Montoro interviene Madrid pero indulta a las regiones que incumplen desde 2007

La relación entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid era la 'crónica de una muerte anunciada'. La severidad del ministerio al controlar sus presupuestos y el descaro del ayuntamiento al anunciar que incumpliría todas las exigencias de Hacienda no anticipaban una resolución amistosa. Finalmente, ha sido el ministro, Cristóbal Montoro, quien ha roto la baraja. El lunes por la noche comunicó al consistorio su decisión de controlar semanalmente su gasto para supervisar todas las partidas de Madrid. Una decisión inédita, ya que nunca se habían activado las medidas coercitivas incluidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) por motivos de incumplimiento de los objetivos.

Desde ese momento, el ayuntamiento tiene 15 días para ajustar su Plan Económico-Financiero (PEF), o de lo contrario se pondrá en marcha el control semanal del gasto. Una decisión que el consistorio ha calificado de "injusta" y "discriminatoria", ya que "hay entre 600 y 800 municipios en España que también incumplen la regla de gasto". La Ley de Estabilidad Presupuestaria detalla todas las medidas que puede adoptar el Ministerio de Hacienda para hacer cumplir con los objetivos de déficit, deuda y los planes económico-financieros a todas las administraciones, ya se trate de ayuntamientos, provincias o comunidades autónomas.

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El Ministerio de Hacienda ha sido muy flexible con las administraciones que han incumplido, por lo que la decisión de controlar el gasto de Madrid ha sido sorprendente. Como señala el consistorio, hay muchas corporaciones locales que incumplen y Hacienda mira para otro lado, pero dado el tamaño de Madrid y su presupuesto, es tan importante sobre las cuentas públicas del conjunto de España como si fuese una comunidad autónoma. Además, el indudable enfrentamiento político entre los gobiernos del Partido Popular y de Ahora Madrid ha dinamitado las relaciones desde el primer momento y ha desembocado en esta situación insostenible.

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La severidad del Ministerio de Hacienda con el ayuntamiento contrasta con la paciencia que ha tenido durante años con las comunidades autónomas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge las mismas sanciones para las regiones incumplidoras, tanto con la regla de gasto como con los objetivos de estabilidad, y algunas llevan ya una década sin atender a las exigencias del ministerio, pero en ningún momento se ha abierto una intervención. La situación más grave es la de Cataluña, que lleva desde el año 2006 sin cumplir el objetivo de déficit. Esto significa una década completa sin que Hacienda haya adoptado medidas coercitivas para corregir su "incumplimiento reiterado".

Es una medida discriminatoria, ya que en España hay entre 600 y 800 ayuntamientos que también incumplen la regla de gasto

Por ejemplo, en el año 2015, ejercicio en que la Generalitat necesitó un rescate del Estado para poder pagar las facturas de los medicamentos, su déficit multiplicó por cuatro el objetivo fijado para todas las regiones. Su desfase dejó atrás el 0,7% del PIB marcado por Hacienda y alcanzó el 2,89%. Ni siquiera en ese momento Hacienda intervino sus cuentas (introdujo un control reforzado sobre el destino de los fondos del FLA), y eso que el déficit de Cataluña era próximo a los 6.000 millones de euros. Un claro contraste con el superávit de más de 1.000 millones de euros que registró el Ayuntamiento de Madrid en 2016, según los datos del Banco de España.

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Cataluña es la región que lleva más tiempo sin cumplir con Hacienda, pero no es la única. Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana cumplieron los requisitos por última vez en 2007, desde entonces se han saltado las exigencias de Hacienda todos los años sin que hayan tenido ningún tipo de intervención. Aragón y Cantabria cumplieron por última vez en 2012, año en el que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria; Extremadura lo hizo en 2013, y Navarra en 2014. Todas estas regiones todavía estaban por encima del objetivo presupuestario en 2016 y algunas incumplirán también el de 2017.

¿Es más grave?

Es cierto que el incumplimiento de las comunidades y el de Madrid no son lo mismo: las primeras fallan en el objetivo de déficit y Madrid en la regla de gasto. Sin embargo, Hacienda solo ha intervenido el consistorio, ¿es que su falta de disciplina es más grave? El ayuntamiento, como la mayor parte de corporaciones locales del país, tiene superávit, por lo que sus cuentas están saneadas y el impacto sobre la sostenibilidad financiera de España es inexistente. Por el contrario, las regiones siguen con déficit y han puesto en riesgo la supervivencia financiera del Estado en numerosas ocasiones, por lo que sus incumplimientos son mucho más graves.

Es cierto que políticamente es más complicado intervenir una comunidad autónoma que una entidad local, ya que las competencias transferidas son mayores y también su peso social y político dentro del país. Además, conviene recordar que muchas de las regiones que tradicionalmente han incumplido estaban gobernadas por el Partido Popular, como son los casos de Murcia o Valencia, por lo que hubiese sido llamativo que Montoro interviniese un Gobierno de su propia formación.

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Lo que está claro es que la Ley de Estabilidad no hace distinciones entre administraciones, sino que valora a todas por igual en cuanto a su obligación de cumplir con los objetivos fijados (conviene recordar que esta ley la redactó y aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy con su mayoría absoluta). Desde este punto de vista, tal vez resulte discriminatorio que se haya permitido un incumplimiento de miles de millones de euros en las regiones y que a Madrid se la castigue incluso cuando genera el mayor superávit que produce una Administración pública en España.

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Además, el Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance, Hacienda está dispuesta a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo, sorprende más que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca de modificar la normativa.

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Por último, el ayuntamiento alega que la interpretación de la norma que ellos realizan es diferente a la que realiza Hacienda, por lo que no es incumplimiento sino una diferencia de análisis. La regla de gasto sirve para evitar que las administraciones eleven su gasto más rápido que el crecimiento potencial de la economía, para que así se ajuste el presupuesto en épocas de expansión y se evite crear una burbuja de gasto público como la que hubo en los años 2000. Lo que hace el ayuntamiento es tomar como punto de partida el gasto ejecutado cuando se saltó la regla de gasto por primera vez y no el gasto que debería haber tenido. De este modo, al partir de un punto más alto que Hacienda, estima que puede gastar más sin saltarse la norma. El acuerdo entre todas las partes es que en la reforma de la regla de gasto este punto quede establecido sin margen a la interpretación.

En cualquier caso, la decisión del ayuntamiento de tensar las relaciones con Hacienda desde que Manuela Carmena accedió al cargo no ha beneficiado para nada a los ciudadanos de la capital española. El ministerio ha demostrado ser comprensivo con todas las administraciones que se han saltado la Ley de Estabilidad (también el Gobierno se la ha saltado, y se la volverá a saltar este año con el déficit de la Administración central) pero han mostrado su predisposición a cooperar. Esto demuestra que la estrategia de enfrentamiento ha respondido más a fines electorales que al bienestar de los madrileños.