En la fase de ruptura con España vencerán 9.500 millones de deuda de la Generalitat

La Generalitat afronta su teórica fase de ruptura con el resto de España con un incómodo calendario de vencimiento de deuda: un total de 9.500 millones de emisiones de la Generalitat vence entre el 1 de octubre de este año, fecha en la que se ha anunciado el teórico referéndum, y el 31 de diciembre de 2018, apostando por que el periodo de tiempo en el que estaría vigente la Ley de Transitoriedad presentada esta semana fuese de extrema brevedad. De estos fondos, casi 3.000 millones corresponden a bonos y deuda de la Generalitat que todavía no está integrada en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero cuya vida termina durante ese periodo.

El principal vencimiento son 1.500 millones de bonos, previsto para junio del año que viene y que ahora están cotizando en el mercado secundario. Estos datos se encuentran en el documento para los inversores que publica la Generalitat y que actualizó el pasado mes de mayo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que no hay ningún tipo de problema, que Cataluña ha cumplido de forma escrupulosa y que no está previsto ningún tipo de endurecimiento de las condiciones del FLA, en línea con lo que apuntó el ministro Cristóbal Montoro en su intervención esta semana en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, fuentes próximas a la Generalitat sí que prevén que desde Madrid se de una vuelta de tuerca al FLA para Cataluña, como consecuencia de la tensión política que comenzará esta semana, con la aprobación de la ley del referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica. Esto implicaría nuevos requerimientos y condicionalidades para la Generalitat, lo que provocaría nuevas tensiones entre ambas administraciones. Portavoces de la Conselleria de Economía han declinado hacer declaraciones.

En junio de 2018 vencen otros 1.500 millones de euros en bonos que, al ser a largo plazo, en principio deberían ser asumidos por el FLA

El calendario previsto no ayuda. El próximo 29 de septiembre, Standard & Poor's (S&P) emitirá un nuevo 'rating' para el Reino de España. Se prevé una mejora de la calificación. Y el 17 de octubre, tres semanas después del referéndum previsto, vencen 140 millones en bonos de la Generalitat. Este vencimiento no es problemático porque la Administración catalana cuenta con un plan de contingencia para afrontar el grueso de los vencimientos hasta final de año. En 2017 queda un trimestre de préstamos del FLA, pero la Generalitat tendría caja suficiente para afrontar los pagos. El problema teórico empezaría a partir de 2018. En junio de ese año vencen otros 1.500 millones de euros en bonos que, al ser a largo plazo, en principio deberían ser asumidos por el FLA.

Pendiente de negociación

La cuestión de la deuda está pendiente de negociación. Mientras tanto, el acuerdo tácito del Tesoro de España, el Ministerio de Hacienda, como administrador del FLA, y la propia Generalitat es de mantener el actual equilibrio. Pero no ha habido reuniones ni compromisos al respecto. Si la actual voluntad tácita se prolonga, implica que el FLA se mantendría para los proveedores y que también se refinanciaría el grueso de los vencimientos de deuda catalana, cuyo valor está cayendo en picado en los mercados de deuda a medida que se aproxima la fecha del referéndum.

En realidad, el grueso de los vencimientos durante los próximos meses de 2017 y todo 2018 corresponde a préstamos y deuda que ya ha cubierto el FLAo diversos mecanismos de liquidez, y que en total sumarían 6.500 millones.

Mal momento

La coincidencia del momento escogido para intentar la secesión no es cómodo desde el punto de vista financiero. Incluso advertía de esto el 'lobby' independentista Centre Català de Negocis, que apuntaba que “los próximos años (2017-2023) serán especialmente duros para la tesorería de la Generalitat de Cataluña, ya que la deuda generada entre 2008 y 2016 doblará los vencimientos de deuda a los que la Generalitat tendrá que hacer frente”.

En el mismo sentido, este estudio señala que “entre 2017 y 2023 el vencimiento de la deuda de la Generalitat se incrementará, dejando la viabilidad y el autogobierno de Cataluña en manos de la discrecionalidad política del Gobierno español”.