Hacienda podría multar con 250 millones a Madrid si se resiste a la intervención

La tensión acumulada desde 2015 entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid terminó por explotar el lunes, cuando el primero rechazó el Plan Económico-Financiero presentado por el consistorio por incumplir la regla de gasto (que limita el incremento del gasto al crecimiento potencial de la economía). El ministerio anunció entonces la puesta en marcha de las medidas coercitivas incluidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta fase abre un periodo de 15 días para que el ayuntamiento apruebe los cambios necesarios que garanticen el cumplimiento de la regla de gasto y los objetivos de estabilidad, de lo contrario, Hacienda empezará su supervisión y podría poner en marcha nuevas medidas.

El ministerio asegura que todavía no está estudiando las medidas que puede adoptar para obligar al cumplimiento estricto de la Ley de Estabilidad, pero el abanico de herramientas que tiene a su disposición el Gobierno es muy extenso, y entre ellas se encuentra la posibilidad de establecer una sanción del 0,2% del PIB de la ciudad de Madrid, lo que supondría una multa de unos 250 millones de euros. Una cantidad que no es despreciable, ya que supone algo más del 5% del Presupuesto del consistorio.

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El ministro, Cristóbal Montoro, todavía no ha adoptado ninguna decisión definitiva sobre las medidas coercitivas que pondrá en marcha si el ayuntamiento de Ahora Madrid mantiene su pulso. Todo parece indicar que la tensión seguirá en aumento, ya que el ayuntamiento pretende recurrir la medida por su “trato injusto y discriminatorio”, alegando que su interpretación de la regla de gasto difiere de la que hace Hacienda. “Estamos dispuestos a llevar esto a los tribunales para ganarlo”, ha informado Carlos Sánchez Mato, consejero de Hacienda del ayuntamiento.

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La Ley de Estabilidad, aprobada en 2012 por el Gobierno con su mayoría absoluta, autoriza al Ministerio de Hacienda a obligar a cualquier Administración que incumpla los objetivos de estabilidad o no apruebe un PEF (como es el caso de Madrid) a que abra una cuenta de depósito en el Banco de España de hasta el 0,2% de su PIB. Esto es, el consistorio tendría que guardar unos 250 millones de euros en el BdE en una cuenta que devengaría intereses a favor del ayuntamiento.

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En ese momento se abriría un plazo de tres meses para que el consistorio adoptara las medidas necesarias para volver a la legalidad. Si todavía incumple, el depósito dejará de devengar intereses y seguirá existiendo durante tres meses más. Una vez agotado ese periodo de medio año, si Madrid continuase sin corregir su PEF, Hacienda tendría la potestad para quedarse con ese depósito, con lo que se convertiría en una multa efectiva.

El control total

El Gobierno introdujo unas medidas coercitivas duras para asegurar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad en un momento en que las finanzas de España se tambaleaban. El Ministerio de Hacienda es quien tiene que responder ante la Comisión Europea sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit del conjunto del país, por eso es quien tiene la autoridad para hacer respetar los principios europeos de sostenibilidad de las cuentas públicas.

Otra de las medidas que puede adoptar el ministerio es nombrar una comisión de expertos que se haría cargo de la gestión de las cuentas del ayuntamiento. En ese caso sí que sería una verdadera intervención del Presupuesto, ya que lo que ha anunciado Hacienda a Madrid es que supervisará semanalmente sus pagos.

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Esta comisión tendrá que “presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana”, establece la Ley de Estabilidad, y “las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la Administración incumplidora”. De este modo, el ayuntamiento sí perdería el control, total o parcial, de su Presupuesto. Sería, en cualquier caso, una medida radical, pero también es cierto que nunca antes las tensiones presupuestarias entre una Administración y el Gobierno habían llegado tan lejos.

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Hacienda también podrá aprobar un acuerdo de no disponibilidad para Madrid que garantice el cumplimiento de la normativa, como ya hizo con la Generalitat de Cataluña cuando intervino sus cuentas. Toda esta batería de medidas se mezclaría con el recurso que presentará el ayuntamiento por la intervención de los gastos que ya ha anunciado el ministerio.