Una Cataluña 'independiente' nacería con una deuda de 254.539 millones

La factura que pagará el Reino Unido a la UE por el Brexit —un informe de la Comisión Europea citado por 'Financial Times' habla de 86.400 millones en concepto de compromisos financieros contraídos por los británicos— será un juego de niños con lo que tendría que pagar Cataluña en caso de una hipotética independencia. Como en el caso británico, las cifras son aproximadas, pero hay compromisos ciertos cuya cuantía no deja lugar a dudas.

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En primer lugar, el porcentaje que le correspondería asumir al nuevo Estado por la deuda pública contraída por la Administración central española, y que asciende a 814.386 millones en términos netos (descontados los mecanismos de liquidez a otras administraciones). Pues bien, dado que Cataluña representa el 19% del PIB de España (año 2016), eso significa que la cuota a pagar que le correspondería son 154.733 millones de euros. No es una cantidad pequeña aunque se trate de la comunidad autónoma con más peso económico del Estado. Entre otras cosas, porque el endeudamiento representa el 73% de su PIB (211.915 millones de euros).

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Cataluña, como es lógico, también tiene sus propias deudas contraídas a lo largo de los años por la existencia de déficits fiscales que ha tenido que financiar en los mercados. Y en concreto, la deuda pública asumida por sus habitantes (7,41 millones) ascenderá a 31 de diciembre de 2017 (según lo previsto por la Generalitat) a 77.222 millones de euros a la luz del Protocolo de Déficit Excesivo, lo que representa el 36,4% de su PIB. De esa cantidad, 69.855 millones corresponden a deuda emitida por el Gobierno catalán y los 7.367 restantes, a deudas contraídas con el resto del sector público de acuerdo con la metodología de Eurostat (SEC 2010).

El Fondo de Financiación a CCAA han distribuido por estas vías 83.898 millones de euros, de los que 22.584 millones han ido a parar a Cataluña

Es decir, el nuevo Estado nacería con mucho plomo en las alas. Solo por estas dos partidas, la nueva Cataluña vendría al mundo con una deuda de 231.955 millones de euros, lo que representa el 109,4% de su PIB (superior en nueve puntos al del resto del Estado, incluyendo todas las administraciones).

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No acaban aquí, sin embargo, los compromisos de pago de Cataluña. La crisis, como sabe, castigó especialmente a las comunidades autónomas debido a que buena parte de sus ingresos estaban vinculados a la construcción y el sector inmobiliario, y de ahí que en 2012 el primer Gobierno Rajoy pusiera en marcha una serie de mecanismos de liquidez, fundamentalmente destinados al pago de proveedores. Esa liquidez se garantiza a través del llamado Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que agrupa a instrumentos como la Facilidad Financiera, el Fondo de Liquidez Autonómico, el Fondo Social o el Fondo de Pago a Proveedores.

Mecanismos de liquidez

En total, y desde 2012, se han distribuido por estas vías 83.898 millones de euros, y de esta cantidad 22.584 millones, según el último informe de Hacienda, han ido a parar a Cataluña, que no puede emitir en los mercados debido a su baja calificación crediticia, por lo que es el Tesoro Público quien hace las emisiones (a coste más barato) y posteriormente lo distribuye entre las comunidades adheridas a los mecanismos de liquidez.

Eso quiere decir que la factura con España —y con los inversores que han comprado deuda catalana en euros— ya asciende a 254.539 millones de euros, por lo tanto, el 120% del PIB. Para poner en perspectiva esta cifra, hay que tener en cuenta que, según el plan de ajuste enviado por el 'conseller' Junqueras a Hacienda, los ingresos previstos por la Generalitat para 2017 (financieros y no financieros) ascienden a 30.620 millones de euros.

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Es decir, la deuda representa, aproximadamente, ocho veces los ingresos en un año de la Generalitat por todos los conceptos. Y eso sin contar los 4.190 millones que corresponden a deuda no financiera contraída con proveedores y con los bancos. O los 3.069 millones instrumentados a través de productos derivados ('swaps' en euros).

Más complejo es evaluar los compromisos de pago que asumiría el nuevo Gobierno catalán con sus ciudadanos, y que ahora asume el Estado. En particular, el pago de pensiones, toda vez que la Seguridad Social funciona con el criterio de caja única y, por lo tanto, está obligada a cubrir los desfases entre ingresos y gastos que pueden existir en algunas comunidades autónomas.

En el caso de Cataluña, lo cierto es que el sistema genera déficit. O lo que es lo mismo, las cotizaciones de los trabajadores de Cataluña no cubren en su totalidad las pensiones que cobran los 1,7 millones de pensionistas que existían el pasado 1 de agosto, según datos de la Seguridad Social. En concreto, el desfase entre ingresos y gastos se sitúa en torno a 3.100 millones de euros al año. Y ello sin contar que Cataluña, como han adelantado fuentes oficiales de la UE, no podría permanecer en el euro, por lo que la nueva divisa sufriría una considerable caída respecto del tipo de cambio actual de la moneda única, lo que encarecería las deudas de forma intensa.