El 21-D prolongará las incertidumbres, pero frenará la sangría de empresas

La convocatoria de elecciones autonómicas y la destitución del Govern frenará la fuga de empresas desde Cataluña hacia otros puntos del país, pero prolongará las actuales incertidumbres económicas en el tramo final del año. Así lo interpretan hoy algunos analistas, que estiman que, despejada la incógnita de la independencia, las tensiones continuarán al menos hasta el próximo 21 de diciembre, el día de las elecciones, y dependiendo del resultado podrían alargarse hasta bien entrado 2018.

Aunque todavía no hay datos muy relevantes sobre cómo ha funcionado la economía de Cataluña —y la del resto de España— en el mes de octubre, existe la impresión de que lo que más se resentirá en los próximos meses es la inversión extranjera directa, que es la más relevante debido a que no tiene carácter meramente especulativo. Y hay que tener en cuenta que Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más dinero recibe (tras Madrid), lo que da idea de su importancia.

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En concreto, recibió 1.572 millones entre enero y junio de este año, un 20% más que en el mismo periodo de 2016, pero obviamente esa cifra no contabiliza el aumento de la tensión generada desde el mes de septiembre, y que ha tenido su momento culminante durante el mes de octubre. En palabras de un miembro del Gobierno, “nadie está invirtiendo en Cataluña”.

Las desinversiones, por el contrario, alcanzaron en ese periodo los 947 millones de euros, lo que supone un incremento del 109% respecto del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, y pese a lo significativa que pueda parecer esa tasa de variación, hay que tener cuenta que en Madrid el retroceso ha sido del 450% (las desinversiones han alcanzado los 4.372 millones de euros), lo que quiere decir que se trata de un proceso general que no puede achacarse a causas estrictamente regionales. Al menos, por el momento.

La inversión exterior, en todo caso, juega un papel limitado en la actividad económica

Según el departamento de Comercio, durante el primer semestre de 2017 las desinversiones en el conjunto del país cayeron un 137% respecto del primer semestre de 2016, hasta los 6.430 millones. Este aumento, asegura Comercio, proviene principalmente de la desinversión en sociedades no cotizadas, mientras que la desinversión en sociedades cotizadas apenas alcanza 10 millones de euros.

La inversión exterior, en todo caso, juega un papel limitado en la actividad económica, y lo que preocupa hoy es cómo pueden afectar las tensiones políticas y las incertidumbres que generarán unas elecciones que podrían volver a ganar los partidos independentistas, a quienes además les favorece claramente la ley electoral catalana.

Turismo y actividad industrial

En el caso del turismo, con importante peso en la economía de Cataluña, los operadores ya han avanzado un importante retroceso en octubre (caída de reservas), pero la economía catalana depende todavía más de la actividad industrial. Y en particular, de las exportaciones, lo que de alguna manera puede suavizar la desaceleración del PIB que —con toda seguridad— se producirá en el cuarto trimestre de este año. Por lo que respecta al empleo, hay que tener en cuenta que se trata de un indicador retrasado, lo que significa que primero se ralentizará la actividad y posteriormente el ritmo de creación de puestos de trabajo.

A favor del empleo, por el contrario, juega el hecho de que al adelantarse las elecciones el 21 diciembre —inicialmente se barajó una intervención de la Generalitat por un mínimo de seis meses—, las incertidumbres durarán menos, y eso es lo que explica que el ritmo de fuga de empresas tenderá a ser menor, al menos a corto plazo.

Hasta el momento, han salido de Cataluña cambiando su domicilio social (o fiscal en algunos casos) algo más de 1.700 empresas, pero ahora se interpretaría como una desconfianza en la actuación del Gobierno y en la aplicación del artículo 155 de la Constitución si se acelerara ese proceso de fuga de empresas.

Ese es el argumento que se da desde diversas fuentes para confiar en que la salida será menos agresiva. Entre otras cosas, porque ahora el Ejecutivo, que controla directamente la Generalitat, tendrá menos razones para alertar de los riesgos de invertir en Cataluña, como lo ha estado haciendo mientras los independentistas estaban al frente del Govern.

En los mercados financieros no cabe prever un agravamiento de la crisis provocada por el 'procés'

Ayer mismo, tanto la patronal bancaria como la CECA dieron su respaldo implícito —sin mencionarlo expresamente— a la aplicación del artículo 155. En concreto, ambas patronales mostraron su “plena confianza en la capacidad de dicho marco jurídico para resolver la situación provocada por la declaración aprobada el pasado viernes 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña”. Es decir, que existe un compromiso con la estrategia del Gobierno, que se vería cuestionada si continúa la fuga masiva de empresas.

Tampoco desde el lado de los mercados financieros cabe prever un agravamiento de la crisis provocada por el ‘procés’. Entre otras cosas, porque mientras el BCE continúe comprando deuda —lo seguirá haciendo en 2018, aunque a menor ritmo—, la liquidez a tipo cero está garantizada.

El propio Mario Draghi avanzó el jueves que el Consejo de Gobierno “está listo para aumentar el programa de compras de activos en lo que respecta al volumen y a la duración”. Algo que explica que tanto el Eurostoxx 50 como el Ibex 35 crezcan alrededor de un 10% desde que comenzó el año pese a la tensión política en Cataluña, que podría afectar a la estabilidad de algunos territorios en la Unión Europea (UE).

Pimco, la mayor gestora de deuda pública del mundo, ha llegado a decir que tras el desplome de los bonos de la Generalitat, su precio de ahora es muy atractivo. Su recomendación se basa en que los títulos catalanes van a seguir teniendo la garantía del Estado español.