Empleo crea un cisma con la CEOE al quitar el incentivo a las agencias de colocación

La decisión de la Conferencia Sectorial de eliminar el incentivo a las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores para el reparto de los fondos destinados a las políticas activas de empleo ha generado un cisma entre el Ministerio de Empleo y las empresas. Empleo aceptó el lunes esta exigencia de algunas comunidades (Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia y Andalucía) para conseguir a cambio la aprobación del Programa Prepara (la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración). Una decisión que no ha sentado nada bien en CEOE y Asempleo, quienes lamentan que esta decisión es una “mala noticia para los desempleados”.

El fin de este incentivo no significa que Empleo haya eliminado la colaboración público-privada, ya que el acuerdo marco y el resto de la normativa siguen vigentes. Esto significa que tanto el Estado como las autonomías podrán seguir contando con sus servicios para estimular el empleo. El cambio es que se dejará de utilizar el gasto en agencias privadas como uno de los indicadores utilizados para calcular cómo reparte el ministerio entre las comunidades autónomas los fondos destinados a políticas activas. El Gobierno no establecía ninguna condicionalidad al gasto: esto es, las autonomías podían emplear los fondos de las políticas activas como mejor considerasen.

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En concreto, el indicador de las agencias de colocación suponía en torno a un 10% del reparto de estos fondos. Esto no significa que Empleo vaya a recortar este 10% del gasto, sino que la distribución se hará en función del resto de indicadores que sí siguen operando. Pero las comunidades podrán seguir recurriendo a las empresas privadas si consideran que son útiles para conseguir colocar a los parados, en especial a los desempleados de larga duración, que son más difíciles de introducir en el mercado laboral. El resto de indicadores pondera la colocación de parados jóvenes y de larga duración como indicadores importantes para el reparto de fondos, por lo que si estas agencias demuestran ser eficientes, seguirán siendo útiles para conseguir una parte grande del 'pastel' de las políticas activas.

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Además, Empleo mantendrá la partida presupuestaria actual, de 82 millones de euros, con la que contrata los servicios de agencias privadas de colocación para las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El ministerio considera que el cambio normativo no acarrea, por sí mismo, ningún cambio en la relación entre las comunidades autónomas y las agencias. Lo que parece evidente es que sin este incentivo, las comunidades que han presionado para que se eliminara dejarán de utilizar estas empresas.

Se perderá su “alto valor y experiencia”

Tanto CEOE como Asempleo han criticado con dureza esta decisión del Ministerio de Empleo, ya que temen que el nivel de colaboración público-privada vaya a reducirse durante los próximos años. Se trata de una “mala noticia” para los desempleados y la pérdida de un servicio público de “alto valor y experiencia”, lamenta CEOE.

Para la patronal, “prescindir de las agencias de empleo, presentes en todos los países de la Unión Europea, es una decisión que no corresponde a las necesidades reales actuales”. Por su parte, la patronal de empresas de trabajo temporal, Asempleo, lamenta que se vaya a perder un actor fundamental en la colocación de parados de larga duración y jóvenes, que es "mucho más eficaz y eficiente que la intermediación realizada exclusivamente por la Administración pública".

Prescindir de las agencias de empleo, presentes en los países de la UE, es una decisión que no corresponde a las necesidades actuales

No opina igual Comisiones Obreras, que ha aplaudido la medida de separar los servicios públicos de la actividad privada: “Utilizar la colaboración con agencias de colocación como criterio para la distribución de los fondos públicos podría derivar en un auténtico negocio para algunos, práctica que va en contra de lo público”. Para el sindicato, esta decisión tendría que venir acompañada de un impulso a los fondos destinados a las políticas de colocación a través de las oficinas de empleo públicas.

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Sin este incentivo, ahora las agencias de empleo tendrán que demostrar su utilidad para colocar a los parados en el mercado laboral. A partir de este momento, su supervivencia dependerá solo de su servicio y no de una decisión gubernamental. Solo el tiempo dirá si las comunidades siguen contando con estas empresas o si empiezan a desaparecer los acuerdos de colaboración público-privada a partir de los Presupuestos para 2018.