación del volumen de faltas de lectura que implican sanciones, ya que creen que no se hace acorde a la ley.

Menos pagos por activos amortizados

La otra cuestión tiene que ver con un cálculo de la vida de los activos de las empresas, variable en función de la cual ingresan. La orden de retribución de 2016 contemplaba descontar los elementos totalmente amortizados para cuantificar los años de vida residual de los activos.

Esta pretensión "carecería de sentido" a ojos del regulador, quien sostiene que "si para el cálculo de dicha vida residual restáramos del inmovilizado bruto los activos totalmente amortizados, estaríamos rejuveneciendo todo el parque". "Advertida dicha incoherencia en la metodología aplicada para este colectivo de empresas, debería valorarse la posibilidad de modificar la retribución contenida en la citada Orden IET/980/2016", concluye la CNMC.

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Por lo anterior, el Ministerio de Energía asegura que la orden de pagos es contraria al real decreto que establece cómo calcular la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica y está incursa su anulabilidad, dado que cree que es un acto administrativo "favorable" a las empresas.

Esta cuestión de nuevo afecta a las grandes empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes. Preguntadas por esta cuestión, las eléctricas no cuantifican el impacto que podría generar la hipotética devolución de la supuesta sobrerretribución. Endesa, por su parte, sostiene que esto no le afecta por no disponer de activos de distribución totalmente amortizados.

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Aún hay que esperar a que el procedimiento vaya sustanciándose por la vía administrativa para saber si, finalmente, las empresas tendrán que devolver dinero y cuánto. A partir de ahora habrá que ver si Energía corrige a la baja por los motivos anteriores los cobros para los años posteriores a 2016. Todo ello en un momento en que las compañías están recibiendo duros informes de analistas por la intención del Gobierno de rebajar la retribución a sus redes a partir de 2020.