El Govern anuncia que ya ha pagado las nóminas de este mes a los funcionarios

El Govern ha anunciado que este jueves ha pagado las nóminas de este mes de "todos los funcionarios" de la Generalitat. El anuncio llega solo horas después de que la Generalitat de Cataluña enviase a Hacienda los certificados del gasto pendiente de realizar y las transferencias bancarias ordenadas. Una información que contiene los datos más preciados para el ministro Cristóbal Montoro: la lista de las nóminas de los trabajadores públicos. Fuentes del Ministerio confirman que la Intervención General de la Generalitat ha enviado todos los datos esta tarde, demostrando una colaboración que lleva repitiendo toda la semana.

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El lunes ya mandó el certificado de los gastos realizados y que se negó a trasladar la semana pasada y el miércoles envió, en tiempo, el certificado de la última semana. De esta forma, la interventora general vuelve a cumplir con sus funciones, después de que el Ministerio de Hacienda trasladara su caso a la Fiscalía por incumplir las obligaciones de los trabajadores públicos. Esto significa que el Gobierno podrá pagar las nóminas de todos los trabajadores de la Generalitat a tiempo, tal y como aseguró ayer Montoro.

La batalla legal

Un proverbio mesopotámico dice que “quien pone nombre a las cosas, comienza a adueñarse de ellas". Y es probable que así sea. Desde luego, es el caso de la cuestión catalana, donde la semántica juega un papel fundamental.

Así, por ejemplo, el ministro Montoro sostiene que intervenir el presupuesto de la Generalitat —acuerdo de no disponibilidad de 1.460 millones de euros al mes— no es incompatible con que el Govern Puigdemont mantenga sus competencias autonómicas. Pero para los indepedentistas, en palabras de los diputados de PDeCAT Ferran Bel y ERC Ester Capella, en la comisión de Hacienda del Congreso, estamos ante un “golpe de Estado”, y, por lo tanto, la autonomía de la Generalitat ha sido liquidada por la puerta de atrás. Sin aplicar la vía constitucional.

Hay una cosa cierta: la suspensión de la autonomía financiera de la Generalitat (solo puede operar mediante certificados autorizados por Hacienda) se ha hecho con una norma de rango menor, una orden ministerial. Según el ministro Montoro, esto es así porque no se tocan las competencias de la Generalitat y, por lo tanto, no cabe acudir al artículo 26.1, que deja bien claro que en caso de no atenderse el requerimiento (el que hizo Hacienda reclamando estadillos semanales de gasto), el Gobierno, “con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa”.

Es decir, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria marca un itinerario legal —la participación del Senado— que no se ha cumplido. Ese mismo artículo establece, igualmente, que en el caso de que la comunidad autónoma que tenga atribuida la tutela financiera (Cataluña) “no adoptase las medidas contempladas en este apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento contemplado en el apartado 1”.

¿Y qué dice ese apartado? Pues ni más ni menos que en el supuesto de que una comunidad autónoma “no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos (…) el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución española, requerirá al presidente de la comunidad autónoma para que lleve a cabo, en el plazo que se indique al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución de un depósito obligatorio o la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos”. Ninguno de esos presupuestos legales se ha cumplido, de ahí que el Gobierno de la Generalitat califique de ilegal la intervención de las cuentas públicas catalanas de forma “indefinida”, como ayer recordó Montoro en el Congreso.

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Ahora bien, la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria (aprobada en su día, paradójicamente, con los votos a favor de la antigua CiU) establece en su disposición adicional primera que la falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste por parte de una comunidad autónoma “dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 previstas para el incumplimiento del Plan Económico Financiero”.

Información semanal

¿Ha sucedido eso? Solo en parte. Es verdad que Cataluña se negó —ahora ha rectificado— a remitir la información semanal requerida por la comisión delegada para Asuntos Económicos, pero, por el contrario, la Generalitat no solo está cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (el déficit), sino que muy recientemente Hacienda ha dado luz verde a su Plan de Ajuste, lo que significa que no cabe medida coercitiva alguna. De hecho, y a junio de 2017, Hacienda ha reconocido que Cataluña cumple la llamada “condicionalidad reforzada para garantizar la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general”. Y Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) ha estimado que cumplirá este año el objetivo de déficit.

Opinión

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Pese a ello, el Gobierno, a través de la comisión delegada, ha dejado por escrito que “los citados incumplimientos” suponen un “ataque frontal al ordenamiento jurídico vigente”. Es más, “rompen la necesaria coordinación entre las comunidades autónomas y la Hacienda del Estado, y amenazan la sostenibilidad financiera, al generar dudas sobre la voluntad del Gobierno de la comunidad de atender los pagos de la deuda pública, siendo la Hacienda del Estado el principal acreedor, con diferencia, de la comunidad autónoma de Cataluña”.

Es decir, el Gobierno se aferra a la idea de que Cataluña amenaza la estabilidad presupuestaria —que es el fundamento de la ley sancionadora—, pero Hacienda, hoy por hoy, no tiene abierto ningún expediente por incumplimiento de ese objetivo. No es de extrañar teniendo que en cuenta que el dinero destinado hasta ahora a financiar el referéndum -el detectado por Hacienda- asciende a 44.890 euros, según admitió el Gobierno central en la Orden del 22 de julio firmada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. No parece mucho teniendo en cuenta que el presupuesto de la Generalitat ronda los 24.000 millones de euros.

Ello es más significativo si se tiene en cuenta que la principal normativa que regula las condiciones de financiación de las comunidades autónomas —la Lofca— tiene el rango de ley orgánica, precisamente, porque se trata de una cuestión que forma parte del núcleo constitucional al tratarse de la organización territorial del Estado. Y de hecho, la reforma del artículo 135 de la Constitución (año 2011) establece que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Y Cataluña, hoy por hoy, se está ajustando a esa senda. Otra cosa es que quiera salirse del carril...