Esperar y ver: el Gobierno congela las leyes importantes hasta negociarlas con el PSOE
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Esperar y ver: el Gobierno congela las leyes importantes hasta negociarlas con el PSOE

La minoría parlamentaria del Gobierno ha puesto al ralentí la presentación de nuevas leyes. En particular, las más relevantes: pensiones o financiación autonómica

placeholder Foto: El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy (d), y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (i). (EFE)
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy (d), y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (i). (EFE)

La hoja de ruta del Gobierno para lo que queda de legislatura está perfectamente definida: esperar y ver. O lo que es lo mismo, el Ejecutivo, según fuentes de toda solvencia, está decidido a congelar cualquier reforma relevante a la espera de conocer la estrategia del Partido Socialista. Eso quiere decir, ni más ni menos, que reformas como la actualización del modelo de financiación autonómica o la de pensiones seguirán en el cajón a la espera de mejores tiempos para la negociación.

Incluso la trasposición de la directiva hipotecaria —que ha creado gran preocupación en la banca porque endurece la ejecución de hipotecas por impagos— caminará por vía lenta. Aunque el anteproyecto de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario se presentará en los próximos días, su aprobación no está asegurada, ya que el PP y C’s no cuentan con mayoría suficiente.

De hecho, según esas mismas fuentes, el Gobierno se conforma para lo que queda de legislatura con evitar —junto a Ciudadanos— que la oposición sume los votos necesarios para revertir algunas de las reformas esenciales aprobadas entre 2012 y 2015. En particular, la reforma laboral.

placeholder El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. (EFE)
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. (EFE)

Esta estrategia de ‘esperar y ver’ es lo que explica que al Gobierno solo le preocupe sacar adelante, casi a cualquier precio, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Entre otras cosas, como sostiene un miembro del Ejecutivo, porque la aprobación de esa norma simboliza la estabilidad parlamentaria, aunque no salgan adelante leyes que se consideran fundamentales.

En el caso del nuevo sistema de financiación autonómica, se da el añadido de que la cuestión catalana no invita, precisamente, a abrir el melón de las cuentas regionales. Máxime cuando Cataluña representa casi el 20% de España, por lo que el resultado de lo que pase tras el 1-O influye de forma determinante sobre el resto del país. Aunque tampoco hay que olvidar el hecho de que sobre la mesa está la condonación de parte de la deuda de las CCAA, un asunto que envenena la vida interna del PSOE.

Algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como Valencia, lo reclaman, pero otras, como Andalucía, lo rechazan. Y algo parecido sucede en el PP, aunque con menor intensidad, lo que significa que cuando el próximo miércoles el ministro Montoro tenga sobre la mesa el informe de los expertos, será una auténtica 'patata caliente' difícil de gestionar en tiempos de minoría parlamentaria.

En el caso de las pensiones, otra de las reformas nucleares de la legislatura, hay un punto prácticamente insalvable para renovar el Pacto de Toledo. La izquierda parlamentaria, junto a los sindicatos, se ha conjurado para que el IPC vuelva a ser el referente para actualizar las nóminas, lo que supone una auténtica línea roja para el Gobierno. Entre otras cosas, porque Bruselas, que siempre ha presionado para evitar la indexación de la economía, lo vería con muy malos ojos, lo cual es relevante teniendo en cuenta que España es ya el único país de la UE que está incurso en el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).

La estrategia del Gobierno es salvar como sea lo que queda de legislatura con leyes ‘amables’ que puedan ser respaldadas por la mayoría de grupos

Así las cosas, las negociaciones dependerán de la estrategia del PSOE, que ya ha anunciado que dispondrá de su propia agenda parlamentaria pactada con Podemos, lo que complica más las cosas. Solo hay contacto fluido con algunos ministerios, como el de Empleo, donde existen buenas relaciones entre la ministra Báñez y el nuevo secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer (exdirigente de UGT), pero eso no significa que se vayan a cerrar pactos. El más urgente tiene que ver con los planes del Gobierno de incentivar el empleo y la formación juvenil. El PSOE considera que lo ejecutado hasta ahora es muy insuficiente y no está dispuesto a firmar a cualquier precio.

La estrategia del Gobierno, por eso, es salvar como sea lo que queda de legislatura con leyes ‘amables’ que puedan ser respaldadas por la mayoría de grupos parlamentarios, como ha sucedido recientemente con la ley de autónomos, un granero electoral de tres millones de votos que todos los partidos quieren explotar.

Hasta ahora, en lo que va de legislatura, se han aprobado apenas cuatro leyes, tres de las cuales tienen escaso peso político, solo la de Presupuestos para 2017 es verdaderamente relevante. De la misma manera, se han aprobado una docena de reales decretos que amplían derechos (cláusulas suelo o mayor protección de los deudores), lo que ha permitido el concurso de la oposición. Pero poco más.

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