El pago de intereses se come ya el 6% de los ingresos de la Generalitat

La brusca caída de los ingresos tuvo, durante los años más duros de la crisis, efectos devastadores sobre las cuentas públicas. Y a consecuencia de ello, los niveles de endeudamiento se han disparado. El resultado es que, pese al intenso descenso de los tipos de interés, el pago del servicio de la deuda es cada vez más relevante. En particular, y como es lógico, en aquellas comunidades autónomas en las que la deuda es mayor. Este es el caso de la Generalitat de Cataluña, que el año pasado tuvo que destinar casi seis euros de cada 100 que ingresó a financiar su voluminoso déficit presupuestario.

En concreto, 5,8 euros, lo que la convierte en la comunidad autónoma más dependiente de la evolución del precio del dinero. A continuación se encuentran Madrid (4,1 euros de cada 100), Castilla y León (3,8 euros) y Baleares (3,7 euros). En el lado contrario se encuentra Canarias, donde el servicio de la deuda apenas representa el 1,3% de los ingresos públicos. Para hacerse una idea de lo que ha crecido este indicador de solvencia, hay que tener en cuenta que, al comenzar la crisis, la Generalitat apenas destinaba el 2,1% de los ingresos a pagar los intereses de la deuda, lo que significa que el porcentaje prácticamente se ha triplicado en una década.

La sensibilidad de la deuda a los movimientos de los tipos de interés es una de las variables esenciales para medir la sostenibilidad del endeudamiento. Pero en favor de Cataluña cuenta el hecho de que en 2016, junto a Madrid, tuvo el mayor saldo primario positivo. Es decir, el déficit sin tener en cuenta el pago de los intereses. En concreto, un 0,6% del PIB autonómico. Cataluña, de hecho, acumula ya cinco años consecutivos con saldo primario positivo gracias a las políticas de ajuste llevadas a cabo por la Generalitat desde 2012 en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En ello, también han influido de forma determinante los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas, que han permitido una mutualización de la deuda y han rebajado los costes financieros al disponer del aval del Estado. Y no hay que olvidar que la deuda viva catalana acumulada respecto del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas —el antiguo FLA— representa ya cerca del 34% de su PIB, lejos del 22,5% de Valencia o del 15% de Andalucía, lo que refleja una gran dependencia del dinero estatal.

No es, en todo caso, un problema solo de Cataluña. Más de la mitad de la deuda viva autonómica estaba ya instrumentada a través del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (53,7%) al cierre de 2016, destacando en el extremo inferior —además de la excepción de las dos CCAA de régimen foral— la Comunidad de Madrid (6,3%), y en la cima Murcia y la Comunidad Valenciana (77,8% y 76,6%, respectivamente). En el caso de Cataluña, se situaba en el 66,6%.

Características propias

Los datos aparecen en un informe publicado este lunes por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera de España (Rifde), en el que se analizan las causas del endeudamiento y se propone que cada comunidad autónoma tenga sus propios objetivos de déficit en función de sus características propias. Los ponentes del documento han sido los economistas Roberto Fernández Llera y Ana Herrero Alcalde, y el coordinador, el hacendista Santiago Lago Peñas.

El informe plantea, en particular, la firma de un nuevo acuerdo entre la Administración central y las comunidades autónomas sobre los objetivos de déficit y deuda en el que se tengan en cuenta “las características de los presupuestos autonómicos, en particular la dificultad de rebaja a corto plazo del gasto social”. Ello implicaría, según los autores del estudio, modificar el “pragmático —y poco realista— supuesto de identidad del ciclo económico entre el Estado y las CCAA, y entre cada una de ellas”.

En este sentido, se propone que el reparto horizontal de los objetivos de déficit y deuda —entre regiones— sea fijado de acuerdo con “criterios transparentes”, tomando en cuenta variables de necesidad fiscal (en esencia, la población) y de capacidad fiscal (de manera singular, la renta per cápita). Es decir, una especie de déficit a la carta con objetivos individuales —como ya se hizo en algún año en el pasado— para tener en cuenta las circunstancias específicas de cada región.

Para los autores del estudio, la fijación de objetivos de déficit idénticos ofrece una “falsa imagen de trato equitativo a todos los territorios”, y esconde situaciones de partida muy diferentes, al tiempo que ampara una cierta aleatoriedad y opacidad. En suma, se asegura, “se debilita la propia disciplina presupuestaria y financiera”.