El Gobierno pone en marcha el arbitraje para acabar con la huelga en El Prat

Cuenta atrás para poner fin al conflicto de El Prat. El Ejecutivo acaba de dar luz verde al mecanismo de arbitraje que servirá para poner fin a los paros en el aeropuerto de Barcelona. "El Consejo de Ministros ha acordado establecer un arbitraje obligatorio como medio para solucionar la huelga. El Gobierno entra una vez que ha fracasado el proceso de mediación de la Generalitat, cuando ya no cabe ningún otro recurso legal para poder hacer frente a la situación", ha aclarado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al término de la reunión extraordinaria que ha convocado para tratar este tema específico.

Este encuentro ha servido para poner en marcha el proceso de arbitraje, pero aún quedan unas cuantas fases pendientes antes de alcanzar una solución definitiva. En paralelo al avance de los informes técnicos y jurídicos de la Abogacía del Estado, Eulen y la plantilla tendrán 24 horas para ponerse de acuerdo y designar un mediador independiente. Si no lo hacen, será el Gobierno el encargado de nombrarlo a propuesta del Ministerio de Fomento en las 24 horas siguientes.

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A partir de ese momento, el árbitro tendrá 10 días para formular un laudo de obligado cumplimiento contra el que no será legal hacer huelga, aunque las partes no queden del todo satisfechas. Y es que el veredicto final puede empeorar las condiciones que la Generalitat puso encima de la mesa en su papel de mediadora: 200 euros más al mes en 12 pagas, propuesta rechazada por los trabajadores en huelga en su momento. No obstante, sí cabe recurso.

"Estamos ante un acuerdo de carácter singular, en unas circunstancias muy especiales como son las de El Prat. No estamos hablando de un aeropuerto cualquiera", ha precisado el ministro tras dejar caer que "este conflicto está generando un problema importante para la economía, los españoles y la imagen del país".

El Gobierno tiene potestad para recurrir a este mecanismo siempre que una huelga cause un "perjuicio grave" a la economía nacional. No obstante, los sindicatos han condenado enérgicamente esta estrategia —al calificarla como propia de "regímenes autoritarios"—. También han cargado contra la decisión de Fomento de intensificar la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat para reducir unas colas que superaban la hora de espera. De hecho, amenazan con llevar ambas cuestiones a los tribunales por "vulnerar" el derecho de huelga recogido en la Constitución española.

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El conflicto laboral nació en El Prat y en un principio afectaba a Eulen, empresa de seguridad subcontratada por Aena en Barcelona, pero amenaza con extenderse a otros aeropuertos como el de A Coruña y Santiago de Compostela (donde ya hay paros convocados a partir del 20 de agosto) o Tenerife Sur, Madrid-Barajas, Alicante o Manises, donde los trabajadores están barajando la posibilidad de sumarse a la huelga.

En este sentido, De la Serna ha prometido que recogerá el guante de los sindicatos después de que estos le hayan propuesto crear un grupo de trabajo para abordar las condiciones de los trabajadores de la seguridad privada (no solo ceñida al ámbito de los aeropuertos) en un marco global. El objetivo es "evitar que se produzcan hechos diferenciados", pero siempre "atendiendo a la singularidad de cada aeropuerto", matiza.